Dr. Jaume Cañellas Galindo /23/01/2011,
Un informe concluye que el llamado Síndrome de Alienación Parental,
usado supuestamente por madres para lograr la custodia, carece de
validez científica.
Nuevo (y severo) toque de atención del Gobierno a los jueces,
fiscales y peritos judiciales que siguen empleado el llamado Síndrome de
Alienación Parental (SAP) en vistas y sentencias. "Perversión
jurídica", "montaje", "cúmulo de despropósitos" o "fraude de ley" de
"peligrosas consecuencias para la mujer y la infancia" son algunas de
las recomendaciones que se van a hacer llegar a los juzgados, fiscalías,
colegios de abogados, psicólogos, médicos y organizaciones de
asistentes sociales. Es decir, a todos aquellos profesionales que
intervienen cuando una pareja está inmersa en un proceso de divorcio y
uno de los cónyuges -en el 89% de los casos el hombre, según datos de un
exhaustivo informe oficial elaborado por el Observatorio de Violencia
Doméstica y de Género- acusa al otro de manipular al menor para que
sienta aversión hacia él.
Lorente asegura que el falso argumento ha tenido un efecto devastador.
El informe insiste en que ni la Asociación de Psiquiatría de
Estados Unidos, ni la Asociación Española de Neuropsiquiatría ni la
Organización Mundial de la Salud conceden validez científica al SAP o lo
consideran un trastorno verificado por la comunidad científica. El
Síndrome de Alienación Parental -hasta los años 90 se denominaba
Síndrome de la Mujer Maliciosa- es un término acuñado por Richard
Gardner, un psiquiatra militar norteamericano que en la década de los
80` lo definió como trastorno mental invalidante para ocuparse de
los hijos. Es, según él, "una campaña de denigración injustificada
contra un progenitor alienado", para que el menor rechace vivir con él o
acudir a las visitas. Se aplica sobre todo en algunos estados
estadounidenses, Argentina y España.
La Asociación de Psicólogos de
estos 2 últimos países avalan el SAP, la comunidad médica no lo
rechaza -el Colegio de Médicos entiende que es una decisión que
corresponde a cada profesional- y otro tanto ocurre con el Colegio de
Abogados.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha tenido en cuenta
en las alegaciones de algunos procesos revisados. En este contexto
variopinto, algunos jueces lo aplican a rajatabla. Y eso es, sobre todo,
lo que preocupa al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y
al Observatorio. La polémica, 7 años después de la 1ª sentencia
española que tomaba en consideración el SAP, continúa.
El pronunciamiento oficial sobre este supuesto síndrome constituye
una vieja reivindicación de las asociaciones de mujeres, que reprochaban
a la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el silencio del Gobierno.
Ahora como secretaria de Estado, y con Leire Pajín como ministra, el
Ejecutivo asume su inexistencia y tiene previsto hacer público el
informe en los próximos días.
Los jueces de sesgo machista, que en palabras del delegado del
Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, son "pocos pero
ruidosos" figuran como objetivo principal del informe. En él se parte de
la base de que "las creencias de género están presentes en nuestros
tribunales" y advierte: "En el ámbito judicial este presunto síndrome ha
provocado un efecto devastador en muchos menores y en sus madres al
considerar a los niños y niñas como mentirosos y a las madres como
enfermas mentales", al tiempo que alerta de que, bajo el disfraz de
palabras distintas, dado el descrédito creciente del SAP como tal, se
sigue empleando en los juzgados. Es la gran anomalía que intentamos
corregir, concluye Lorente.
La fiscal de la Sala Delegada contra la Violencia de Género,
Soledad Cazorla, ya advirtió en 2007 a los fiscales que reflexionaran
antes de considerar el SAP, y el Consejo General del Poder Judicial, a
través de Paloma Marín, recordó un año después la potestad de los jueces
de no asumir "de forma acrítica" los informes de los peritos y citó
expresamente aquellos que daban validez científica al SAP: las
comunidades de Madrid, Asturias y Murcia y ciudades como Barcelona,
Málaga, Valencia, Pontevedra y Sevilla, entre otras.
Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres
Separadas y activa coordinadora del informe, "siempre confían en el SAP
los mismos jueces, y los abogados de los litigantes lo saben. Siempre
ratifican las mismas audiencias provinciales", y cita a algunas del Sur.
Añade: "Con este informe esperamos acabar con semejante barbaridad".
Pérez del Campo destaca entre todas las sentencias analizadas en el
informe una de Cataluña de 2009, en la que se aportaron 8 informes,
7 contra el síndrome y 1 acusando a la madre de trastornada
manipuladora. El tribunal hizo caso de este último y desechó los otros
para quitarle la custodia de los hijos y otorgársela al padre.
Numerosas asociaciones de padres separados y la mayoría de las que
reivindican la custodia compartida de los hijos más pequeños creen que
el SAP es una triste realidad, independientemente de cómo se denomine.
Continua el reportaje aquí
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