MAMEN SALA, 08.12.2024
A partir de ahora en Nueva York las infidelidades matrimoniales podrán ser juzgadas moralmente, pero no legalmente. El estado era uno de los 17 territorios del país que penalizaba el adulterio en base a una ley con más de un siglo de antigüedad, pero la gobernadora Kathy Hochul acaba de poner fin a un «estatuto absurdo y anticuado».
Según el texto, la norma castigaba con hasta 3 meses de cárcel y una multa de 500 dólares a cualquiera que «mantuviera relaciones sexuales con otra persona en un momento en el que él o ella o la otra persona tenía un cónyuge vivo». Durante la firma de la derogación, la gobernadora neoyorquina confesó su sorpresa ante la normativa que estaba a punto de ser eliminada de los libros. «Aunque he tenido la suerte de compartir una vida matrimonial amorosa con mi esposo durante 40 años, resulta algo irónico para mí promulgar una ley que despenalice el adulterio», dijo Hochul, «estos asuntos deberían manejarse de forma personal y no a través de nuestro sistema judicial penal»
Andrew Cuomo, su predecesor en el cargo, no puede decir lo mismo tras un matrimonio de 13 años al que puso fin al enterarse de que su mujer, Kerry Kennedy, le había sido infiel. En ese caso no se aplicó la ley, como en muchas otras situaciones, porque a pesar de que la norma entró en vigor hace 117 años, rara vez se ha utilizado. Se recurrió a ella por 1ª vez en 1907, y acabó con el arresto de Patrick H. Hirsch, un contratista ferroviario millonario y casado que había sido infiel a su esposa con una joven de 25 años que trabajaba de dependienta en una tienda de Chicago. En este caso, la joven también acabó detenida.
Ambos se habían enamorado y cuando la esposa de Hirsch comenzó a sospechar que su marido le era infiel, contrató a un detective que le consiguió todas las pruebas suficientes para demandarlo por irse con otra mujer.
Desde entonces, solo una docena de personas habían sido acusadas por adulterio y pocas veces los infieles han sido condenados. El último caso conocido ocurrió en 2010, cuando la policía local neoyorquina acusó de infidelidad a una mujer de 41 años tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su amante en un parque cerca de la ciudad de Rochester, al norte del estado.
La regla nació con un propósito que se ajustaba a otra época en la que la única forma de conseguir el divorcio era demostrar una infidelidad en el seno del matrimonio. Así se mantuvo hasta 1969, cuando se legaliza por 1ªvez en California el divorcio sin culpa, sin necesidad «de cuernos» de por medio, bajo el mandato del entonces gobernador Ronald Reagan que más tarde se convertiría en el 1º presidente estadounidense divorciado, seguido de Donald Trump, que ocuparía el 2º puesto.
A nivel nacional el divorcio sin culpa no llegaría hasta el 2010. Sin embargo, hay estados que aún tienen poder de decisión en 1ª instancia, y a pesar de que desde el 2015 cinco territorios han borrado esta ley de sus códigos estatales, todavía quedan 16 que continúan penalizando las relaciones extramatrimoniales. El adulterio es aún un delito en Alabama, Luisiana, Nebraska, Texas, Florida o Carolina del Norte y está penado con entre 60 y 90 días de prisión dependiendo del estado. Rara vez se recurre a esta ley, pero en todos los casos, el acusado o acusada sería el infiel, nunca el o la amante.
Muchos expertos apuntan a que la abolición de esta ley descriminalizando las infidelidades es una muestra más del enfoque progresista que está tomando el estado neoyorquino sobre las libertades personales. Fue uno de los motivos que empujó al asambleísta demócrata Charles Lavine a impulsar la derogación de la norma, además de que al ser un delito menor y no haber jurado, está en manos de un juez y su subjetividad determinar la condena y la sentencia.
Desde entonces, solo una docena de personas habían sido acusadas por adulterio y pocas veces los infieles han sido condenados. El último caso conocido ocurrió en 2010, cuando la policía local neoyorquina acusó de infidelidad a una mujer de 41 años tras ser sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su amante en un parque cerca de la ciudad de Rochester, al norte del estado.
La regla nació con un propósito que se ajustaba a otra época en la que la única forma de conseguir el divorcio era demostrar una infidelidad en el seno del matrimonio. Así se mantuvo hasta 1969, cuando se legaliza por 1ªvez en California el divorcio sin culpa, sin necesidad «de cuernos» de por medio, bajo el mandato del entonces gobernador Ronald Reagan que más tarde se convertiría en el 1º presidente estadounidense divorciado, seguido de Donald Trump, que ocuparía el 2º puesto.
A nivel nacional el divorcio sin culpa no llegaría hasta el 2010. Sin embargo, hay estados que aún tienen poder de decisión en 1ª instancia, y a pesar de que desde el 2015 cinco territorios han borrado esta ley de sus códigos estatales, todavía quedan 16 que continúan penalizando las relaciones extramatrimoniales. El adulterio es aún un delito en Alabama, Luisiana, Nebraska, Texas, Florida o Carolina del Norte y está penado con entre 60 y 90 días de prisión dependiendo del estado. Rara vez se recurre a esta ley, pero en todos los casos, el acusado o acusada sería el infiel, nunca el o la amante.
Muchos expertos apuntan a que la abolición de esta ley descriminalizando las infidelidades es una muestra más del enfoque progresista que está tomando el estado neoyorquino sobre las libertades personales. Fue uno de los motivos que empujó al asambleísta demócrata Charles Lavine a impulsar la derogación de la norma, además de que al ser un delito menor y no haber jurado, está en manos de un juez y su subjetividad determinar la condena y la sentencia.
Hay quien ahora teme que la despenalización de los llamados «cuernos» pueda aumentar las ratios de divorcio en el estado, cuya tasa de divorcios es una de las más bajas de EE UU con una cifra mucho menor que el promedio nacional que es aproximadamente de 3,4 divorcios por cada 1.000 personas.
Lavine explicó al medio «Político» que la decisión es «una celebración del concepto que alguien tiene de su propia moralidad», y puntualizó que la norma hasta ahora no había servido «como elemento disuasivo».
Lavine explicó al medio «Político» que la decisión es «una celebración del concepto que alguien tiene de su propia moralidad», y puntualizó que la norma hasta ahora no había servido «como elemento disuasivo».
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