viernes, 29 de abril de 2016

La pensión alimenticia debe ser proporcional a los ingresos



El Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 18 de marzo de 2016, ha vuelto a recordar que no puede aplicarse el mínimo vital que vienen estableciendo los juzgados y Audiencias.
El padre percibió subsidio por desempleo hasta el 13 de abril de 2012, pero sin que a la fecha de las sentencias conste que lo perciba, ni preste servicios laborales, así como que vive con su madre y ésta le ayuda en los gastos ordinarios. Así mismo que la esposa no presta servicios laborales fijos, realizando trabajos de limpieza esporádicos como camarera de piso, debiendo asumir el pago del alquiler de 300 euros en donde reside con el hijo común.
La discrepancia se encuentra en que la sentencia de la Audiencia entiende que 63 euros mensuales no dan cobertura al “mínimo vital” y el interés del hijo es prioritario.
La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2015, Rc. 2899/2013 contiene las siguientes declaraciones: 
i) De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico (SSTS de 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013). De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención. Por tanto, ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC (STS 16 de diciembre de 2014, Rc. 2419/2013). 
ii) Lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante.
Tal doctrina se reiteró en la sentencia de 2 de marzo de 2015, Rc. 735/2014, en la que recoge que: «El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el art. 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el art. 146 CC. Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades. 
La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los art. 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al art. 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el art. 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres. »
En esta línea jurisprudencial se ha venido pronunciando la Sala en sentencias posteriores, como la de 10 de julio de 2015, Rc. 682/2014; 15 de julio de 2015, Rc. 1359/2014 y 2 de diciembre de 2015, Rc. 1738/2014.
Acudiendo a la doctrina a que se ha hecho mención y a la penosa situación del mínimo vital de la unidad familiar, resulta ilusorio querer salvar el “mínimo vital” del hijo, pues en tales situaciones el derecho de familia poco puede hacer, a salvo las posibilidades que se recogen en las sentencias citadas, debiendo ser las Administraciones públicas a través de servicios sociales las que remedien las situaciones en que tales mínimos no se encuentren cubiertos.
Aquí se ha de estar al criterio de proporcionalidad y, por ende, la sentencia recurrida, con fundamento en él, no justifica la mayor pensión alimenticia que fija respecto a la establecida en la primera instancia.

