“El derecho a la defensa es la parte más endeble del sistema jurídico

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Entrevista con José María Davó, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)
“El derecho a la defensa es la parte más endeble del sistema jurídico.”

21/01/10 , Redacción Diario Jurídico
A lo largo de este año, José María Davó será la cara visible del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), tras su elección del pasado 28 de noviembre, una entidad que representa a casi 1 millón de abogados integrados en los Consejos de los 27 países de la Union Europea y los 4 del Espacio Económico Europeo, como miembros de pleno derecho.
Más las abogacías de 2 países en vías de negociación para su incorporación a la UE, en concepto de asociados, más las de otros 9 países aledaños, en concepto de asociados.).

Es el premio a una carrera profesional larga y la culminación a una trayectoria en la que en noviembre de 2007 fue elegido Vicepresidente 2º del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), y al año siguiente Vicepresidente 1º.
“Este será un año de muchos retos, para la abogacía española y europea”, comenta.
“La adaptación al sistema de Justicia en línea (e-Justice) que la Presidencia Española del Consejo Europeo quiere potenciar durante su semestre presidencial; también me propongo iniciar conjuntamente con las instituciones comunitarias, y desde la funcionalidad de la Abogacía, el desarrollo del Programa de Estocolmo. Y en el plano organizativo interno de CCBE, elaborar un Reglamento antes de la finalización de mi mandato que permita reorganizar esta institución europea”.

José Maria Davó es Natural de Jaén (1948) si bien ha vivido siempre en Málaga. Casado y con 2 hijos. Se incorporó al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en 1.973 habiendo sido elegido para formar parte de su Junta de Gobierno como Diputado Vº durante el quinquenio 1.983-1988.
Elegido por votación Decano del colegio de Abogados malagueño, desempeñó el cargo desde diciembre de 1998 hasta enero de 2002.
Durante el periodo 2000-2 fue Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Además ha sido secretario fundador de la Revista Jurídica de Andalucía, cargo que dejó para ocupar la Presidencia de su Consejo de Redacción.
Fundó la revista MIRAMAR, órgano de expresión del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Ha sido Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española ostentando la presidencia de la Comisión de Nuevas Tecnologías, iniciando la informatización de toda la Abogacía institucional Española.
Pasó posteriormente a presidir la Comisión de Relaciones Internacionales de dicho Consejo, hasta el año 2002.
En el año 2003 fue elegido Consejero electivo de dicho Consejo por el turno de abogados de reconocido prestigio; cargo que ha desempeñado hasta febrero del año 2009.

También ha sido Jefe de la Delegación que representa a la Abogacía Española ante el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) desde el año 1998 hasta el año 2007.
En Enero de 2005 fue elegido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de CCBE, ostentando el cargo hasta finales del año 2007, creando en su mandato el premio anual de Derechos Humanos para abogados y entidades prestigiadas por su actuación en defensa de los derechos humanos.

Ha ostentado la representación de la Abogacía Española ante la International Bar Association (IBA), la organización más numerosa de la abogacía a nivel mundial en el periodo 2000-2008; siendo actualmente Consejero por la Abogacía Española en el Consejo General de dicha organización.
Desde la creación de la Corte Penal Internacional, encabezó la Delegación del Consejo de la Abogacía Española en sus relaciones con la Delegación del Estado Español ante la Asamblea de Estados Partes; habiendo asistido a las sesiones de la Asamblea de Estados Partes celebradas en La Haya en 2004 y 2005.

¿Podría explicarnos cuál es la estructura de CCBE y qué actividades va a impulsar a lo largo de este 1º semestre como presidente de los Consejos de Abogados Europeos?
El Consejo de la Abogacía Europea es la organización representativa de la Abogacía europea. Radica en Bruselas, y coordina las distintas formas de ejercicio profesional existentes en más de 42 países; pues CCBE no solo integra a la Abogacía de los 27 países de la Union Europea, sino a las de los 4 del Espacio Económico Europeo, otros 2 países más próximos a integrarse y 9 países observadores de la región Balcánica y las antiguas republicas soviéticas, que aspiran a ser miembros de la UE.

