Complicado de cuantificar, pero relativamente fácil de percibir. El atasco judicial y casi sempiterno de la justicia española aún pasa una factura estimable a la economía española, entre
otras cosas porque se ha reducido muy poco en los últimos años. Así,
por ejemplo, el tiempo medio requerido para resolver una disputa
comercial apenas ha bajado un 1% en los últimos 13 años (2003-2015),
hasta situarse en 16,4 meses. Son datos del propio Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ).
La conclusión, no obstante, resulta similar si se acude a otras fuentes como la Comisión Europea para la Eficacia en la Justicia (CEPEJ), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial -a través de su informe anual 'Doing Business' sobre la facilidad para hacer negocios en cada país-.
A la luz de sus datos, España ocupa una posición claramente peor que las principales potencias europeas. Los 510 días que debe invertir una empresa o un individuo para que los tribunales dictaminen sobre un pleito relativo a sus negocios superan en un 17% al plazo medio en el Reino Unido (437 días), en un 19% al de Alemania (429) y en un 29% al de Francia (395), si bien apenas llegan a la mitad que el período de Italia (1.120 días).
Para trasladar este problema a términos económicos, más allá de los costes judiciales para cada litigante y del perjuicio para su negocio (deudas impagada, contratos incumplidos, etcétera), habría que acudir a comparar en niveles de Producto Interior Bruto (PIB) la tasa de litigación, es decir, el número de conflictos (conocidos técnicamente como litigios) llevados a los tribunales. Y aquí, de nuevo, España no sale bien parada en la estadística.
Según datos del CEPEJ, sería el 3º país europeo con una tasa más elevada -solo por detrás de Rusia y la República Checa- medida conforme al PIB (el 0,04%), y el 4º en términos per cápita. Eso supone una factura anual cercana a los 400 millones de euros para la economía española solo porque la gente opta por acudir a los tribunales mucho más que en otros Estados de la UE.
Una manera de resolver la situación sería mejorar la eficacia judicial,
pero la tasa de liquidación de pleitos (medida para los juzgados de
primera instancia e instrucción) se mantuvo «relativamente estable» en
el período 2002-2014 -casi un 50% en juicios ordinarios pero tan solo el
25% en ejecuciones-. Así lo concluye el economista Juan S. Mora-Sanguinetti, de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España.
En un informe elaborado para el supervisor bancario, este experto constata cómo hubo una reducción de la tasa «en los años de expansión económica y los 1º años de la última recesión». Pero luego se observó un aumento en el período más reciente con la salida de la crisis, aunque más por registrarse menos demandas que por eficiencia.
Demasiados incentivos
Mora-Sanguinetti estima que hay «muchos incentivos» para que la población en general, y los abogados en particular, litiguen. Van desde el coste privado que estos asumen hasta el volumen y complejidad de las transacciones económicas, la posición cíclica de la propia economía, la calidad y complejidad de la normativa nacional o el interés aún reducido por procedimientos para resolver los conflictos fuera de los tribunales como la mediación, el arbitraje o los actos de conciliación.
Tampoco parece ayudar un hecho aparentemente positivo como el «relativamente elevado» grado de especialización judicial en España. Esa cualidad la tienen el 38,3% de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, por encima de la media del CEPEJ (26,2%), aunque no hay evidencias de que recorte los plazos.
El retraso de la justicia sí parece guardar más relación, por el contrario, con el nivel de recursos humanos disponibles. España dispone de 11,2 jueces de carrera por cada 100.000 habitantes, poco más de la mitad que los 21 que tienen de media los países europeos de la CEPEJ y también por debajo del promedio de los socios del euro (15,4). Alemania, por ejemplo, tiene casi 25.
Y en cuanto la financiación, España tampoco llega al aprobado. El gasto público que invierte en los tribunales en relación a su población es de 27 euros por persona, por debajo de los 34,8 de media en el territorio CEPEJ y solo la mitad que el nivel de la zona euro (50,4), muy lejos además de los 103,5 euros de Alemania.
Además, el peso de las tasas judiciales en ese presupuesto es reducido: el 13,8% frente al 26,4 de la CEPEJ y el 29,2% en la UE-15.
La conclusión, no obstante, resulta similar si se acude a otras fuentes como la Comisión Europea para la Eficacia en la Justicia (CEPEJ), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial -a través de su informe anual 'Doing Business' sobre la facilidad para hacer negocios en cada país-.
A la luz de sus datos, España ocupa una posición claramente peor que las principales potencias europeas. Los 510 días que debe invertir una empresa o un individuo para que los tribunales dictaminen sobre un pleito relativo a sus negocios superan en un 17% al plazo medio en el Reino Unido (437 días), en un 19% al de Alemania (429) y en un 29% al de Francia (395), si bien apenas llegan a la mitad que el período de Italia (1.120 días).
Para trasladar este problema a términos económicos, más allá de los costes judiciales para cada litigante y del perjuicio para su negocio (deudas impagada, contratos incumplidos, etcétera), habría que acudir a comparar en niveles de Producto Interior Bruto (PIB) la tasa de litigación, es decir, el número de conflictos (conocidos técnicamente como litigios) llevados a los tribunales. Y aquí, de nuevo, España no sale bien parada en la estadística.
Según datos del CEPEJ, sería el 3º país europeo con una tasa más elevada -solo por detrás de Rusia y la República Checa- medida conforme al PIB (el 0,04%), y el 4º en términos per cápita. Eso supone una factura anual cercana a los 400 millones de euros para la economía española solo porque la gente opta por acudir a los tribunales mucho más que en otros Estados de la UE.
En un informe elaborado para el supervisor bancario, este experto constata cómo hubo una reducción de la tasa «en los años de expansión económica y los 1º años de la última recesión». Pero luego se observó un aumento en el período más reciente con la salida de la crisis, aunque más por registrarse menos demandas que por eficiencia.
Demasiados incentivos
Mora-Sanguinetti estima que hay «muchos incentivos» para que la población en general, y los abogados en particular, litiguen. Van desde el coste privado que estos asumen hasta el volumen y complejidad de las transacciones económicas, la posición cíclica de la propia economía, la calidad y complejidad de la normativa nacional o el interés aún reducido por procedimientos para resolver los conflictos fuera de los tribunales como la mediación, el arbitraje o los actos de conciliación.
Tampoco parece ayudar un hecho aparentemente positivo como el «relativamente elevado» grado de especialización judicial en España. Esa cualidad la tienen el 38,3% de los órganos jurisdiccionales de primera instancia, por encima de la media del CEPEJ (26,2%), aunque no hay evidencias de que recorte los plazos.
El retraso de la justicia sí parece guardar más relación, por el contrario, con el nivel de recursos humanos disponibles. España dispone de 11,2 jueces de carrera por cada 100.000 habitantes, poco más de la mitad que los 21 que tienen de media los países europeos de la CEPEJ y también por debajo del promedio de los socios del euro (15,4). Alemania, por ejemplo, tiene casi 25.
Y en cuanto la financiación, España tampoco llega al aprobado. El gasto público que invierte en los tribunales en relación a su población es de 27 euros por persona, por debajo de los 34,8 de media en el territorio CEPEJ y solo la mitad que el nivel de la zona euro (50,4), muy lejos además de los 103,5 euros de Alemania.
Además, el peso de las tasas judiciales en ese presupuesto es reducido: el 13,8% frente al 26,4 de la CEPEJ y el 29,2% en la UE-15.
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