miércoles, 24 de mayo de 2017

LGTB contra la actual ley de violencia sobre la Mujer


Por qué una mujer trans no puede ser juzgada por violencia de género.El caso de una mujer transexual acusada de maltratar a su pareja, también mujer, antes de su proceso de transición, evidencia que el sistema jurídico no tiene en cuenta a las personas trans.
La lucha contra la violencia de género en contextos heterosexuales no puede promover los discursos de odio .
Andrea Momoitio, 23.05.2017
Las generalidades nunca han sido buenas aliadas y, sin embargo, las leyes se construyen a partir de ellas. No puede ser de otra manera porque la realidad es poliédrica y cambiante, igual que la ciudadanía para la que se dictan normas jurídicas. El Estado de Derecho, que rara vez hace honor a su nombre, se vuelve del revés ante nuestro mundo, que es tan complejo como quienes lo habitamos.
El periódico más leído de Bizkaia, El Correo, publicaba ayer una noticia, escrita desde la mismísima transfobia, en la que se narraba la encrucijada judicial ante la que se encuentra un abogado: su clienta, una mujer trans, es acusada de haber ejercido violencia contra su expareja, también mujer. Los hechos denunciados se produjeron antes de la transición social de la acusada por lo que la denuncia fue registrada como un caso de violencia de género, que sólo incluye los delitos de violencia ejercidos en el marco de una pareja heterosexual. Esta ley, una de las grandes victorias del movimiento feminista del Estado español, pretendía, por un lado, garantizar medidas punitivas y de protección específicas y, sobre todo, el reconocimiento social de que la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres responde a una lógica social, cultural, estructural. Los hombres agreden y asesinan más a sus parejas mujeres porque vivimos en una sociedad que permite y legitima la dominación masculina. Ahora bien, y volviendo al inicio, la realidad nos enfrenta cada día a nuevos retos.
El caso es complejo y abre distintas vías para el debate, pero hay una cuestión ineludible: la acusación de violencia no justifica que se cuestione la identidad de género de la acusada. El respeto a la identidad de género es una cuestión de Derechos Humanos. La noticia de El Correo, firmada por Marta Fdez. Vallejo, evidencia la falta de profesionalidad de muchos periodistas y de medios de comunicación, además de una falta de respeto flagrante a la identidad de género de las personas trans. La autora se refiere en todo momento a la acusada en masculino. Ya en 2013, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España instó a rectificar a 11 medios que nombraron en masculino a una mujer trans víctima de violencia de género.
La ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, recoge requisitos suficientes para que resulte muy poco probable que nadie se enfrente a un proceso de transición como estrategia jurídica. La noticia de El Correo señala que la acusada cumplió con los requisitos para conseguir la rectificación registral de la mención del sexo: haber recibido tratamiento hormonal durante al menos 2 años "para acomodar las características físicas al sexo reclamado" (argumenta la ley), haber sido diagnosticada de disforia de género (un criterio patologizante contra el que lucha el movimiento trans), y no mostrar trastornos de personalidad que puedan influir en su deseo de transición.
Una circular de la Fiscalía del Estado español, publicada en 2011, analiza los criterios a tener en cuenta para la actuación del Ministerio Fiscal en materia de violencia contra las mujeres y reconoce a las mujeres trans como posibles víctimas de violencia de género, incluso cuando no hayan accedido a la rectificación registral, una excepción (admito que para mi sorpresa) que busca proteger a las víctimas extranjeras, excluidas por la Ley de Identidad de Género. Este documento evidencia que la ley de violencia de género obvió la existencia de mujeres trans.
El caso que nos ocupa es distinto y no parece que haya jurisprudencia. Una mujer transexual es acusada de ejercer violencia contra su pareja antes de la transición. ¿Cabe sostener que era hombre en la época en la que ejerció presuntamente violencia psicológica contra su pareja? Las vivencias trans son tan dispares como las personas que las viven: algunas personas sienten que habitaban un cuerpo que no les correspondía y otras no describen esa disociación sino una evolución en su identidad. Algunas necesitan que se garantice su derecho a la invisibilidad después del proceso de tránsito, y otras se visibilizan como activistas trans. La mujer acusada de ejercer violencia contra su pareja, según cuenta su abogado en la noticia que publica El Correo, se reconoce como tal desde el nacimiento. No es la única manera de entenderse trans, pero es la suya y, por tanto, en este caso, la única válida.
Pretender que la acusada sea juzgada como hombre, si ella nunca se ha reconocido así, pone de manifiesto la falta de reconocimiento de su identidad y favorece la preocupante distinción entre las mujeres de verdad y las otras, una categorización claramente tránsfoba y, desgraciadamente, muy presente también entre cierto sector del movimiento feminista. Lo cierto es que lo trans cuestiona muchos de nuestros planteamientos y propuestas, que se han basado tradicionalmente en la búsqueda de políticas públicas y propuestas que tratan de subsanar las desigualdades entre hombres y mujeres cisgénero. La sociedad sigue siendo, al menos en los aspectos formales, binaria y simple; pero la ciudadanía es mucho más cambiante y heterogénea que las leyes. La noticia, si pone algo de manifiesto, es también la lentitud de un sistema judicial que siempre es impuntual.
Por otro lado, descartar que se juzgue a una persona que nunca fue hombre por un delito de violencia de género no implica absolverla. Con el Código Penal en la mano, el art. 153 reconoce como un delito específico cuando la víctima es "su esposa" o una mujer con la que tenga "una análoga relación de afectividad aun sin convivencia. Esta conclusión abre, en todo caso, el debate sobre si la violencia entre parejas del mismo sexo debería tener también un tratamiento específico.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, ha servido para concienciar a la sociedad de la raíz estructural de las violencias machistas en el ámbito de la pareja heterosexual. A nivel formal, lo logramos, pero el número de asesinadas no cesa. La urgencia por evitar que nos sigan matando, sin embargo, no puede evitar que sigamos avanzando para construir leyes y contextos políticos que reconozcan la diversidad de nuestras sociedades pero, sobre todo, esa urgencia no pueden fomentar los discursos de odio contra las personas trans. El titular de la noticia que ha suscitado este análisis decía que "Un acusado de violencia de género se cambia de sexo durante el proceso judicial". Ese titular sí que es de juzgado. De juzgado de guardia, celebrando la diversidad.

