Lo hicieron un grupo de legisladoras radicales, que exigen políticas
concretas para acabar con este flagelo. Críticas y reclamos al gobierno.
Marcelo Piaser/Sábado 16 de Mayo de 2015-
En Argentina, cada 31 horas una mujer muere por su
condición de mujer, es lo que desde noviembre de 2012 se conoce como
femicidio, un agravante del delito (aunque no una figura penal autónoma). Y
ayer el crimen de María del Carmen Saldaño en manos de su ex marido dejó
en evidencia que Mendoza no escapa a este flagelo que no se detiene. Por eso,
un grupo de legisladoras radicales piden que se declare la
Emergencia por violencia de género en la provincia.
El proyecto ingresó a la Legislatura a los pocos días de
que se aprobara el pedido de la senadora del Frente de Izquierda, Noelia
Barbeito, de que Mendoza adhiera el próximo 3 de junio a la marcha #NIUNAMENOS,
en contra de estos casos.
La diputada Lorena Meschini pide que se declare
Emergencia Pública por Violencia de Género en Mendoza, con las firmas de
adhesión de las diputadas provinciales Beatriz Varela, Pamela Verasay,
Liliana Pérez y Julia Ortega; y contó con el apoyo de las senadoras
provinciales Claudia Najul, Milagros Suárez, María Quiroga y Norma Corsino,
junto a la legisladora nacional Patricia Giménez y la candidata a
vicegobernadora Laura Montero.
La iniciativa argumenta que el incremento de los hechos
de violencia de género y femicidios que ocurren en la provincia necesita de la
implementación de medidas urgentes que permitan abordar la problemática
"de una forma rápida y eficiente".
Lo que pretenden es que Poder Ejecutivo Provincial
disponga y reasigne las partidas presupuestarias necesarias para la prevención
y tratamiento de la violencia contra las mujeres. Además, se invita a los
municipios a sumarse a esta iniciativa.
“Este problema necesita la formulación y ejecución de
políticas públicas contundentes. El 50% de las mujeres asesinadas en nuestro
país son víctimas de violencia de género, generalmente en un ámbito doméstico”,
señalan.
“La sensibilización sirve para movilizar, pero si
no tenemos políticas públicas y profesionales preparados, la cantidad de
femicidios, no van a bajar en números”, agregan.
"Ni el Gobierno nacional, ni el provincial, destinan
los fondos necesarios para la correcta aplicación de la ley. Tampoco prioriza
el funcionamiento óptimo de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad
dependiente del gobierno provincial”, dijo Meschini y agregó: “La realidad nos
muestra a diario que una ley o política pública sin presupuesto adecuado no es
aplicable, y que el Gobierno de esta forma pasa a ser de un facilitador a un
organismo burocrático que no puede brindar las soluciones requeridas”.
Para la legisladora, “el proceder del oficialismo se
agrava aún más con anuncios de medidas nunca concretadas por parte del
gobernador Francisco Pérez, como el refugio para mujeres víctimas de violencia
de género o cuando no son contestados los innumerables pedidos de informes
realizados al respecto por nuestros bloques en ambas Cámaras, violando la
legislación vigente”.
Además, Meschini denunció que no se avanzó en la
elaboración y aplicación de los Protocolos para el abordaje de Violencia
Doméstica y Reglamentación de la adhesión a la Ley 26.485, como prometió el
gobernador en 2014.
Lo hicieron un grupo de legisladoras radicales, que exigen políticas
concretas para acabar con este flagelo. Críticas y reclamos al gobierno.
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