La negativa del eje franco-alemán imposibilita lograr la mayoría cualificada requerida para sacar adelante la primera directiva europea contra la violencia de género.
María Zornoza, Bruselas, 19/12/2023
España es el país de la UE con leyes más avanzadas en materia de igualdad de género y contra la violencia machista. Sin embargo, a la presidencia española del Consejo de la UE se le ha escapado el hito de sacar adelante la 1ª directiva europea para combatir la violencia contra las mujeres. Un hecho que está pasando desapercibido en medio de la vorágine legislativa y el esprint final para echar a rodar la ley de inteligencia artificial, la reforma de las reglas fiscales o el pacto migratorio.
Durante la legislatura actual, la Unión Europea ha aprobado la directiva para impulsar la presencia de ellas en los consejos de administración de las grandes corporaciones, la de transparencia retributiva y ha culminado la adhesión al Convenio de Estambul. Sin embargo, la medida más ambiciosa para crear la 1ª directiva europea contra la violencia machista —que la Comisión propuso en marzo de 2022— ha encallado por las diferencias insalvables entre los Estados miembros.
La división sobre la inclusión de la violación como un eurodelito se antoja un muro infranqueable. La presidencia española, en virtud de árbitro y mediador de las negociaciones, ha sido incapaz de romperla. Y el martillo pasa ya a su sucesora belga.
Entre los Estados miembros no solo están los más ultraconservadores, como Hungría, que se oponen por principios. También rechazan la medida en Francia y Alemania, que tienen dudas sobre la base legal, a pesar de que los servicios jurídicos de la Eurocámara sí lo avalan. Es decir, un buen número de capitales se resisten porque no quieren perder competencias a nivel nacional. Y toda esta oposición imposibilita alcanzar la mayoría cualificada necesaria para sacarlo adelante. En el otro lado, sus defensores ven esta directiva como una oportunidad histórica que permitiría armonizar las legislaciones nacionales, mejorar la coordinación entre los países europeos, visibilizar el problema y apoyar a las víctimas.
"A pesar de los esfuerzos que ha hecho la presidencia española, hay determinados gobiernos que no quieren incorporar la violación como tipo penal en la Directiva de Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica. Algunos países como Francia y Alemania, que han ratificado el Convenio de Estambul, no asumen la definición de violación que incorpora el mismo", explica a El Confidencial María Eugenia Rodríguez Palop, ponente en la sombra en el Parlamento Europeo.
"Por desgracia, hay gobiernos que aún hoy restan importancia a las víctimas de violencias machistas. Desde el inicio de las negociaciones, hemos dado pasos importantes en la asistencia, la protección y acompañamiento a las víctimas, pero los países del no tienen que asumir sus responsabilidades. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica para tener una 1ª y eficaz directiva europea para luchar contra la violencia que sufren las mujeres", subraya la eurodiputada independiente de La Izquierda.
"Sé que esta Cámara apoya nuestra propuesta de combatir la violencia contra las mujeres. También en este caso desearía que consagrásemos en la legislación otro principio fundamental: no es no. La verdadera igualdad no podrá existir hasta que no desterremos la violencia", afirmaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su último discurso sobre el estado de la Unión en Estrasburgo. Hace 4 años, la alemana se hizo con el puesto más cotizado de la UE en una votación ajustadísima. Llegó a lo más alto del Berlaymont por la mínima de 9 votos y con el aval de buena parte de la bancada socialdemócrata y liberal, que en contrapartida le exigieron poner en el centro de sus prioridades el pilar social o la igualdad.
La Eurocámara fijó en abril su postura para que el sexo sin consentimiento sea tipificado como un eurodelito. Los eurodiputados pidieron por entonces incluir en la lista la agresión sexual, la mutilación genital, la esterilización forzada, el matrimonio forzado o el acoso sexual en el entorno laboral. 3 meses después, con los 1º pasos de la presidencia española del Consejo, comenzaron los trílogos, es decir, las negociaciones finales entre las 3 instituciones. Pero encallaron tras las posturas tan opuestas en las capitales y en el pleno. Los países europeos no están dispuestos a asumir la categorización de la violación como un delito a nivel UE, ni tampoco la definición del consentimiento basado en el no es no. Y estas son líneas rojas para los eurodiputados. Los ponentes enviaron a comienzos de este mes una carta a Félix Bolaños, ministro de Justicia y de Presidencia, expresándole la decepción por la negativa frontal del Consejo.
Las cifras
Más de 3.000 mujeres son asesinadas en Europa cada año a manos de sus parejas. 1 de cada 3 ha sufrido algún tipo de violencia sexual o física a lo largo de su vida.
El 32% de los actos de violencia sexual registrados en territorio comunitario se produce en el ámbito laboral, según las cifras que maneja Bruselas. "La violencia contra las mujeres y niñas representa una amenaza para la mitad de la humanidad, tanto en el mundo físico como en el virtual", sentencia la Comisión Europea.
La encuesta más completa efectuada hasta la fecha a nivel europeo revela que 1 de cada 20 mujeres en la UE ha sido violada. Los datos difundidos en 2014 por la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales (FRA) estiman que el 43% ha experimentado control y manipulación por parte de su pareja.
A pesar de todos los prejuicios psicológicos y el impacto sobre el día a día, un informe elaborado por los servicios de investigación y estudio de la Eurocámara cuantifica en 289.000 millones de euros al año el coste en la UE de la violencia machista.
La encuesta más completa efectuada hasta la fecha a nivel europeo revela que 1 de cada 20 mujeres en la UE ha sido violada. Los datos difundidos en 2014 por la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales (FRA) estiman que el 43% ha experimentado control y manipulación por parte de su pareja.
A pesar de todos los prejuicios psicológicos y el impacto sobre el día a día, un informe elaborado por los servicios de investigación y estudio de la Eurocámara cuantifica en 289.000 millones de euros al año el coste en la UE de la violencia machista.
Diferencias entre Estados miembros
Las capitales europeas defienden y penalizan la violencia contra las mujeres de forma diferente. La UE carece de una definición común sobre este tipo de violencia. En el este, por ejemplo, predomina la categorización de violencia doméstica; en otros, se habla de violencia de género. A ello se une la falta de recuentos en muchos Estados miembros, lo que dificulta la lectura para abordar este desafío y establecer medidas comunitarias comunes. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) lleva años advirtiendo de la ausencia de datos "fiables, comparables y actualizados" sobre la violencia contra las mujeres a nivel nacional y europeo.
Son pocos, como España o Suecia, los que llevan este recuento. Y solo estos 2 Estados miembros cuentan con una legislación contra la violencia de género.
Dentro del bloque comunitario, España es uno de los países pioneros en medidas de igualdad. Ratificó el Convenio de Estambul casi una década antes que la UE y es el único país de la UE que cuenta con tribunales especiales para tratar los casos de violencia contra las mujeres. Según un estudio que maneja el Parlamento Europeo, esta podría ser "una medida que podría ayudar a abordar las bajas tasas de enjuiciamiento y condena por delitos de violencia doméstica y violación, que parecen ser un problema común a varios Estados miembros".
Dentro del bloque comunitario, España es uno de los países pioneros en medidas de igualdad. Ratificó el Convenio de Estambul casi una década antes que la UE y es el único país de la UE que cuenta con tribunales especiales para tratar los casos de violencia contra las mujeres. Según un estudio que maneja el Parlamento Europeo, esta podría ser "una medida que podría ayudar a abordar las bajas tasas de enjuiciamiento y condena por delitos de violencia doméstica y violación, que parecen ser un problema común a varios Estados miembros".
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