¿A qué edad deberían dejar de mantener los padres a sus hijos?

Por qué sorprendió en España que un tribunal llamara "vaga" a una joven de 23 años que quería seguir siendo mantenida por sus padres.
James Badcock, Madrid, 23 mayo 2017
¿A qué edad deberían dejar de mantener los padres a sus hijos?
En el norte de España, un tribunal desestimó a mediados de mayo la demanda de una joven de 23 años de Castro Urdiales, comunidad de Cantabria, que les exigía a sus padres el pago de una pensión de alimentos de US$330 mensuales.
En su sentencia, los magistrados consideraron que la muchacha tenía edad suficiente para buscarse la vida por sí misma.
Según el juez, la conducta de la demandante calificaba como vagancia.
La corte confirmó así la decisión de un Juzgado de Primera Instancia de la localidad que ya había desestimado la demanda de la muchacha.
"Ha sido la propia conducta de la recurrente una vez alcanzada la mayoría de edad, conducta jurídicamente calificable como de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, la que la ha colocado en la situación que actualmente ostenta", consideró el magistrado.
Esta no es la primera vez que la justicia española tiene que tomar decisiones sobre ese tipo de casos.
Aunque por lo general la Justicia suele obligar a los padres a mantener a sus vástagos hasta que alcanzan la suficiencia económica, en este caso los jueces consideran que, a pesar de su edad, la joven nunca finalizó los estudios secundarios, empezó varios cursos "sin obtener resultado alguno" y, aunque estuvo trabajando en Londres, no puso interés en aprender inglés.
Los padres de la joven se separaron en 2012 cuando ella ya era mayor de edad. En aquel entonces el juez no fijó pensión alimenticia para la hija.
Precedentes similares
Aunque el caso no es habitual, no es el 1º de este tipo.
En Cataluña hace 1 año un juzgado dio la razón a los padres de un joven de 19 años que, aunque ni trabajaba ni estudiaba, pedía seguir siendo mantenido.
La tasa de paro juvenil en España sigue estancada en el 43%.
En aquella ocasión el magistrado desestimó su demanda al considerar que su familia no tenía por qué apoyar su "estilo de vida caprichoso".
Pero las decisiones de estos 2 jueces contrastan con muchos fallos anteriores en los que los progenitores sí se vieron obligados a seguir proporcionando manutención a unos hijos que, en ocasiones, habían cumplido hace tiempo los 30 años.
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, asegura que cada vez son más los padres que piden asesoramiento legal para lidiar con las demandas de sus hijos.
La crisis económica que sufre España desde hace más de un lustro disparó la tasa de desempleo juvenil: aunque, según la Encuesta de Población Activa, en 2016 la cifra se situó en torno al 43%, durante un tiempo llegó a superar el 50%.
Esta falta de oportunidades laborales ha provocado que muchos jóvenes sigan dependiendo económicamente de sus padres años después de terminar sus estudios.
Y es que de media, los españoles abandonan la casa familiar a los 29 años, según la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.
Los que sí ganan
Las sentencias de Cantabria y Cataluña, sin embargo, no podrían ser más diferentes de lo ocurrido en casos como el de Clara, de 33 años, quien tiene una maestría y está en edad de trabajar.