Requisitos para que los Tribunales acuerden una custodia compartida

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Paloma Zabalgo,  abogada.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 2016, establece la obligación de los padres al solicitar la guarda y custodia compartida, de concretar la forma y contenido de su ejercicio a través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las partes implicadas, aportando los hechos y pruebas en que se fundamenta dicha pretensión.
De este modo, el Tribunal Supremo nos indica que ante una petición de guarda y custodia compartida, deben concretarse en la demanda todas las cuestiones que puedan acreditar a los padres para el cuidado de sus hijos. 
Estas cuestiones contemplarían:
  • Todos los aspectos relacionados con el cuidado y escolarización de los menores
  • La disponibilidad horaria para poder ejercer el cuidado de los menores
  • La distancia existente entre los domicilios de los progenitores, y entre éstos y el colegio de los niños
  • Los periodos de convivencia con cada progenitor
  • Los criterios para la adopción de las decisiones relativas a los menores
Y estos medios de prueba, en un procedimiento de familia, habitualmente los constituyen los certificados del colegio. Tanto de quién es el progenitor que lleva y recoge a los niños, como de quién es el que acude a tutorías y realiza el seguimiento de la evolución escolar. Es cierto que en la práctica, los centros escolares cada vez se muestran más reacios a realizar este tipo de certificados ante la solicitud de los progenitores para aportarlos en la demanda, si bien, pueden ser solicitados por oficio judicial, o incluso en algunas ocasiones los propios peritos adscritos al equipo psicosocial del Juzgado son lo que se ponen en contacto con el colegio para verificar dichos datos.
Estos datos son un medio de prueba relevante para poder conocer si ambos progenitores están implicados en el cuidado cotidiano de sus hijos. Cuando ambos padres están implicados en ese cuidado cotidiano, por lo general, esta situación puede responder a un simple reparto de tareas entre ellos.
También puede utilizarse como prueba el certificado del horario laboral de los padres. No es lo mismo un progenitor que tenga un horario laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y no pueda recoger a sus hijos del colegio, que aquel progenitor que realiza viajes constantes y tiene horarios muy amplios, porque su disponibilidad horaria demuestra que ha sido el otro progenitor quien se ha estado encargando de los niños.
Así, también es habitual que se solicite a los padres que pidan un certificado a los médicos o pediatras a los que llevan a sus hijos, para acreditar su implicación.
El informe del equipo psicosocial, aunque no resulta vinculante, si es orientativo porque comprende un detallado trabajo de investigación sobre la verdadera realidad familiar. Este informe, unido a las demás pruebas, constituye otro aspecto clave para que el Juez pueda fundamentar su decisión.
Ante un procedimiento judicial, no solamente tenemos que limitarnos a solicitar la custodia compartida, sino que debemos probar cómo ha sido ejercido el cuidado de los niños, y cómo va a continuar ejerciéndose, poniendo a disposición del Juez todos los datos y fundamentos en los que basamos nuestra petición, que siempre debe estar sometida al interés y beneficio del menor.
En los escritos de demanda, los profesionales cumplimentamos estas cuestiones, probamos por medio de los documentos de los que disponemos cómo se ha ejercido los cuidados de los niños, proponemos un régimen de estancias, cómo se van a adoptar las decisiones, la pensión de alimentos a favor de los hijos (y en su caso a favor del progenitor más desfavorecido según la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2015) y, en definitiva, proponemos al Tribunal un sistema de custodia compartida que sea lo más favorable posible para el cuidado de los menores.
En mi experiencia, los juzgados suelen establecer un régimen de estancias con carácter semanal, atribuyendo el uso y disfrute del domicilio familiar a los menores y a un progenitor, en el tiempo de estancias que le pueda corresponder. El uso y disfrute, en la mayoría de las ocasiones, se atribuye con carácter alterno, o bien con una limitación temporal, si la vivienda fuera propiedad de ambos progenitores.
Y siempre, ese régimen de custodia compartida deberá establecerse por y en beneficio de los menores.

El Tribunal Supremo desautoriza la tesis de muchos juzgados para denegar la custodia compartida

El argumento de muchas Sentencias para no acordar la guarda conjunta es que si los progenitores pactaron en su día en el convenio regulador la custodia materna sería porque en ese momento consideraron que éste modelo de custodia amparaba mejor que ningún otro el interés del menor, y si ésta ha venido desarrollándose sin ningún problema y el hijo se relaciona normalmente con el padre, no conviene introducir ningún cambio.
Aprovechando la magnífica relación con la hija y que comenzaba su etapa escolar, el padre presentó una demanda de modificación de medidas.
Tanto el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de Sevilla como la Sec. 2.ª de la AP de Sevilla, utilizando el anterior argumento, desestimaron la petición del padre de instaurar la custodia compartida.
El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación en su Sentencia de 26 de junio de 2015, ha echado por tierra los razonamientos jurídicos que llevaron al Juzgado y a la Audiencia Provincial a rechazar la custodia compartida.
Señala el alto tribunal que “lo que la sentencia dice es que ambas partes convinieron las medidas que habían de regir en el futuro sus relaciones y en ellas se dispuso que la menor permaneciera bajo el cuidado cotidiano de su madre, por lo que no resulta oportuno la modificación de la medida, alterando una situación “que se viene desarrollando de forma adecuada y que responde a lo querido por los progenitores”. Nada más dice. Nada dice que el padre es “buen padre de familia”, como señala el juzgado en la sentencia que ratifica la Audiencia, circunstancia que no se niega ni se discute, y nada argumenta tampoco sobre la evolución natural de la menor desde que el convenio se aprueba hasta ahora especialmente referida a un momento importante como es para la niña el del inició de su etapa escolar, y la menor dependencia de sus padres… La sentencia solo ha valorado el convenio regulador anterior sin tener en cuenta este cambio de circunstancias que propician un régimen de custodia distinto, como tampoco ha tenido en cuenta el hecho de que en el tiempo en que aquél se firmó era un régimen de custodia ciertamente incierto, como ha quedado demostrado con la evolución de la doctrina de esta Sala y de la propia sociedad”
La sentencia- sigue señalando el Tribunal Supremo- no concreta el interés de la menor, en la forma que esta Sala ha señalado con reiteración. La sentencia petrifica la situación de la menor desde el momento del pacto, sin atender a los cambios que desde entonces se han producido. En primer lugar -STS 18-11-2014-, el hecho de que haya funcionado correctamente el sistema instaurado en el convenio no es especialmente significativo para impedirlo, lo contrario supone desatender las etapas del desarrollo de los hijos y deja sin valorar el mejor interés del menor en que se mantenga o cambie en su beneficio este régimen cuando se reconoce que ambos cónyuges están en condiciones de ejercer la custodia de forma individual, como resulta de la sentencia de 29 de noviembre de 2013.
En 2º lugar, lo que se pretende con esta medida -dice la misma sentencia- es “asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor” y, en definitiva, “aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos”.
En 3º lugar, la rutina en los hábitos de la niña que resultan del régimen impuesto en el convenio regulador no solo no es especialmente significativa, dada su edad, sino que puede ser perjudicial en el sentido de que no se avanza en las relaciones con el padre a partir de una medida que esta Sala ha considerado normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, de una forma responsable.
Por consiguiente, la valoración del interés de la menor no ha quedado adecuadamente salvaguardado. La solución aplicada en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta los parámetros necesarios, y ello sin perjuicio de que esta medida pueda ser revisada cuando se demuestre que ha cambiado la situación de hecho y las nuevas circunstancias permiten un tipo distinto de guarda o impiden el que se había acordado en un momento anterior.
Por último indicar que tampoco ve obstáculo alguno el Tribunal Supremo en la circunstancia de que la sentencia que aprobó el convenio regulador fuese de fecha de 12 de mayo de 2011 y que la demanda de modificación de medidas se presentase el 20 de abril de 2012.

