Una nueva ley contra la violencia machista, principal reclamación en el primer aniversario del 7-N.
Por Diariocrítico| Lunes 7 de noviembre de 2016
Este lunes se cumple el primer aniversario de la movilización del 7-N contra la violencia machista,
y desde la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de
Madrid (FAMCM), reclaman una nueva ley contra la violencia hacia las
mujeres, que complemente a la actual ley de violencia de género. Para
celebrar el aniversario del 7-N, se ha convocado una manifestación en
Madrid para exigir el fin de las violencias machistas. La protesta
tendrá lugar a las 18.00 horas en la Puerta de Velázquez, Museo del
Prado; y a las 19:00 horas en la calle Lope de Vega 40.
"Proponemos una nueva Ley contra la violencia hacia las mujeres complementaria a la actual Ley de violencia de género, que incluya las medidas contra las mutilaciones genitales femeninas, los diferentes crímenes de honor, los matrimonios forzosos, toda manifestación de violencia sexual, el aborto y esterilización forzosos, así como los embarazos forzosos y cualquier tipo de coacción para continuar un embarazo no deseado, el acoso laboral, los micromachismos, y en especial el acoso sexual, y la derogación de la custodia compartida impuesta, así como la ampliación de la dotación económica y de medidas contra las agresiones machistas dentro de las parejas tanto de distinto como del mismo sexo", explica la FAMCM.
La Plataforma 7N Madrid contra las violencias machistas, a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, reclama que "la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado", en la que deben implicarse todos los partidos políticos e instituciones, y denuncia que "la Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha pasado de proteger a 31.691 víctimas en 2010 a 16.613 en 2015, al denegar protección policial a 2 de cada 3 de las 129.193 denunciantes, considerándolas sin ningún riesgo, y al 80% de las restantes con bajo riesgo de agresión".
La plataforma 7N denuncia también que el presupuesto del Estado para violencia de género en 2016 son 25,2 millones de euros, un 10,9% menos que en 2009.
Otra de las reivindicaciones de la plataforma es la "aplicación del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW, y la reforma de la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres.
El Convenio de Estambul, aplicable desde hace 2 años, establece que se debe combatir la violencia eliminando la desigualdad, incluir todas las formas de violencia, no sólo la de pareja; crear servicios especializados a víctimas de agresiones sexuales y proteger a todas las víctimas sin discriminación por raza, lengua, clase, edad, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, estado civil, estatuto de emigrante o de refugiada".
La Plataforma 7N también exige "un Plan de Acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos (de pareja, familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas) con medidas de prevención y atención especializada, y que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia en la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas".
"La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconoce que 1.447.687 mujeres -el 7,2% de las de 16 y más años residentes en España- han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, por lo que están excluidas de la Ley 1/2004 de violencia de género y tienen peor protección, y que en el último año 120.641 mujeres han sufrido agresiones sexuales, el 40,4% violación y el 59,6 otras formas de violencia sexual. Según el Ministerio de Interior de 2009 a 2015 solo hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo las agresiones con penetración), unas 1.300 anuales. El 8,6% de las violadas tenían menos de 13 años y el 19% de 14 a 17, y el 82% fueron violadas por conocidos", indica la plataforma en su comunicado.
La plataforma considera que debe "ponerse el acento en la protección de las afectadas y de sus hijos e hijas, facilitándoles salidas de recuperación vital, económica y social, ya que sólo 1.007 mujeres víctimas de violencia tuvieron en 2015 un contrato laboral con bonificación de 50 a 125 €/mes de la cuota empresarial, el 0,8% de las 129.193 denunciantes, y solo 679 el subsidio de desempleo de 426 €/mes por 6 a 18 meses del artículo 27 de la Ley de violencia".