Un tribunal de apelación de la región de Galicia (noroeste del país), sin embargo, decidió que su padre debe pasarle una pensión mensual de US$500 hasta que encuentre un empleo.
"Lo realmente sorprendente de este caso, sin precedentes, es que el juez no estableció un límite", explica Rosario Bello, representante legal de Clara.
Tanto que la manutención podría acabar convirtiéndose en una pensión de por vida.
1 de cada 3 jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no completó la educación secundaria.
"No existe un reglamento que determine el tiempo que los padres deben mantener a sus hijos", explica la abogada.
"Normalmente el límite se establecía a finales de los 20, lo que permitía a los hijos cursar estudios superiores o incluso hacer una maestría antes de incorporarse al mundo laboral", dice Bello.
"La crisis, sin embargo, ha hecho que esto cambie".
A pesar de que la economía española lleva 2 años en proceso de recuperación, la tasa de paro juvenil sigue estancada en el 43%.
Un porcentaje muy alto pero que tiene justificación en que muchos jóvenes españoles siguen estudiando hasta casi cumplir 30 años.
La cruda realidad, sin embargo, es que menos del 40% de la gente joven tiene un empleo remunerado, de acuerdo a un estudio publicado en abril por La Obra Social la Caixa.
En el informe titulado 'Paro juvenil y pobreza: ¿un problema estructural?' su autora, Begoña Cueto, de la Universidad de Oviedo, explica que "la relación entre baja formación y desempleo de los jóvenes es un círculo vicioso difícil de romper".
Según el reporte, 1 de cada 3 jóvenes de entre 25 y 34 años no completó la educación secundaria y comenzó a trabajar sin cualificación durante la época del boom de la construcción en España.
En 2008 estalló la crisis y la mayoría de ellos quedó desempleado.
"Uno de los desafíos clave que debe afrontar nuestro sistema educativo es la reducción de la tasa de abandono escolar, independientemente de la situación económica del país", plantea Cueto.
Mientras tanto, muchos jóvenes siguen viviendo de sus padres y se aprovechan de la tradicional solidaridad de las familias españolas.

sábado, 20 de mayo de 2017

IU: La imposición de custodia compartida es nociva e inaceptable

EFE, 19.05.2017
Izquierda Unida considera que la custodia compartida es una buena opción si es consensuada de mutuo acuerdo por los progenitores, pero cree que su imposición es una medida "inaceptable y nociva".
Esta semana en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, indicó que aboga por la inclusión de la figura de custodia compartida en el Código Civil, una modalidad que considera que ha de normalizarse pero no imponerse de manera automática.
Al respecto, Izquierda Unida ha afirmado que nunca apoyará un desarrollo legislativo que contemple la imposición de la custodia compartida, ya que supondría "un retroceso en los avances conquistados por las mujeres".
Si no existe un acuerdo de cooperación entre los padres, los efectos de la custodia compartida "son muy negativos para la autonomía y los derechos de las mujeres, dado que se las obliga a mantener un tipo de relación con el padre que pueden no desear", ha indicado en un comunicado la responsable federal del Área de la Mujer de IU, Maite Mola.
Nota: La legislación sobre el divorcio en España, es un negocio para las mujeres divorciadas, y consecuentemente para los partidos políticos que buscan sus votos.

