La reducción en el IRPF por Pensión Compensatoria

.... se puede aplicar desde que se firma el convenio regulador.
Una sentencia del Tribunal Supremo contradice el criterio de Hacienda, que establece como inicio para que el cónyuge pagador se beneficie de la misma la fecha de la sentencia de divorcio.
Solo en el 7% de los divorcios se estable una pensión compensatoria.
La Razón/Salvador Salcedo/ 27.11.2024
La mayor parte de los divorcios que se produjeron en España el pasado año lo fue de mutuo acuerdo, según un estudio del INE. 

Conforme refleja el citado análisis estadístico, solo en el 7% de estas separaciones se estableció una pensión compensatoria, que en más del 90% de los casos comprometió el marido a pagar a la que fue su esposa. 

El Tribunal Supremo ha clarificado recientemente desde cuándo puede aplicar el contribuyente "pagador" la reducción en IRPF por este concepto.

¿Qué es la pensión compensatoria?
El art. 97 del C.Civil define esta prestación como la compensación a la que tendrá derecho el cónyuge al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico. Dicha compensación podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido o también una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

Si los cónyuges no alcanzan un acuerdo sobre el pago de la pensión compensatoria, será el juez quien decida si dicha prestación procede o no. 

En caso afirmativo, determinara su importe teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, como la edad, estado de salud, cualificación profesional, el empleo, los medios económicos o las necesidades. En todo caso, la resolución judicial o el convenio regulador fijarán la periodicidad, forma de pago y las bases de actualización, así como la duración de la pensión o el momento de cese.

¿Qué es la reducción en IRPF por pago de la pensión compensatoria?
El art. 55 de la Ley 35/2006 del IRPF regula la reducción por pensiones compensatorias. De este modo, el importe satisfecho por este concepto reduce la base imponible general del pagador, siempre que dicha prestación haya sido fijada por resolución judicial o convenido regulador aprobado judicialmente, y sin que pueda resultar negativa la base como consecuencia de esta disminución. 

El remanente, si lo hubiera, reducirá la base imponible del ahorro sin que pueda resultar tampoco negativa tras esta minoración.

Para poder aplicar la reducción, es conveniente que la resolución judicial o el convenido regulador precisen claramente el importe a satisfacer en concepto de pensión compensatoria, también en el caso de que se establezca un pago único, dado que el pagador deberá consignar obligatoriamente el NIF de la persona que recibe la pensión compensatoria y las cantidades pagadas por tal concepto en el ejercicio fiscal que corresponda. 

Si el perceptor de la prestación no reside en España y no tiene NIF español, deberá reflejarse el número de identificación que tenga en el país de residencia.

¿Puedo aplicar la reducción en el IRPF por pago de pensión compensatoria antes de que se dicte la sentencia de divorcio?
Esta cuestión ha sido objeto de reciente análisis por el Tribunal Supremo con ocasión del procedimiento de rectificación iniciado por una contribuyente, en el que solicitaba la aplicación de la reducción por pago de pensión compensatoria desde el momento en que suscribió el convenio regulador con su exmarido, algo que le fue denegado por la Agencia Tributaria al considerar que tal reducción solo podía aplicarse desde la fecha de la sentencia de divorcio que ratificó el convenio.

La contribuyente suscribió con su exmarido a finales de diciembre un convenido regulador acordando el pago de una pensión compensatoria, momento el que empezó a abonar dicha prestación. Sin embargo, el juzgado no dictó sentencia ratificando dicho convenido hasta mediados del mes de julio del año siguiente. 

Pese a ello, la recurrente solicitó se le aplicara la reducción por pago de la pensión compensatoria en IRPF desde la firma del acuerdo.

El recurso que interpuso la recurrente ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente fue estimado, ya que, constando la aprobación judicial del convenio, la Sala consideró procedente aplicar la reducción oportuna desde la fecha misma del pacto. Y ello, con tal de que éste hubiera tenido efectiva traducción en la realidad, como ocurrió en el presente caso. No obstante, Hacienda formalizó recurso contra dicha resolución por estar disconforme con tal criterio.

Pensión de Alimentos: Mayoría de edad y relación con su progenitor

Un padre no tendrá que pagar una pensión a su hija de 22 años porque ésta se niega a verlo.
Recibía 349,36 € pero incumplía el régimen de visitas para que el padre pudiera estar con la joven los fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones.
La Razón, Andalucía, 27.11.2024 
El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Almería ha extinguido la pensión de alimentos de una joven de 22 años por la "falta de relación manifiesta" con su padre y su negativa a retomarla pese a los intentos del progenitor para ello.
La juez ha estimado la demanda de modificación de medidas interpuesta por el departamento de Familia de Lealtadis Abogados contra el convenio regulador aprobado en 2008 dentro de una sentencia de guarda y custodia.

