No caben más denuncias ni presos por malos tratos: Hay que cambiar la ley, dice el TSJC
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Sociedad 11/05/2007
Víctor Ruiz
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que la solución para descongestionar los juzgados es recurrir a la conciliación.
La mediación como solución a los conflictos de pareja, una medida que podría evitar separaciones e incluso reducir el número de feminicidios en España, una opción ignorada por la Ley de Violencia de Género de Zapatero, es requerida ahora por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para descongestionar los juzgados.
(Nota: habiendo tantas mujeres sensatas, preparadas y con capacidad demostrada, ¿Por qué tenemos que sufrir a las actuales ministras?).
María Eugenia Alegret abogó este miércoles, 9 de mayo, por cambiar una ley que no ha conseguido frenar las muertes por violencia doméstica, más bien al contrario.
Hay que recordar que en lo que llevamos de 2007 han muerto ya 27 mujeres a manos de su pareja, o sea que cada 5 días se produce un nuevo feminicidio.
Desde que se puso en marcha la ley, en diciembre de 2004, son ya 157 las mujeres asesinadas por esta causa.
Para la presidenta del TSJC, los resultados de la aplicación de la ley de los socialistas “son relativos” de momento, porque “se incrementa la violencia y las muertes no disminuyen”.
Recuperar la conciliación.
La experta rechazó “la incidencia rígida del tipo penal” en los conflictos asociados a crisis familiares que “se podrían resolver a través de la mediación”.
“Se ha de estudiar si la prohibición de mediación que prevé la ley se tendría que revisar”, añadió.
Sería “muy conveniente” que la ley diferenciara en el tratamiento legal de la conciliación “los conflictos o episodios de violencia doméstica que tienen el origen en una situación puntual de crisis familiar de otras situaciones de violencia subyacente y permanente”, reclamó Alegret.
Además, la presidenta del TSJC constató la saturación de los juzgados en Cataluña, ya que reciben un auténtico alud de denuncias que deben seguir su curso hasta el final.
El miedo a no saber discernir lo que son crisis puntuales o incluso falsas denuncias, de lo que es un caso de violencia real, les lleva a acumular expedientes sin tener suficientes medios para resolverlos.
Un detenido cada 12 minutos.
Los juzgados de violencia sobre la mujer de la ciudad de Barcelona recibieron en 2006 un total de 5.683 asuntos, mientras que en el conjunto de Cataluña la cifra llegó hasta los 28.259.
Si hablamos de todo el territorio español, los procesos abiertos en los tribunales por violencia machista el año pasado fueron más de 84.000, según datos del Ministerio del Interior.
Uno de cada diez arrestos se produce por maltrato machista. De hecho, la Policía y la Guardia Civil detuvieron en 2006 en España a 45.296 hombres por esta causa, o sea que cada 12 minutos fue detenido un hombre acusado de maltratar a su pareja.
Muchas de estas personas fueron detenidas sin suficientes pruebas como consecuencia de la aplicación de la Ley de Violencia de Género aprobada por el actual Gobierno. Y es que usar esta ley contra maridos y padres inocentes es demasiado fácil.
“Salían llorando” “Detener ya es bastante castigo para una persona si resulta que no hay razón para ello”, afirmó recientemente otra de las voces críticas con la ley, la de María Sanahuja, decana de los juzgados de Barcelona, quien considera que se ha pasado de un extremo a otro.
“He visto a personas detenidas que han pasado una noche en calabozos horribles y a la mañana siguiente salían llorando. Tampoco es agradable que alguien vaya a detenerte en tu pueblo o tu trabajo si luego resulta que no había pruebas previas para ello”, denunció Sanahuja.
Sanahuja también consideró que la ley es utilizada de forma fraudulenta en demasiadas ocasiones: “El miedo está llevando a un número excesivo de detenciones sin indagaciones previas mínimas.
Y en los juzgados de guardia se ve de todo, desde personas con enfermedades mentales que denuncian a quienes les cuidan en momentos de crisis, hasta los tentados de utilizar esta vía penal para favorecer el proceso civil de un divorcio, por ejemplo”.
¿Malos tratos?
Ya en 2004, la decana de los juzgados de Barcelona lanzó las primeras críticas a la Ley Integral de Violencia de Género, concretamente a la reforma del Código Penal que endureció la respuesta penal a conductas que hasta entonces eran merecedoras de faltas.
La juez decana de Barcelona advirtió del auge de falsas denuncias por malos tratos que ya se estaban produciendo entonces con el objetivo por parte de algunas mujeres de conseguir mayores beneficios en procesos abiertos de divorcio.
También la Junta de Jueces de Barcelona salió entonces en defensa de Sanahuja, apuntando que “es necesario” distinguir los malos tratos, “un fenómeno complejo en el que la Justicia Penal debe estar orientada a la tolerancia cero”, de las “meras rupturas de pareja que, si bien tienen derecho a una respuesta rápida del sistema, no deben confundirse con los auténticos casos de violencia doméstica o por razón de sexo”.
“Algo falla” .
Por otra parte, el responsable penitenciario de Cataluña, el socialista Albert Batlle, admitió en una entrevista publicada el pasado 4 de febrero que “si aumentan las víctimas de malos tratos es que algo falla”.
El secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña reconoció que “si después de las medidas de endurecimiento en tráfico se hubieran disparado los muertos en carretera diríamos que nos hemos equivocado”, en clara alusión al fracaso de la actual ley contra los malos tratos.
Otras voces críticas se han alzado contra la ley anteriormente, como la de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español, que afirmaba a finales de agosto de 2005 lo siguiente: “Creemos que la ley de violencia sexista no es constitucional”. “Como luchamos contra la discriminación de las mujeres, no creemos que haya que discriminar a los hombres, y menos penalmente”, denunciaron.
La Oficina del Defensor del Hombre y sus Hijos también manifestó en esas fechas que “esta ley no era necesaria”, sumándose al rechazo mostrado anteriormente por el Consejo General del Poder Judicial. “Pensamos que hay tantas falsas denuncias para conseguir ventajas después de la separación que las auténticas, las que protegerían a las mujeres, se pierden”, alegaron.
Ambas organizaciones consideraban que la discriminación positiva perjudica a los hombres penalmente, como posteriormente se ha demostrado en numerosas ocasiones.
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