Otra medida para proteger a las víctimas de violencia machista y sus hijos sería "la eliminación de la custodia compartida impuesta; supresión del régimen de visitas y de la patria potestad a los maltratadores condenados. La guarda y custodia compartida de los hijos e hijas ha pasado del 10,5 % en 2010 al 24,6 % de los separados en 2015, y crecen las que son judicialmente impuestas, sobre todo en Aragón y la Comunidad Valenciana, que han aprobado leyes que la imponen en los divorcios sin acuerdo entre los progenitores. En la petición unilateral de guarda y custodia compartida prevalecen intereses económicos para no otorgar el domicilio familiar o no pagar pensiones. Las consecuencias representan, en muchos casos, una forma de violencia hacia las mujeres, y graves perjuicios a los menores. Un maltratador o un abusador sexual nunca puede ser un buen padre. Según datos oficiales, en 2015 solo el 3,5% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han suspendido las visitas, y sólo el 0,4% la patria potestad, lo que da idea de la falta de formación en género y de la violencia institucional, amparada en informes de sicólogos que aducen el anticientífico SAP (síndrome de alienación parental) para privar de guardas y custodias a madres o mantener las visitas de maltratadores".
"En 2015, la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) pidieron a los gobiernos planes de acción contra la violencia de género en la escuela y sus alrededores, con medidas de prevención, protección y rendición de cuentas, y presentaron un informe sobre acoso verbal y sexual, abusos sexuales, castigos corporales, intimidación y discriminación por motivos estéticos, de orientación sexual, discapacidad o etnia, practicados entre ‘iguales’ o por personal de la escuela (en Holanda hay cifras del 27%), que inciden en el rendimiento, absentismo y abandono escolar; baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones como el VIH y en las relaciones presentes y futuras de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Pero en nuestro país se siguen incumpliendo los art. 4 al 9 de la Ley 1/2004 contra la violencia de género y con la LOMCE tampoco se imparte educación sexual", denuncia la plataforma. Por ello, solicitan que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.
La plataforma 7N también pide a los medios de comunicación que visibilicen las diferentes violencias machistas, sin sensacionalismo morboso ni lenguaje o imágenes sexistas, y apliquen los puntos 19 y 27 de las Observaciones del CEDAW a España con una estrategia integral contra los estereotipos de género en la educación, los medios de comunicación y la publicidad; con promoción de la igualdad de género en los programas y en la formación del profesorado, y con educación sexual y reproductiva adaptada a la edad de niñas y niños, en el plan de estudios ordinario y obligatorio.
"Proponemos una nueva Ley contra la violencia hacia las mujeres complementaria a la actual Ley de violencia de género, que incluya las medidas contra las mutilaciones genitales femeninas, los diferentes crímenes de honor, los matrimonios forzosos, toda manifestación de violencia sexual, el aborto y esterilización forzosos, así como los embarazos forzosos y cualquier tipo de coacción para continuar un embarazo no deseado, el acoso laboral, los micromachismos, y en especial el acoso sexual, y la derogación de la custodia compartida impuesta, así como la ampliación de la dotación económica y de medidas contra las agresiones machistas dentro de las parejas tanto de distinto como del mismo sexo", explica la FAMCM.
La Plataforma 7N Madrid contra las violencias machistas, a la que pertenece la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, reclama que "la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de Estado", en la que deben implicarse todos los partidos políticos e instituciones, y denuncia que "la Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha pasado de proteger a 31.691 víctimas en 2010 a 16.613 en 2015, al denegar protección policial a 2 de cada 3 de las 129.193 denunciantes, considerándolas sin ningún riesgo, y al 80% de las restantes con bajo riesgo de agresión".
La plataforma 7N denuncia también que el presupuesto del Estado para violencia de género en 2016 son 25,2 millones de euros, un 10,9% menos que en 2009.
Otra de las reivindicaciones de la plataforma es la "aplicación del Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW, y la reforma de la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres.
El Convenio de Estambul, aplicable desde hace 2 años, establece que se debe combatir la violencia eliminando la desigualdad, incluir todas las formas de violencia, no sólo la de pareja; crear servicios especializados a víctimas de agresiones sexuales y proteger a todas las víctimas sin discriminación por raza, lengua, clase, edad, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, estado civil, estatuto de emigrante o de refugiada".