jueves, 28 de abril de 2016

Juez retrogado sobre el divorcio y los hijos

“Es mejor que el juez decida sobre los hijos”

Y. TENA SOLA-VERA , 27/04/2016 
El juez de Familia de Castellón, José Luis Conde-Pumpido, el encargado de decidir con quién deben vivir los hijos en el caso de que los padres no se pongan de acuerdo, y quien dicta cientos de sentencias cada año, aseguró ayer a Mediterráneo que “lo mejor, desde el punto de vista legal, es que sea el juez quien decida; que el criterio del magistrado esté por encima de cualquier preferencia para que la decisión sea la acertada y beneficie siempre al menor, cuyo interés es lo más importante”.
Conde-Pumpido explicó que, en la actualidad, al existir la ley valenciana que impone la custodia compartida como medida preferente, la mitad de los divorcios acaban amistosamente, porque se han fomentado, así, los diferentes acuerdos.
EL DINERO Y EL TRABAJO.
El juez de Familia de Castellón indicó que, cuando los padres tienen ideas distintas y el divorcio es contencioso, “los jueces debemos tener en cuenta una serie de criterios como son la capacidad --tanto económica, de interés o de tiempo-- de los padres; su disponibilidad en base a la conciliación de la vida familiar y laboral; los apoyos familiares con los que cuentan --como los abuelos--, así como, en muchos casos, las preferencias de los propios niños respecto a vivir con uno o con otro”.
EL PSICÓLOGO FORENSE 
En este último sentido cobra especial protagonismo el papel del perito psicólogo forense. “Este elabora un informe sobre el menor, al que entrevista y evalúa, y, posteriormente, en el juicio, se tiene en cuenta su valoración para dictar una sentencia que beneficie siempre al menor, por encima de todo”. Y concluyó: “A veces los padres no pueden, no saben, y la custodia compartida no es lo acertado”.
Nota: ¿Decidir sobre los hijos? cunado no están especializados en temas de Familia y sobre todo, no conocen a fonda cada pareja que decide divorciarse. ¿Quieren ser dioses, unos simples funcionarios de carrera? Ni en el Siglo XVIII. Y no hablamos de lo deficiente de la Justicia española.

