http://www.abc.es/20071022/nacional-nacional/registro-central-maltratadores-ficha_200710220806.html
El registro central de maltratadores ficha a más de cien mil personas en tres años
MADRID.
CRUZ MORCILLO
Cincuenta y ocho tumbas más; 58 mujeres menos.
Novias, esposas, ex mujeres, madres... 409 desde 2001.
Todas asesinadas en la «cárcel de amor», algunas después de denunciar y pedir ayuda a la Justicia.
La Ley de Violencia de Género está más cuestionada que nunca porque no ha puesto freno a estos crímenes.
Pero hay otras cifras que revelan el cambio y también son elocuentes de la proporción del fenómeno.
En abril de 2004 se crea el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica 8 meses después de la entrada en vigor de la orden de protección, que intenta amparar a las víctimas de forma rápida e integral (con medidas civiles incluidas).
Esa macrobase acumula ya 100.459 sentencias condenatorias (desde la mencionada fecha hasta el pasado 12 de octubre), según datos del Ministerio de Justicia.
El 91, 4 % de los condenados (91.861) son hombres; el resto, mujeres.
Sólo en Andalucía los jueces hallaron culpables a 20.543 personas.
Cataluña, Valencia y Madrid superan las diez mil condenas.
Pero las sentencias firmes son la punta de lanza -las absoluciones y los sobreseimientos provisionales alcanzan proporciones preocupantes- y las cifras reales del maltrato infinitamente mayores -271.042 asuntos penales tramitados en los Juzgados de Violencia contra la Mujer (JVM) sólo entre el 29 de junio de 2005 y el 31 de marzo de este año-.
Datos personales.
El registro central al que tienen acceso jueces, fiscales, Policía Judicial y Comunidades autónomas -éstas, tras una modificación normativa- recoge la mayoría de denuncias admitidas; las órdenes de protección dictadas y denegadas, así como el resto de medidas cautelares.
Los datos personales del agresor (haya sido condenado o no) y de la víctima también constan en la base, si bien los de los denunciados han de retirarse en caso de absolución o archivo de la causa.
El registro funciona o debería como una guía del caso para policías, fiscales y jueces, en la que figura toda la causa y los antecedentes del maltratador y les permite, además, saber si el «fichado» ha incurrido en un quebrantamiento de condena o de medidas cautelares anteriores.
Los efectos de la ley, el aumento de las denuncias, el «mimo» judicial infrecuente hace sólo cuatro años se nota en cada dato referido a este tipo de violencia.
Otro ejemplo son las cárceles. A día de hoy, en los centros que dependen de Instituciones Penitenciarias hay ingresados 3.453 presos entre penados y preventivos por violencia de género, una «coletilla» que consta en las sentencias desde junio de 2005, además de los delitos concretos que se imputen.
De hecho, ese número de reos acumulan 9.945 delitos, según datos de Prisiones, casi tres por cabeza, porque las lesiones o las agresiones sexuales, por ejemplo, suelen ir acompañadas de un incumplimiento de medida cautelar.
La disparidad entre el número de sentencias y los maltratadores que acaban en la cárcel obedece a varios motivos.
Uno de ellos es que, igual que en el resto de delitos, en caso de que el juez acuerde una privación de libertad si el individuo carece de antecedentes o la pena es inferior a dos años la ejecución de la condena queda en suspenso.
En estos supuestos, la ley obliga a que el penado siga un programa de rehabilitación para maltratadores como alternativa a la prisión.
Dos años después, estos programas externos que se tendrían que haber acordado con instituciones especializadas siguen siendo una quimera con una dotación presupuestaria mínima. No existen en la mayoría de las comunidades autónomas y en aquellas en las que funcionan con cierta normalidad (Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía) tienen lista de espera de decenas de condenados.
Fiscales y jueces se encuentran con que en la práctica no pueden marcar alternativas.
Estos programas, junto a las pulseras de control para agresores -previstas en casos de órdenes de protección en los que la valoración del riesgo de la víctima es muy alto y el sujeto no ingresa en prisión- son dos de las patas más cojas de la ley de Violencia de Género, según reconoce el CGPJ y el Observatorio que se encarga del seguimiento de la norma.
Los deberes sin hacer.
En la cárcel, los programas van en aumento y después de un tímido arranque están implantados ya en 35 centros: la duración es más o menos de un año y se dirigen sobre todo a penados.
La media de cada grupo es de una decena y en total los están siguiendo unos 300 reclusos condenados por maltrato.
La diferencia con los que sustituyen a la condena es que los centros penitenciarios son de carácter voluntario y no implican ningún beneficio.
En el día a día, miles de condenados no están cumpliendo ningún tipo de medida ante la falta de diligencia de la Administración en «hacer los deberes».
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