ESPAÑA: Se producen más de 90.000 divorcios al año

Divorcios, ¿Cómo encontrar al abogado adecuado para un trámite tan personal?
Durante un trámite relevante como el divorcio la figura del especialista que lo gestione toma importancia.
LUIS CIFUENTES, 19/05/2017
Ya sea de mutuo acuerdo, contencioso, con custodia compartida o régimen monoparental, en España se producen cada año más de 90.000 procesos de divorcio en los que se ven involucradas las familias afectadas. Debido a las graves consecuencias que el proceso tendrá para ellas también toman importancia los abogados especialistas que les representan en el proceso.
Durante el 2015 en España se divorciaron más 96.000 parejas, según los datos publicados por el INE a finales de 2016; una tasa del 2,1 por cada 1000 personas, según Eurostat, que se sitúa por encima de la media europea.
En la mayoría de los casos el divorcio no es un mero trámite, con todo lo que está en juego es necesario encontrar al abogado especialista más indicado para llevar el caso. Para facilitar la búsqueda de abogados especializados nacen plataformas como Easyoffer con la que más de 20.000 personas en toda España han encontrado al profesional que necesitaban para su caso.
Internet ofrece una gran puerta de acceso a abogados, pero también se trata de una entrada sin filtro; en ello radica la importancia de esta plataforma que facilita la conexión entre las personas que inician la tramitación de un divorcio y los abogados adecuados para su situación particular; ofrece la posibilidad de ser contactado por 3 profesionales, seleccionados por especialidad y localización, para poder comparar y elegir al candidato idóneo para el caso.
Un especialista para lo que más importa
Más allá del coste económico del divorcio, que de por si resulta preocupante para muchas parejas, existe también el coste que tendrá para las personas afectadas a otros niveles, especialmente en el caso de haber menores implicados.
El divorcio y las modificaciones en los núcleos familiares producen un gran impacto en los menores involucrados. La conflictividad que se genera en la pareja durante y con posterioridad a la separación no sólo tiene efectos en su relación, en el caso de los hijos estas situaciones llegan a afectar incluso a su rendimiento educativo, como muestra el estudio de 2017 conducido por Sandra Escapa. 
La fluidez del proceso y sus resultados son importantes.
En España hay más de 142.000 abogados ejerciendo la profesión según el censo de colegiados, una amplio abanico para elegir en los casos de divorcio que suponen un trámite muy personal y relevante para el que, dentro de los especialistas en la materia, es necesario encontrar al abogado adecuado ya que hay mucho en juego.
Nota: Desde la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) Tenemos convenios de Colaboración con prestigiosos despachos de abogados con más de 30 años de experiencia en derecho de familia. Garantizamos la Profesionalidad. El resultado final, la sentencia, depende del Juez que lleve tu caso, pero hay que ponérselo difícil.