Esto implica una actuación muy técnica, llevada a cabo casi desde el anonimato fuera de los círculos concernidos; factores éstos que, a la postre, le han dado a CCBE el prestigio que tiene entre las Instituciones y autoridades comunitarias.
Muchos son los trabajos en curso, pero quizá he de destacar varios objetivos a desarrollar con carácter preferencial durante este año:
a.-la adaptación al sistema de Justicia en línea (e-Justice) que la Presidencia Española del Consejo Europeo quiere potenciar durante su semestre presidencial;
b.-también me propongo iniciar conjuntamente con las instituciones comunitarias, y
c.-desde la funcionalidad de la Abogacía, el desarrollo del Programa de Estocolmo.

Y en el plano organizativo interno de CCBE, elaborar un Reglamento antes de la finalización de mi mandato que permita poner en práctica una diferente estructura de CCBE surgida de los nuevos Estatutos que se aprobaron en Noviembre de 2009.

Por otra parte, dándose la circunstancia de que en 2010 se cumplen 50 años de la fundación de CCBE, mi objetivo es aprovechar la efeméride fundacional para intentar darle aun más realce a la Institución dentro del ámbito comunitario en el que nos movemos; y por supuesto, divulgar lo que hacemos entre los Colegios locales e incluso entre los propios abogados.

Este año 2010 va a ser un año importante para la abogacía española, ¿cómo se ven desde Bruselas los retos de nuestra abogacía?
La Abogacía Española:
1.- ha de adaptarse, como todas las europeas, a las normas emanadas de la implementación de la Directiva de Servicios;
2.- tendrá igualmente que buscar soluciones a los problemas que la crisis económica está infligiendo a los colegiados,
3.- habrá de poner en marcha los mecanismos de la ley reguladora del acceso a la profesión, de inminente entrada en vigor;
4.- tendrá que seguir procurando la formación continuada, especialmente con las modificaciones que supone, en el ámbito comunitario, tanto las modificaciones de los Tribunales de Luxemburgo como de los de Estrasburgo, como la ya vigente Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea.

¿Cuáles cree que serán los rasgos que definirán el nuevo Estatuto de la Abogacía? ¿Hay algún modelo europeo que pueda ser fuente de inspiración?
Cuando finalicé mi mandato como miembro del Consejo General de la Abogacía Española, el borrador estaba en plena elaboración; y supongo que habrán estado en suspenso los trabajos de la Comisión en tanto se incorporara al ordenamiento jurídico español la Directiva de Servicios, por las modificaciones que se preveía introduciría en los Colegios Profesionales, como así ha sido.
Yo en su momento efectué algunas recomendaciones, a la vista de algunos aspectos del ejercicio profesional que no estaban regulados, como el de la Abogacía de Empresa.

Lo que no veo es que pueda tomarse ningún modelo específico de otros países europeos, aunque sí rasgos, matices o algún aspecto concreto a imitar.
Porque las abogacías de los distintos países europeos tienen, como los países de procedencia, sus propias peculiaridades; pues todo o casi todo en la Union Europea responde a su certera divisa: Unidad en la diversidad.
No hay que buscar por ello la uniformidad, sino mantener las abogacías que requieren las sociedades a las que sirven, pero permitiendo a su vez el ejercicio profesional transfronterizo, sin puntos de colisión o conflicto entre las abogacías del país de procedencia y el de acogida.

¿Son muy diferentes los problemas que preocupan a los abogados de otros países de los españoles? ¿Puede describirlos?
Aunque pueda parecer tópico, lo cierto es que todos los abogados, a lo largo y ancho de Europa, persiguen siempre la consecución del encargo profesional que se le encomienda.
Lo que sucede es que en cada país hay diferentes medios para conseguirlos a tenor de cada sistema jurídico.
Aunque, lamentablemente, los sistemas quiebran generalmente por la parte más vulnerable, que es el derecho de defensa.
Son por ello aspiraciones comunes de la Abogacía –que incluso CCBE hizo llegar a los nuevos eurodiputados el pasado año, por medio de un manifiesto- la de que:
1.- se respete el derecho del cliente a consultar a un abogado con todas las garantías,
2.- la protección de los derechos de imputados y acusados, y
3.- el justo equilibrio entre libertad y seguridad;
4.- con mayor énfasis en la legislación antiterrorista y contra el crimen organizado.

