La Unión Europea ha aprobado este martes la nueva normativa que permitirá resolver más rápido los casos de sustracción de menores y agilizará la aplicación transfronteriza de resoluciones sobre divorcio, separación legal, nulidad matrimonial y responsabilidad parental.EUROPA PRESS,BRUSELAS, 26/06/2019
Las nuevas normas, que ya fueron respaldadas por la Eurocámara en marzo y han recibido este martes el visto bueno de los gobiernos europeos, buscan mejorar la protección de los menores en litigios transfronterizos sobre respon-sabilidad parental en relación a la custodia, los derechos de visita y la sustracción de menores dentro de la UE y preservar el interés superior del menor en todos los casos.
La reforma del reglamento de 'Bruselas II bis', hará obligatorio permitir que el menor exprese su opinión e introduce plazos más estrictos para tramitar más rápido los casos de sustracción de menores en la UE.
"Las nuevas normas que hemos acordado hoy garantizarán que la sustracción internacional de menores y otras cuestiones transfronterizas de responsabilidad parental se resuelvan con mayor rapidez y eficiencia; garantizarán también la rápida ejecución de las resoluciones correspondientes", ha resumido la viceprimera ministra y titular de Justicia rumana, Ana Birchall, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE.
La ministra rumana ha recordado que "el interés superior y el bienestar de nuestros menores han de ser la consideración fundamental". "Es fundamental que las vidas de los menores no se vean indebidamente trastocadas por problemas relacionados con la cooperación judicial transfronteriza", ha remachado, insistiendo en que el tiempo es un factor "esencial".
A fin de facilitar el reconocimiento de decisiones entre países, las normas suprimen el exequátur para todas las resoluciones en materia de responsabilidad penal, lo que también permitirá ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos, pero a cambio se introducen una serie de salvaguardias procesales para dar garantías al proceso. El exequátur es el procedimiento jurídico previsto para poder examinar si una sentencia o fallo extranjero es válido y cumple los requisitos para poderla ejecutar en otro país.
También prevén la armonización de los motivos para suspender o denegar la ejecución de una decisión, aunque el procedimiento seguirá rigiéndose por el derecho del Estado miembro de ejecución. Ello persigue aumentar la seguridad jurídica tanto para los menores como los progenitores.
Las normas, que deberán aplicarse en un plazo de 3 años desde su publicación en el Diario Oficial de la UE en todos los países salvo Dinamarca, permitirán asimismo la circulación de los documentos públicos y acuerdos extrajudiciales sobre divorcios o separaciones legales, así como en materia de responsabilidad penal si van acompañados de los certificados pertinentes y obligarán a contar con la autorización previa para acoger a menores en otro Estado miembro, con la excepción de los acogimientos con los progenitores.
Unos 140.000 matrimonios internacionales se divorcian en la UE al año y se producen alrededor de 1.800 casos de sustracción de menores en la UE, según estimaciones de la Comisión Europea. En el conjunto de la UE hay unos 16 millones de matrimonios compuestos por nacionales de diferentes estados miembro.
La Comisión Europea propuso en junio de 2016 limitar a un máximo de 18 semanas el plazo de los procedimientos para restituir a menos sustraídos en la UE: 6 semanas para tramitar la solicitud por la autoridad central, 6 semanas para la tramitación del tribunal de 1ª instancia y 6 semanas para el tribunal de apelación.
Bruselas reclamó que un número limitado de tribunales y jueces con la debida experiencia se encarguen de los casos de sustracción parental y planteó un único recurso posible contra decisiones de restitución.
También planteó la necesidad de que los menores tengan la posibilidad de expresar su opinión, especialmente en los procesos para resolver la custodia, el régimen de visitas y la restitución de menores en casos de sustracción por uno de sus padres.
Bruselas reclamó que un número limitado de tribunales y jueces con la debida experiencia se encarguen de los casos de sustracción parental y planteó un único recurso posible contra decisiones de restitución.
También planteó la necesidad de que los menores tengan la posibilidad de expresar su opinión, especialmente en los procesos para resolver la custodia, el régimen de visitas y la restitución de menores en casos de sustracción por uno de sus padres.
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