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La Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de tasas judiciales.
La Audiencia Nacional ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías sobre la ley de tasas judiciales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el pago de estas tasas obstaculiza el acceso de los ciudadanos a la justicia ya que "no se ha pensado en la mayoría de la población" y que, por tanto, podría ser inconstitucional.
Los jueces de la Audiencia Nacional llevan las tasas judiciales ante
el Tribunal Constitucional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo
considera que el pago de estas tasas puede estar condicionando el acceso de los ciudadanos a la justicia,
y ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal de
garantías para que decida si estas tasas son compatibles con nuestra
Carta Magna. Los jueces de la Audiencia toman esta decisión a raíz de
una demanda presentada por una mercantil.
"No se ha pensado en la gran mayoría de la población"
La Audiencia Nacional sostiene que exigir una tasa es constitucional, pero dentro de unos límites. Los jueces creen que, en este caso, podríamos estar ante una norma desproporcionada en la que "no se ha pensado en la mayor parte de la población".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo opina que "el condicionamiento del acceso a la justicia es una consecuencia inevitable si no se pagan las tasas".
Indican que el fin perseguido por el Gobierno, el pago de la Administración de Justicia, es lícito, pero igualmente señala que "las consecuencias del incumplimiento de este pago de tasas" es obstaculizar el acceso a la justicia, un "impedimento innecesario y no justificado".
El Ministerio Fiscal entiende que las tasas judiciales son constitucionales, y ha interesado la inadmisión a trámite de la demanda que ha desembocado en esta cuestión de inconstitucionalidad. En ese mismo sentido se ha pronunciado el Abogado del Estado.
"No se ha pensado en la gran mayoría de la población"
La Audiencia Nacional sostiene que exigir una tasa es constitucional, pero dentro de unos límites. Los jueces creen que, en este caso, podríamos estar ante una norma desproporcionada en la que "no se ha pensado en la mayor parte de la población".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo opina que "el condicionamiento del acceso a la justicia es una consecuencia inevitable si no se pagan las tasas".
Indican que el fin perseguido por el Gobierno, el pago de la Administración de Justicia, es lícito, pero igualmente señala que "las consecuencias del incumplimiento de este pago de tasas" es obstaculizar el acceso a la justicia, un "impedimento innecesario y no justificado".
El Ministerio Fiscal entiende que las tasas judiciales son constitucionales, y ha interesado la inadmisión a trámite de la demanda que ha desembocado en esta cuestión de inconstitucionalidad. En ese mismo sentido se ha pronunciado el Abogado del Estado.
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