¿Qué hacer con la hipoteca tras el divorcio?

rastreator.com/Abril de 2016
Un divorcio no es un trámite agradable. No es sólo que sea una experiencia complicada desde el ámbito personal, sino que además suele conllevar una buena cantidad de trámites legales. Uno de los más complejos es qué hacer con la vivienda en la que se reside, especialmente si con ella viene una hipoteca.
No es fácil decidir quién se queda con la casa, o si se vende o no. La hipoteca puede complicar todavía más esta decisión, ya que,  seguir pagando las cuotas todos los meses de forma conjunta a pesar de que el matrimonio haya cesado su convivencia. 
La titularidad de la vivienda
El 1º punto a tener en cuenta es a quién pertenece la vivienda. Si el domicilio es propiedad de uno sólo de los cónyuges porque su compra fue anterior a la formación del matrimonio o este se hubiera constituido con separación de bienes, la hipoteca estará concedida también a uno solo de los cónyuges. En este caso, no habrá que proceder a dividir la deuda ni ninguna otra fórmula.
Las complicaciones tras el divorcio surgen si, como es habitual, tanto la titularidad de la vivienda como la de la hipoteca correspondiente están a nombre de ambas personas. En ese caso hay que encontrar una solución para que cada uno pueda seguir por su lado sin arrastrar la deuda pasada. 
Vender la vivienda, la opción más sencilla
Una de las opciones más sencillas que puede escoger una pareja que se divorcia en estas circunstancias es la de vender la vivienda que tienen en común. De esta manera, con el dinero que se obtiene, se podría cancelar la deuda pendiente con el banco.
Dependiendo de los años que se lleve pagando la hipoteca y del estado del mercado inmobiliario, el dinero que se obtenga de la venta será suficiente o no para hacer frente a la deuda pendiente. Hay que tener en cuenta además que liquidar la hipoteca no solo supone pagar la deuda que quede pendiente con el banco, sino también afrontar los gastos de cancelación que puede tener la hipoteca así como los que suponen extinguir la hipoteca en el registro de la propiedad. 
Repartir la casa: compraventa o extinción del condominio
La situación más complicada se produce cuando ambos cónyuges son propietarios de la vivienda y titulares de la hipoteca, pero uno de los 2 quiere seguir residiendo en la propiedad. Es, por otra parte, una de las circunstancias más habituales cuando se produce un divorcio, especialmente si la pareja tiene hijos, ya que se suele preferir que estos sigan en la misma vivienda.
Para resolver este conflicto se puede recurrir a varias fórmulas que tienen distintas características. Una de ellas es la compraventa. De esta manera, uno de los miembros de la pareja le vende su parte de la vivienda al otro. Generalmente, el que se va de la casa vende su parte al que se queda. Esta opción está sujeta a los impuestos de cualquier compraventa particular de vivienda, que puede rondar el 7% del importe, por eso se suele optar por la otra fórmula, la extinción del condominio. 
Condominio
Esta 2ª opción supone extinguir la propiedad común, renunciando uno a su parte a favor del otro. Aunque la fórmula sea distinta a la compraventa, normalmente al llevar a cabo esta práctica también suele haber una contraprestación económica.
Además, esta práctica es más favorable fiscalmente para los implicados. Y es que, aunque el gravamen es distinto dependiendo de cada Comunidad Autónoma, suele ser sensiblemente inferior a los achacados a la compraventa,  entorno al 1,5% del valor de la vivienda. 
La novación de la hipoteca
Aunque haya distintas opciones para deshacerse de la propiedad común al acabar el matrimonio, es muy importante tener en cuenta que la hipoteca es una figura independiente, que no se extingue necesariamente al abandonar la propiedad.
En la mayor parte de los casos, el banco ha concedido el préstamo inmobiliario teniendo como pagadores a los 2 miembros de la pareja, y el hecho de que uno le venda su parte al otro no significa que deje de deber dinero al banco.
La figura por la cual uno de los cónyuges asume hacerse cargo de la parte de la deuda del otro se llama novación. De esta forma, una de las partes (generalmente la que se queda en la casa) compra o asume la titularidad completa de la vivienda a cambio de quedarse el total de la deuda pendiente con el banco.
Pero este proceso no es en absoluto automático. El banco ha concedido un préstamo asumiendo que tendrá 2 pagadores y, por tanto, 2 fuentes de ingresos que son garantía de pago. Por eso, no tiene por qué asumir que se quede sólo uno de los 2 cónyuges como pagador, ya que puede estimar que sus ingresos no son suficientes para el pago.
El banco tiene que estimar conveniente la novación de la hipoteca por uno de los 2 cónyuges. En caso contrario, otra opción es cancelar la hipoteca si es posible y solicitar una nueva a nombre de uno de los 2, o bien renegociar las condiciones del préstamo con la entidad. 
Solicitar una hipoteca
A pesar de que la hipoteca es un producto con unas características y requisitos generales, cada entidad bancaria puede ofrecer en el mercado hipotecas diferentes, en la que cambie no solo las condiciones del préstamo, sino también los términos para la cancelación y la novación.
Por eso, antes de decantarse por una u otra, es fundamental comparar entre las distintas opciones que se encuentran en el mercado. 
Con el comparador de Hipotecas de Rastreator.com, encontrar el producto adecuado es más fácil y rápido.