Desde esta perspectiva es muy complejo elaborar una justicia europea ¿Cuáles serían sus bases específicas? ¿Qué opinión tiene de iniciativas como Penalnet, pueden servir para crear vínculos entre despachos de otros países?
La Justicia de las diferentes naciones europeas va acercándose paulatina e imperceptiblemente. Posiblemente el programa de Estocolmo elaborado el pasado año, que la Presidencia española ha de poner en marcha, contribuya decisivamente a darle un avance singular al acercamiento de los sistemas jurídicos existentes en cada país.

Puede sobre todo que el programa específico de Justicia en línea (e-Justicia) facilite avances espectaculares al respecto.
En CCBE estamos apostando decisivamente por ello, interviniendo programas que la Comisión está lanzando para el programa del portal E-Justice que estará posiblemente en la red a finales de este 1º semestre.
El programa Penalnet se enmarca en esta línea; y desde CCBE lo estamos siguiendo con gran interés, pues permitirá que los abogados penalistas contacten entre sí en tiempo real y por medios seguros –con respeto a la confidencialidad por tanto- y puedan auxiliarse con la celeridad que requiere la defensa en supuestos como la orden europea de arresto.

Igual sucede cuando podamos facilitar la localización de un abogado en otro país de la UE donde un justiciable tenga un conflicto (lo que sucede cada vez con mas frecuencia) y que reúna las características requeridas (conocimiento del idioma, que habite en una determinada población, etc.)

Otro dato que llama la atención es que por diversos motivos el 40 % de los jóvenes abandona el ejercicio profesional en los 5 primeros años de ejercicio. ¿Cómo se interpreta esta cuestión?
Aquí pueden influir muchísimos factores; desde los anímicos del compañero –el desencanto, la dureza de la profesión, la mala suerte, etc.- hasta factores del mercado, tanto los de la pura coyuntura económica, tan difícil, como los derivados de las carencias formativas; agudizados especialmente en un país donde la inflación de colegiados, derivada de la falta de regulación previa del acceso, ha propiciado vectores de sentido opuesto: tanto la buena formación autodidacta, como el casi nulo conocimiento de las reglas del ejercicio profesional, lo que, a la postre, relega a quienes ni saben ni quieren aprender.

Es de esperar que, en el futuro inmediato, la regulación del acceso opere como factor de corte, que repela a quienes no tienen vocación o carecen de interés; quedando así reducido a sus verdaderos límites el número de quienes realmente quieren ser abogados y se ponen manos a la obra para conseguirlo.

En un momento de crisis como el actual, ¿es bueno apostar, y cómo, por el concepto de abogacía preventiva y por el desarrollo de los métodos extrajudiciales como arbitraje y mediación?
No solo en situaciones de crisis, sino en todo momento es más beneficiosa, desde todos los puntos de vista, la abogacía preventiva que la paliativa.
Claro es que ello entraña un mayor esfuerzo y, sobre todo, una mayor responsabilidad.
Siempre preferí redactar un contrato, intentando prever soluciones para todas las circunstancias que pudieran concurrir en su ejecución, que tener que invocar ante los tribunales la correcta interpretación de las cláusulas mal redactadas o supuestos no previstos en él.

Pero no puedo dejar de indicar que estos métodos alternativos, para ser ejercidos adecuadamente, entrañan un profundo conocimiento y manejo del Derecho, y una sólida formación profesional, si se quieren obtener resultados eficaces para los justiciables.
De otra forma, lejos de enaltecer los institutos extrajudiciales, se desprestigian y alejan del favor popular.

Por último, denos sus claves para mejorar nuestra justicia que dispondrá en unos meses de un Plan de Modernización, ¿cree que es el adecuado?
No he tenido tiempo de estudiar la reforma con la suficiente profundidad como para emitir un juicio de valor; pero de entrada, siempre soy favorable a las reformas que entrañen no solo un método sino también una buena concepción de su forma de ejecución.
Los sistemas más perfectos pueden fracasar si se dejan en manos de inexpertos.