La venta de una vivienda tras un divorcio es una de las situaciones más habituales, pero también la que con mayor frecuencia se convierte en una fuente de problemas. Si existe un inmueble en común, una de las decisiones que suelen tomar las parejas es vender la vivienda a un 3º, salvo que una de las partes decida comprar.
Sin embargo, ¿qué sucede si hay desacuerdo? ¿Cómo hay que proceder para evitar que la venta del piso acabe en los juzgados?
El comparador financiero HelpMyCash ofrece una serie de recomendaciones para saber cómo actuar en estos casos y si es legal o no vender una parte de la vivienda sin la autorización de la otra parte.
Recurrir a la vía judicial para un procedimiento de división
La solución más sencilla y ventajosa en estos casos es vender el inmueble a un 3º de mutuo acuerdo, ya que la cantidad económica a percibir por la venta se reparte a partes iguales o según la cuota de propiedad que corresponda. No obstante, en ocasiones, la otra parte puede no estar de acuerdo y es aquí cuando puede comenzar un proceso judicial lento y costoso.
En 1º lugar, para determinar el procedimiento a seguir, hay que tener en cuenta el régimen matrimonial, esto es, si la pareja está casada en régimen de gananciales o de separación de bienes. De esta manera, "si hay desacuerdo para resolver esta situación de copropiedad, pueden acudir por vía judicial y hacer un procedimiento de división de la cosa común", destacan en HelpMyCash.
En este sentido, si no hay conciliación, "el proceso se alarga y será necesario pedir al juez que ordene la venta de la casa en subasta pública, a un precio muy por debajo de su valor de mercado".
Por tanto, si no se llega a un acuerdo, el juez designará a un perito para que realice la disolución del régimen económico del matrimonio y reparta los bienes. Si no hay consenso tampoco tras este reparto, "cualquiera de las partes puede solicitar la venta en subasta pública".
Según el Grupo Hereda, consultado por HelpMyCash, esta solución judicial es bastante costosa y su resolución "puede tardar entre 2 y 4 años según la comunidad autónoma". Además, implica el pago de honorarios a abogados y procuradores, entre otros gastos.
Acudir a una empresa dedicada a la compra de proindivisos
Una alternativa para evitar ir a juicio es acudir a una empresa especializada en la compra de proindivisos. "Estas se amparan en el artículo 400 del Código Civil que establece que nadie está obligado a permanecer en una copropiedad y, por tanto, puede vender libremente su parte", aclaran.
Una de las ventajas de recurrir a esta opción es que permite disolver el problema de forma rápida sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Además, es un procedimiento mucho más económico y rápido.
No obstante, una de las principales desventajas de acudir a este tipo de empresas es que la mayoría adquiere estas viviendas por un precio que puede estar incluso un 40% por debajo de su valor de mercado. Por otro lado, "suele ser un requisito que la casa no tenga cargas hipotecarias o que no existan hijos en común", ya que en este último caso es el juez el que determina quién o qué se hace con la vivienda para velar por el interés del menor.
Recurrir a la vía judicial para un procedimiento de división
La solución más sencilla y ventajosa en estos casos es vender el inmueble a un 3º de mutuo acuerdo, ya que la cantidad económica a percibir por la venta se reparte a partes iguales o según la cuota de propiedad que corresponda. No obstante, en ocasiones, la otra parte puede no estar de acuerdo y es aquí cuando puede comenzar un proceso judicial lento y costoso.
En 1º lugar, para determinar el procedimiento a seguir, hay que tener en cuenta el régimen matrimonial, esto es, si la pareja está casada en régimen de gananciales o de separación de bienes. De esta manera, "si hay desacuerdo para resolver esta situación de copropiedad, pueden acudir por vía judicial y hacer un procedimiento de división de la cosa común", destacan en HelpMyCash.
En este sentido, si no hay conciliación, "el proceso se alarga y será necesario pedir al juez que ordene la venta de la casa en subasta pública, a un precio muy por debajo de su valor de mercado".
Por tanto, si no se llega a un acuerdo, el juez designará a un perito para que realice la disolución del régimen económico del matrimonio y reparta los bienes. Si no hay consenso tampoco tras este reparto, "cualquiera de las partes puede solicitar la venta en subasta pública".
Según el Grupo Hereda, consultado por HelpMyCash, esta solución judicial es bastante costosa y su resolución "puede tardar entre 2 y 4 años según la comunidad autónoma". Además, implica el pago de honorarios a abogados y procuradores, entre otros gastos.
Acudir a una empresa dedicada a la compra de proindivisos
Una alternativa para evitar ir a juicio es acudir a una empresa especializada en la compra de proindivisos. "Estas se amparan en el artículo 400 del Código Civil que establece que nadie está obligado a permanecer en una copropiedad y, por tanto, puede vender libremente su parte", aclaran.
Una de las ventajas de recurrir a esta opción es que permite disolver el problema de forma rápida sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Además, es un procedimiento mucho más económico y rápido.
No obstante, una de las principales desventajas de acudir a este tipo de empresas es que la mayoría adquiere estas viviendas por un precio que puede estar incluso un 40% por debajo de su valor de mercado. Por otro lado, "suele ser un requisito que la casa no tenga cargas hipotecarias o que no existan hijos en común", ya que en este último caso es el juez el que determina quién o qué se hace con la vivienda para velar por el interés del menor.
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