EFE / Palma /04/03/2016
El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de la Ley de Igualdad de las Islas Baleares, que entrará en vigor este año y que recoge como principal novedad la tipificación del impago de las pensiones como violencia económica, que será uno de los 6 tipos de violencia machista que se contemplan.
Tras su aprobación, este proyecto impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales iniciará el proceso de tramitación en el Parlament balear.
El texto define por 1ª vez las competencias de cada institución de las Islas Baleares en este ámbito, establece y define las competencias que deben tener todas las instituciones en materia de igualdad, fija prohibiciones y sanciones que van desde los 3.000 euros hasta los 90.000 por infringir la normativa en materia de igualdad de oportunidades, e incluye la creación de nuevas figuras como el Observatorio de la Igualdad o el defensor o defensora de la Igualdad de Mujeres y Hombres.
El texto ha sido presentado a un centenar de asociaciones y cuenta con el informe favorable del consejo rector del Instituto Balear de la Mujer (IBdona).
Con esta ley se considera que hay violencia cuando no se pague la pensión de alimentos de manera voluntaria, como manera de seguir controlando y maltratando económicamente la mujer.
La norma reconoce a las víctimas de esta violencia económica el derecho de acceder a las mismas ayudas y prestaciones que las víctimas de agresiones físicas o psicológicas.
Este derecho lo garantizará también la renta social, que posibilita que las mujeres que denuncien el impago de la pensión de alimentos puedan ser beneficiarias de la prestación.
Otra medida que contempla la ley es la obligatoriedad de las administraciones de disponer de recursos suficientes para atender a las víctimas de violencia machista, y fija un mínimo por criterios poblacionales.
Como mínimo, debe haber una plaza en un centro de acogida por cada 3.500 mujeres, y un centro de atención y asistencia psicológica por cada 100.000 mujeres, distribuidos por las cuatro islas.
El proyecto de ley incluye medidas para promover la igualdad de género, no sólo en todas las administraciones públicas de las Islas Baleares, sino también en las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración o sean beneficiarios de ayudas y subvenciones.
Así, por ejemplo, no se podrán conceder subvenciones, becas o ayudas a los solicitantes sancionados o condenados por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.
Entre las medidas que afectan a las administraciones destacan, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas de los poderes públicos de las Islas Baleares para valorar su impacto en la situación de las mujeres y los hombres como colectivo.
El informe de impacto de género también se hará extensivo a los anteproyectos de presupuestos. También se obliga a las administraciones a aprobar planes de igualdad.
El proyecto de ley tiene incidencia en ámbitos como el educativo, en el que se establece la necesidad de garantizar que en los centros se pongan en marcha proyectos coeducativos que fomenten la construcción de las relaciones igualitarias de las mujeres y los hombres en base a criterios de igualdad. En este sentido, se deberá garantizar que en todos los centros haya una persona responsable de la coeducación.
También afecta a ámbitos como el acceso al empleo, en el que se incentivará la contratación estable y el ascenso a niveles superiores de las mujeres. El Servicio de Ocupación de las Islas Baleares no pueda tramitar ninguna oferta de empleo que pueda ser discriminatoria por razón de sexo.
También se favorecerá la consecución de planes de igualdad en las empresas y se fomentará la inclusión de cláusulas destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva.
Con esta normativa, el Govern pretende "ir más allá" de una declaración de intenciones y fija por ley derechos y obligaciones en materia de igualdad, tanto en la administración pública como en entidades privadas.
La ley se enmarca en el cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad del ejecutivo y demuestra la transversalidad de las políticas de igualdad en todas las consellerias y en todas las instituciones.
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