viernes, 19 de mayo de 2017

Negocio: Vivienda y violencia de género

Las mujeres víctimas de violencia de género son el sector más perjudicado por los desahucios.
Así lo señala un informe de Amnistía Internacional, que asegura que «la crisis de vivienda en España no ha terminado»
abc.es/05/05/2017
El derecho a la vivienda en España «no está protegido adecuadamente» según denunció este jueves el investigador de Amnistía Internacional (AI) Koldo Casla durante la presentación de un informe en el que también se constata la «poca o nula información y el estigma» que padecen las personas desahuciadas en España.
El documento, llevado a cabo por Casla con el título «La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España», revela que, 10 años después del inicio de la recesión económica, «la crisis de vivienda en España no ha terminado».
Además, la ONG añade que «las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil».
«La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión», ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos. «Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución», añade.
La organización también lamenta que no existan datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, al no distinguir entre locales comerciales y viviendas, por lo que Suárez-Llanos ve «imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas».
Derecho de segunda categoría.
En este punto, Amnistía Internacional lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo.
AI explica que, aunque según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, las mujeres víctimas de violencia de género deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección lo que supone que, en la práctica, la mayoría de las víctimas no logre el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.
«La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social», añade Casla, para quién el acceso a la vivienda «no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos».
Madrid y Barcelona, a la cabeza.
El informe de AI indica que, en 2016, se produjeron 34.193 desahucios por impago de alquiler, 144.055 desde 2013. Asimismo, el año pasado, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo la hipoteca o alquiler, situación que afectó al 17,3% de los hogares monoparentales.
Del total de desahucios que tuvieron lugar en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos, con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente, según se indica en el informe.
En Madrid, AI hace referencia a la situación de las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento.
Tras entrevistarse con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, denuncia que «los gastos de alquiler subieron y muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública» por lo que los afectados «siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución».
En Cataluña, Amnistía Internacional indica que, a pesar de que se han dado «pasos positivos» sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos «no siempre se cumplen».
Como consecuencia, añade, «no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo» a las personas en riesgo de exclusión social cuando existe una demanda de desalojo, especialmente cuando afecta a menores, personas con discapacidad o problemas de salud mental, o personas de avanzada edad.
AI precisa que España destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia. El país también se sitúa a la cola en gasto público en vivienda pues España es uno de los que menos gasto público destina a este servicio, el 0,5%, en comparación con otros como Francia (1,44%) o Eslovaquia (0,61%).
Recomendaciones.
A tenor de los resultados, AI ha formulado una serie de recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda. Así, pide al Gobierno español que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpore salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad.
También considera que se debe adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados.
Asimismo, aboga por presentar un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, cree que se debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico.
En el caso de comunidades autónomas y ayuntamientos, pide que se destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y que evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres.
También se reclama a Cataluña que mejore la coordinación de los servicios sociales, de vivienda y de víctimas de violencia de género, y que asegure la efectiva aplicación de los protocolos; mientras que en Madrid subraya que se ha puesto en marcha la campaña «El derecho a la vivienda #NoSeVende», para proteger a los afectados por la venta de viviendas sociales.
En este sentido, solicita a este gobierno autonómico que restablezca las prestaciones sociales para garantizar que los inquilinos pueden hacer frente a todos los pagos y pide a las autoridades locales y autonómicas que deben evitar los desahucios de viviendas sociales si no hay garantía de una vivienda alternativa.

jueves, 18 de mayo de 2017

El Gobierno se compromete a "normalizar" la custodia compartida si no hay maltrato

La ministra de Sanidad insistió en la necesidad de que los jueces puedan analizar cada caso y que, en las ocasiones en que exista acuerdo, dispongan del recurso a la custodia compartida.
S. R., EP, Madrid. 17.05.2017
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha pedido buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de cara a "normalizar" la custodia compartida en toda España, para que sea un instrumento en el ordenamiento jurídico, aunque nunca si existen conflictos o violencia machista.
"No se trata de imponer la custodia compartida sino de normalizar el recurso a la misma y que este recurso exista en todo el territorio nacional, facilitando el trato cotidiano y frecuente de los niños con sus progenitores y reduciendo el nivel de conflicto de la pareja", ha indicado Montserrat en respuesta a una interpelación urgente de Ciudadanos.
La ministra ha insistido en la necesidad de que los jueces puedan analizar cada caso y que, en las ocasiones en que exista acuerdo, dispongan del recurso a la custodia compartida por si consideran que es la fórmula más adecuada, teniendo en cuenta: que prime el interés superior del menor y evitar la imposición de esta fórmula en caso de conflicto extremo y violencia machista. "En ningún caso en las situaciones de violencia de género, ante estas situaciones solo cabe tolerancia cero", ha precisado.
Asimismo, ha apostado por que cada fórmula de custodia se prevea con la "suficiente flexibilidad para posibilitar la adaptación a posibles cambios a la situación de partida y en aras del interés del menor".
Por su parte, la diputada de C´s Melisa Rodríguez ha recordado que con Alberto Ruíz-Gallardón como ministro de Justicia ya se aprobó por mayoría en la Cámara Baja una moción que instaba al Gobierno a, en un plazo de 6 meses, hacer las modificaciones necesarias para impulsar la guardia y custodia compartida en España poniendo el derecho del menor como prioridad; un punto que también se recoge en el Pacto de investidura firmado entre Ciudadanos y el PP.
"Desidia" del Ejecutivo
"Lamentablemente tengo que hablar de la desidia del Gobierno en esta materia porque si se ha tenido que traer este tema otra vez al Congreso es porque no se ha hecho nada", ha señalado Rodríguez. 