La Plataforma 7N también exige "un Plan de Acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos (de pareja, familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas) con medidas de prevención y atención especializada, y que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia en la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas".
"La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconoce que 1.447.687 mujeres -el 7,2% de las de 16 y más años residentes en España- han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, por lo que están excluidas de la Ley 1/2004 de violencia de género y tienen peor protección, y que en el último año 120.641 mujeres han sufrido agresiones sexuales, el 40,4% violación y el 59,6 otras formas de violencia sexual. Según el Ministerio de Interior de 2009 a 2015 solo hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo las agresiones con penetración), unas 1.300 anuales. El 8,6% de las violadas tenían menos de 13 años y el 19% de 14 a 17, y el 82% fueron violadas por conocidos", indica la plataforma en su comunicado.
La plataforma considera que debe "ponerse el acento en la protección de las afectadas y de sus hijos e hijas, facilitándoles salidas de recuperación vital, económica y social, ya que sólo 1.007 mujeres víctimas de violencia tuvieron en 2015 un contrato laboral con bonificación de 50 a 125 €/mes de la cuota empresarial, el 0,8% de las 129.193 denunciantes, y solo 679 el subsidio de desempleo de 426 €/mes por 6 a 18 meses del artículo 27 de la Ley de violencia".
Otra medida para proteger a las víctimas de violencia machista y sus hijos sería "la eliminación de la custodia compartida impuesta; supresión del régimen de visitas y de la patria potestad a los maltratadores condenados. La guarda y custodia compartida de los hijos e hijas ha pasado del 10,5 % en 2010 al 24,6 % de los separados en 2015, y crecen las que son judicialmente impuestas, sobre todo en Aragón y la Comunidad Valenciana, que han aprobado leyes que la imponen en los divorcios sin acuerdo entre los progenitores. En la petición unilateral de guarda y custodia compartida prevalecen intereses económicos para no otorgar el domicilio familiar o no pagar pensiones. Las consecuencias representan, en muchos casos, una forma de violencia hacia las mujeres, y graves perjuicios a los menores. Un maltratador o un abusador sexual nunca puede ser un buen padre. Según datos oficiales, en 2015 solo el 3,5% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han suspendido las visitas, y sólo el 0,4% la patria potestad, lo que da idea de la falta de formación en género y de la violencia institucional, amparada en informes de sicólogos que aducen el anticientífico SAP (síndrome de alienación parental) para privar de guardas y custodias a madres o mantener las visitas de maltratadores".
"En 2015, la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) pidieron a los gobiernos planes de acción contra la violencia de género en la escuela y sus alrededores, con medidas de prevención, protección y rendición de cuentas, y presentaron un informe sobre acoso verbal y sexual, abusos sexuales, castigos corporales, intimidación y discriminación por motivos estéticos, de orientación sexual, discapacidad o etnia, practicados entre ‘iguales’ o por personal de la escuela (en Holanda hay cifras del 27%), que inciden en el rendimiento, absentismo y abandono escolar; baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones como el VIH y en las relaciones presentes y futuras de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Pero en nuestro país se siguen incumpliendo los art. 4 al 9 de la Ley 1/2004 contra la violencia de género y con la LOMCE tampoco se imparte educación sexual", denuncia la plataforma. Por ello, solicitan que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.
La plataforma 7N también pide a los medios de comunicación que visibilicen las diferentes violencias machistas, sin sensacionalismo morboso ni lenguaje o imágenes sexistas, y apliquen los puntos 19 y 27 de las Observaciones del CEDAW a España con una estrategia integral contra los estereotipos de género en la educación, los medios de comunicación y la publicidad; con promoción de la igualdad de género en los programas y en la formación del profesorado, y con educación sexual y reproductiva adaptada a la edad de niñas y niños, en el plan de estudios ordinario y obligatorio.
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