En dicha demanda se señalaba que en su día se estableció una pensión alimenticia de 300 €, que en la actualidad era de 349,36 €, así como un régimen de visitas para que el padre pudiera estar con la joven los fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones.
Estas visitas se desarrollaron dentro de un marco de "conflictividad" con denuncias mutuas entre ambos miembros de la expareja, hasta que la madre de la joven denunció al hombre por un presunto delito continuado de abuso sexual.

Debido a esto, no pudo disfrutar de dicho régimen de visitas porque la madre se lo impidió de forma "unilateral", una medida que sería refrendada judicialmente 20 meses después debido a que el "deseo" de la entonces menor era no ver a su padre.
La demanda indicaba también que en febrero de 2017 el padre fue con otra hija suya y con su actual pareja al colegio de su hija, que ya tenía 16 años, para intentar retomar la relación, con el "rechazo total y absoluto" de ella.
Tras este episodio, el progenitor intentó restablecer los vínculos con su hija, remitiéndole burofaxes, sin obtener respuesta.

La juez ha concluido que ha quedado probada "la falta de relación manifiesta del padre con su hija desde hace varios años, imputable de forma principal y relevante a la hija; pues a pesar de los intentos del progenitor de tener relación con su hija, ésta se ha negado".

"Aunque pudiera llegar a entenderse que después del procedimiento penal, teniendo en cuenta los años que transcurrieron sin poder tener contacto el padre con su hija, ésta pudiera mostrar un cierto rechazo, lo que no puede llegar a comprenderse es que después de haber intentado el padre retomar las relaciones con su hija, visitándola e invitando a la misma a eventos familiares, la hija no quiera tener ningún contacto con su padre, no manteniendo tampoco relación con su hermana", ha añadido.

Por ello, ha dictaminado que no puede responsabilizarse al demandante de esa falta de relación, cuando ha reconocido la hija que "no tiene interés" en tener relación con él, acordando la extinción de la pensión de alimentos de la joven.

España 2024: Radiografia de la violencia contra la mujer

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Día internacional de la lucha contra la violencia sobre la mujer: el reto es del feminismo

España registra 1.285 crímenes machistas desde 2003, año anterior a la Ley Integral 1/2004 de violencia de género.

Chantal de la Cruz/EFE, 25 Noviembre 2024 
Un total de 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas y hasta 8 menores han sido víctimas de crímenes vicarios en lo que va de 2024.
Por su parte, cada día se presentan en España más de 560 denuncias por violencia de género y 55 por violencia sexual, 13 de ellas por violación.

La magnitud de la violencia contra las mujeres en España es inasumible, motivo por el que se sigue conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; que se está viendo sacudido por un nuevo crimen machista, dado que una menor de 15 años ha sido asesinada en la provincia de Alicante.

Datos frente al negacionismo
De este modo, es necesario el análisis de la radiografía en cuanto a los datos de los crímenes machistas para combatir las corrientes negacionistas que repiten en redes sociales y diferentes foros que el agresor no suele tener nacionalidad española, o que la víctima sabía donde se metía.

Son 40 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 1.285 crímenes desde 2003.
Este domingo, una mujer de 42 años ha sido asesinada por su marido en Estepa (Sevilla), quien después se ha suicidado; mientras que en la mañana del lunes 25N un nuevo crimen azota Alicante.

2 nuevos crímenes domingo y lunes
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada y la que ha registrado un mayor número de asesinatos en la serie desde 2003, (266), seguida de Cataluña (211), Comunitat Valenciana (162), Comunidad de Madrid (134), Canarias (83), Galicia (71), Castilla y León (64), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (42), Baleares (41), Región de Murcia (35), Aragón (34), Asturias (29), Comunidad Foral de Navarra (15), Extremadura (12), Cantabria (11), La Rioja (8), Melilla (5) y Ceuta (3).

Como consecuencia de estos feminicidios, 463 niños y niñas han quedado huérfanos desde 2013.
El 65% son españolas
La treintena es el grupo de edad en el que se concentra un mayor número de asesinatos (352).
Por detrás, aunque no a mucha distancia, están la cuarentena (298) y la veintena (242). 13 víctimas mortales eran menores de edad y otras 80, mayores de 70 años.

Por nacionalidad, 829 mujeres eran españolas (64,5 %), 438 extranjeras (34,1 %) y en 18 casos no consta su origen. 

En cuanto a los agresores, el 66,6 % eran españoles y el 32,2 %, de otro país.
Un total de 271 hombres se suicidaron tras perpetrar el crimen, el 21,1 %, por lo que no pudieron ser juzgados por sus hechos y otros 168 lo intentaron (13 %).
En la gran mayoría de los casos no constaban denuncias por maltrato contra el presunto agresor, sólo figuraban en el 21,57 %.

Desde el año 2022, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también elabora una estadística de feminicidios perpetrados más allá del ámbito de la pareja o la expareja. En 2022 y el 1º semestre de 2024, 62 mujeres han sido asesinadas por el mero hecho de serlo.
En 36 casos, el agresor fue un familiar, en 17 un conocido y los 9 feminicidios restantes tuvieron una motivación sexual.