Custodia compartida e igualdad

27.04.2016 | Parece que el PSPV, desde su particular concepción de la igualdad, pretende derogar la ley valenciana de custodia compartida o modificarla sustancialmente. Recordemos que esta ley considera que ambos padres tienen igual derecho a la hora de convivir y asumir las responsabilidades para con sus hijos, mientras que la norma que sigue funcionando en la mayor parte de España, incluida en la ley de divorcio socialista de 2005, considera la custodia compartida sólo si ambos padres la solicitan, y si no hay acuerdo es la madre la que se queda con la custodia en la mayor parte de los casos. No es, por tanto, una ley igualitaria, en la medida en que no considera capacitados por igual a los 2 progenitores para cuidar de sus hijos, ni reconoce el derecho de éstos para disfrutar por igual de sus 2 padres. De hecho, es una ley marcadamente proteccionista de la madre, anclada en la vieja idea tradicional de familia en la que la mujer se ocupaba de los hijos y el padre trabajaba para su sustento. Tantos años luchando desde políticas igualitarias de género por la equiparidad en los roles y responsabilidades de los padres mientras dura la convivencia, para luego defender la desigualdad cuando ésta termina.
El modelo del PSOE, recordémoslo, creaba la figura de un padre visitante, que tenía a los hijos sólo fines de semana alternos y pasaba una tarde con ellos a la salida del colegio. ¿Es esto igualdad? ¿Realmente beneficia a los hijos? Tener un padre en ocasiones desahuciado económicamente y eternamente enfrentado a la madre no es algo deseable para los hijos. Es cierto que no siempre prima el interés de los menores a la hora de defender un modelo u otro, sino el egoísmo de los progenitores o el deseo de ser solo uno de ellos su principal referencia afectiva y educativa. Pero esto se da tanto en los padres como en las madres. ¿O es que las madres son por naturaleza buenas por ser mujeres y los padres malos por ser hombres? A veces, un cierto discurso desigualitario de género se aproxima peligrosamente a este tipo de maniqueísmo.
La custodia compartida como opción preferencial ha sido un gran paso en el modelo de igualdad entre los progenitores que ya no conviven. Dicha ley no implica una estricta simetría en el desarrollo de las medidas de convivencia, sino un punto de partida igualitario para que luego finalmente se pueda llegar al acuerdo más beneficioso para los niños y más justo para los padres, sean del género que sean. Defendamos leyes igualitarias, primero; luego, entremos al detalle en cada caso concreto.
Nota: ¿Donde se ha llevado a la práctica la denominada Custodia compartida preferente?  Los datos lo niegan de forma abrumadora. ¿Un gran paso? Suerte

miércoles, 27 de abril de 2016

¿Cómo conseguir la custodia de un hijo?



Para lograr la custodia de un hijo hay que demostrar la implicación con el niño, tener tiempo para él y contar con buen asesoramiento legal

Por B. ÁLVAREZ, 18 de abril de 2016

Cuando se deshace un matrimonio o una pareja con niños, su custodia se convierte en una prioridad. Puede hacerse de forma amistosa, mediante un procedimiento de mutuo acuerdo en el que los padres propongan al juez las medidas pactadas. También hay veces en que las posiciones son tan encontradas que el juez es quien dicta las medidas sobre la guarda y custodia, régimen de visitas, comunicación y estancia... Pero, ¿cómo es posible conseguirla? Como se explica en este reportaje, demostrar la implicación como progenitor, tener tiempo para estar con los pequeños, sin menospreciar la importancia de un buen abogado o asesoramiento, son algunas de las claves para lograr la custodia de un hijo.
La guardia y custodia se refiere a la persona que se hace cargo de los niños. Sobre el padre custodio recae la tarea de llevarlos al colegio, al médico, hacerles la comida, vigilar su higiene... todo ello sin menoscabo de los derechos del otro progenitor al tener que decidir sobre las cuestiones de su pequeño. En España, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (2014) al respecto dejan claro que la custodia se otorga a la madre en el 73,1% de los casos, aunque cada vez hay más compartidas. Y sea una u otra, ¿cómo se puede conseguir tener la custodia de un hijo?

