La Ley de Tasas Judiciales, en vigor desde el
pasado 21 de noviembre, ha generado una oposición frontal en todo el
sector.
Aunque hay procesos y colectivos exentos, la gran mayoría de los
usuarios de la justicia afronta tasas para poder hacer uso de ella.
Sobre todo cuando es necesario presentar un recurso o apelar una
resolución.
Según el presidente del Consejo General de la Abogacía,
Carlos Carnicer, se impide, de facto y por motivos económicos, el acceso
de muchos ciudadanos a la Justicia, que, en su opinión, "es el umbral
para poder ejercer todos los derechos recogidos en la Constitución
Española".
Por su parte, un grupo de más de 100 profesionales ha
presentado una demanda ante la Audiencia Nacional,
Y el PSOE, a
propuesta de la Plataforma Justicia para Todos va a presentar un recurso
ante el Tribunal Constitucional.
Es una tasa, no es un impuesto, pero funcional como el IVA: todo el
mundo tiene que pagar por igual, con exenciones: los que ganen menos de
1.900 euros total.
Hay procesos que están exentos, pero al final, siempre
que sea necesario recurrir hay que acabar pagando...entre 500 y 1.200
euros. A pesar de que, finalmente, los tribunales te den la
razón total.
Por eso, el séctor judicial al completo le planta
cara: Legalitas ha presentado una demanda que firman 120
profesionales, en la Audiencia Nacional .
Así las cosas, la ley está en marcha y la lucha contra
ella está en la calle.
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