jueves, 26 de noviembre de 2015

¿Se manipulan los datos de mujeres asesinadas en España?

Joaquim Bosch Grau
Joaquim Bosch Grau, portavoz de Jueces para la Democracia. MÁS INFORMACIÓN
Desde la llegada de Carlos Lesmes a la presidencia del CGPJ, este Observatorio ha bajado de perfil y ha ralentizado la emisión de informes sobre este fenómeno delictivos que, en lo que va de año, se ha cobrado la vida de 48 mujeres y de 6 niños (en 2014 fueron 58 mujeres muertas y 4 niños asesinados).
Asì, el último análisis exhaustivo de las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales en España data del año 2011. En este informe se estudian las circunstancias que rodearon a cada uno de los asesinatos y homicidios juzgados dicho año, con el fin de extraer conclusiones y recomendaciones para prevenir estos delitos.
En un comunicado, JpD demanda que faciliten los informes que analice los datos sobre el funcionamiento del sistema judicial (medidas cautelares, medios personales, elementos técnicos, aplicación normativa y jurisprudencial etc.) “y lo haga en un periodo de tiempo razonable, ya que el último ‘Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja’ se refiere a sentencias dictadas en 2013” y en un periodo de tiempo menos dilatado” en el tiempo.
El análisis de los datos, en especial sobre la forma en que ha funcionado el sistema judicial ante los delitos de violencia de género y las posibles deficiencias observadas, “son de gran utilidad" para lograr una adecuada respuesta judicial, conocer mejor las circunstancias que rodean estos crímenes y detectar las "mejoras que pueden introducirse en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones dictadas en los procedimientos sobre estos delitos”.
Los especialistas destacan que los bienes jurídicos lesionados en estos delitos, “tales como la libertad, dignidad de las personas, derecho a la no discriminación, integridad física y psíquica e incluso el derecho a la vida, bien merecen este trabajo que propicie la tutela judicial efectiva de las mujeres que sufren estos delitos”.
JpD reclama “un nuevo esfuerzo de formación” ante las recientes modificaciones legales para los magistrados y magistradas, así como para todos los especialistas que intervienen en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de las resoluciones sobre violencia de género.
También destacan que la “dotación adecuada de recursos y medios humanos en los servicios de prevención, atención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones, está directamente relacionada con la eficacia de la ley y por tanto con una necesaria disminución de los delitos de esta naturaleza”. 
Por ello, los medios económicos que se aporten “determinaran, de forma relevante, si el compromiso de los poderes públicos e instituciones está dotado de la veracidad, responsabilidad y seriedad que les son exigibles”.