1. Tener tiempo a diario para dedicarse al hijo


Al otorgar la custodia de un niño a su padre o su madre, rige siempre el principio del beneficio del menor. Por ello, para obtenerla siempre será favorable demostrar que se tiene el tiempo suficiente para dedicarse a su rutina diaria: llevarlo al colegio, al parque, al médico, estar pendiente de sus deberes y resto de tareas y de sus necesidades personales y afectivas.

2. Alcanzar un acuerdo con el otro progenitor


Lo más positivo para lograr la custodia sin tener problemas añadidos es tratar de alcanzar el acuerdo con el otro progenitor y evitar el rígido y desagradable proceso contencioso, cuya sentencia, además, puede ser insatisfactoria. Se puede conseguir también con más facilidad, si los jueces ven flexibilidad y ganas de incluir en la vida del pequeño de manera efectiva al progenitor que no obtenga la custodia.

3. Demostrar implicación con los hijos


Se tienen muchas más posibilidades de lograr la atribución judicial de la custodia, si se demuestra de forma fehaciente que durante el matrimonio o la convivencia, el padre o madre que quiere la custodia ha tenido una implicación mayor -tanto cuantitativa como cualitativa- con los menores.

También hay más probabilidades, si se demuestra que el deseo de tener la custodia responde al cariño y por el beneficio del hijo, y no a intereses egoístas o espurios, como quedarse en la vivienda familiar, etc.

4. Solicitar la custodia legalmente


Si se quiere la custodia de los niños, se debe solicitar en el juzgado. ¡Actuar al margen de la ley y el sistema es la mejor manera de no conseguirla! Para pedir la custodia de mutuo acuerdo, hay que enviar al juez una demanda de guarda y custodia, régimen de visitas y alimentos de común acuerdo, sometiendo a aprobación judicial la propuesta de convenio regulador que hayan suscrito los progenitores. Deben, además, exponer los hechos (si viven juntos aún o el tiempo que llevan separados, la relación del pequeño con su padre o su madre, etc.).

En el caso en que no exista acuerdo entre los padres, se recurre a la vía contenciosa y, tras estudiar el caso en concreto, el juez valorará las aptitudes de los cónyuges, las relaciones con los hijos, las condiciones y entorno de cada progenitor... antes de dictar una sentencia y otorgar la custodia a uno de los 2 o a ambos.

5. Contratar un buen abogado


Un caso de custodia de un hijo es estresante y agotador emocionalmente, por lo que puede llevar a cometer errores. Aunque siempre es necesario contar con asesoramiento, en el caso de mala o nula relación entre los padres es casi imprescindible.

Puede ser costoso, pero es un tema lo bastante importante como para invertir en un abogado antes que hacer otros gastos. Un experto en derecho de familia puede asesorar acerca de las acciones que pudieran ir en detrimento del caso y dará consejos antes de dar cualquier paso que haga que el juez tenga una imagen negativa de alguno de los progenitores. Lo mejor es contratar a un abogado efectivo que cuente en su haber con éxitos en casos de custodia de un hijo.

6. Tener pruebas y testigos favorables


Pediatras, profesores, compañeros del trabajo, vecinos... Todos pueden haber sido testigos de la implicación del padre y la madre con su niño. Es fundamental lograr probar y acreditar que dar a uno u a otro la custodia será lo más beneficioso para el menor y que es la mejor opción frente a otras fórmulas, como la custodia al otro progenitor o la compartida.

7. Contar con un informe psicológico favorable


El informe psicológico de los expertos es muy importante. Los psicólogos y trabajadores sociales entrevistan a los padres y a los niños, observan la interacción de los pequeños con ambos progenitores y realizan pruebas diagnósticas. Aunque no es vinculante para el juez, casi siempre resulta determinante respecto al tipo de custodia y el régimen de visitas que se establece en la sentencia.