También ha hablado de desidia para referirse a la ausencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en este debate, ya que a él iba dirigida la interpelación inicialmente.
Para Montserrat, la custodia compartida "no puede ser impulsada únicamente con el apoyo del PP y Ciudadanos" ya que suponen la mitad de la representación en el Congreso y, por tanto, "la mitad de la sociedad". En este sentido, ha considerado "imprescindible el apoyo de otros grupos" para obtener "un apoyo mayoritario" ante un tema que supone una gran preocupación para la sociedad.
En este sentido ha señalado que "lo importante será la moción" consecuencia de esta interpelación urgente que se debatirá en el Pleno con la que, a su juicio, se podrá ver qué grupos defienden el interés del menor y apoyen "la introducción de este modelo en el Derecho Civil".
Distinción por regiones
Rodríguez también ha puesto de manifiesto la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas pues mientras en Cataluña el porcentaje de sentencias en las que se concede la custodia compartida aumentan hasta el 40%, en otras como Extremadura solo alcanzan el 8%. "No puede haber distinciones cuando se trata del interés superior del menor", ha defendido.
En este sentido, Montserrat ha reconocido que "no puede ser que haya unas comunidades autónomas que tengan este derecho reconocido en su propio Derecho Civil y otras no" y por ello ha indicado que es algo que hay que "modificar".
Finalmente, tanto la ministra como la diputada de Ciudadanos han coincidido en la obligación de ambos progenitores para ejercer la corresponsabilidad tanto si están juntos como separados.
"La familia es nuestra razón de ser y es compromiso de este Gobierno avanzar hacia la corresponsabilidad y la conciliación introduciendo el modelo de guardia y custodia compartida en el Derecho Civil, y ahí nos vamos a encontrar para trabajar y llegar al consenso", ha concluido Montserrat.

En Otros Medios: La Vanguardia,
Nota: Más de lo mismo, de lo que ya esta regulado, y solo crea conflictos.

C´s solicita al Gobierno regular la custodia compartida en España

La portavoz del GPCs, Melisa Rodríguez, exige al PP que cumpla el punto 38 de las exigencias de Ciudadanos
Fuente: Ciudadanos (C’s) - 17.05.2017
La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que “se pongan en marchar de forma urgente las medidas necesarias para regular la custodia compartida en España” y que se tenga en cuenta que “siempre tiene que primar el interés y bienestar del menor”.
En este sentido, Rodríguez ha criticado que “debido a esta falta de regulación a nivel nacional, se ha creado un mapa de perversión sobre la custodia compartida ya que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan los progenitores, la normativa varía”.
“Ciudadanos no va a hacer oídos sordos porque eso sería ahondar en la desigualdad de género, ahondar en que no prime el interés del menor”, ha manifestado la portavoz de la formación liberal.
Por todo ello, Rodríguez ha exigido al Ejecutivo que “cumpla con el punto 68 de las exigencias de Ciudadanos” que dice que hay que impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer siempre el interés del menor y siguiendo las directrices de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
“A ver si, de una vez por todas, desbloqueamos este asunto”, ha sentenciado Rodríguez que ha concluido su intervención plenaria dejando claro que “Ciudadanos va a seguir dando la lata para defender la igualdad y los derechos de los ciudadanos y los niños de este país y para que todos los cambios que la sociedad ya ha asumido, pero el Gobierno no, lleguen y sean una realidad”.

Nota: C´s no tiene pensado modificar la actual ley del divorcio, y por lo tanto tampoco la Guarda y Custodia. Piden, como siempre, la Custodia Compartida de Mutuo Acuerdo, no en los procesos contenciosos. Y que nos digan que entienden por "Interés Superior del menor".