 
Violencia vicaria
La violencia que se ejerce contra los hijos e hijas de las mujeres víctimas también es un tipo de violencia de género reconocida.
Como consecuencia de la violencia vicaria, 8 menores han sido asesinados en España este año.
Desde 2013, han sido 61 los feminicidios vicarios contra menores de edad, siendo la inmensa mayoría de ellos perpetrados por sus padres (el 88,5 %, frente al 11,5 % cometido por la pareja o expareja de la madre).
Tras perpetrar el crimen, 34 de los 61 agresores se suicidaron (55,7%), y otros 7 lo intentaron (11,5 %).

A fecha 31 de octubre de 2024, los cuerpos policiales tenían registrados en VioGén a 1.711 menores en riesgo de ser agredidos por sus padres o por las parejas o exparejas de sus progenitoras y a otros 12.282 expuestos a una situación de vulnerabilidad por vivir en contextos de violencia machista.
Según la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, más de 1,69 millones de niños viven en hogares en los que sus madres sufren violencia machista por parte de sus parejas o exparejas.

Denuncias y protección
En España se han interpuesto más de 2,34 millones de denuncias por violencia de género desde 2009.
En el 2º trimestre de este año, último periodo del que hay datos, se presentaron 561 denuncias diarias, 23 cada hora.
Desde 2007, el teléfono 016 ha recibido más de 1,36 millones de llamadas y en la actualidad más de 4.700 maltratadores viven con una pulsera que controla sus movimientos para alertar de un posible acercamiento a su víctima.

En octubre, el Ministerio del Interior registraba más de 100.000 casos de violencia de género con seguimiento policial, el 52 % de ellos relativos a mujeres con hijos menores a cargo y alrededor del 30 % son extranjeras.
1 de cada 5 víctimas de violencia de género sufre maltrato machista por más de un agresor a lo largo de su vida y más de 16.400 mujeres han sido alertadas de que su maltratador ha agredido anteriormente a otras víctimas.

En 2023 se perpetraron un total de 123.452 hechos graves de violencia de género, un 9,8 % más que en 2022 y un 48 % más que hace 5 años, según el Ministerio del Interior.

Violencia sexual
El departamento de Fernando Grande-Marlaska también está registrando un aumento progresivo del número de denuncias por violencia sexual en los últimos años.
Si en 2022 se ponían 32 denuncias diarias por delitos sexuales y 10 por violación, en el 1º semestre de 2024 ya eran 55 las denuncias diarias por agresión sexual y 13 por violación.

En el marco de la violencia sexual, España tiene una deuda pendiente a la hora de dar respuesta a las víctimas de trata y de explotación sexual, sobre las que apenas existen datos y para las que no se dispone de una ley integral.
652 mujeres y 12 niñas víctimas de explotación sexual fueron liberadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 2023. 

De ellas, 294 fueron identificadas además como víctimas de trata.

En este país hay más de 114.000 mujeres en situación de prostitución y al menos un 24,2 % de ellas, más de 27.000, se encuentran en riesgo de explotación sexual, y entre un 8,5 y un 15,4 %, en riesgo de haber sido captada por una red de trata.

España: Validez del Testamento

Notarios lo confirman: En estos casos, el testamento ya no será válido en España.
Existen diferentes circunstancias que pueden provocar la impugnación e invalidez de un testamento en España.
Alejandro Perdigones, 22 Noviembre 2024 
A través de la realización de un testamento, cualquier persona en España puede dejar sus bienes y propiedades a las personas que desee tras su fallecimiento. Eso sí, el testamento debe respetar las disposiciones legales establecidas por el Código Civil español.

Hay que tener en cuenta ciertos aspectos en relación al testamento. 

El 1º de ellos, es que cualquier heredero tiene derecho a renunciar a la herencia dentro de un plazo estipulado.
Por otra parte, los notarios y abogados expertos informan que un testamento puede declararse como nulo. Existen diferentes causas por las que un testamento puede declararse nulo, por lo que quedará sin validez.

Condiciones para que un testamento sea legal
La impugnación de un testamento es un procedimiento complejo. Por lo tanto, debe ser abordado siguiendo una serie de pasos y con el asesoramiento legal adecuado. En este sentido, es preciso matizar que el testador debe cumplir ciertas condiciones al testar para que dicho testamento cuente con validez legal.

Al respecto, los abogados profesionales del bufete ‘Navarro y Navarro’, explican que «la validez de un testamento es un aspecto fundamental en el ámbito legal, ya que determina si el documento es legalmente vinculante y debe ser reconocido y ejecutado de acuerdo con los deseos expresados por el testador. Un testamento válido proporciona seguridad jurídica y garantiza que se respeten los deseos del testador después de su fallecimiento».

Así, estas son las condiciones que se deben cumplir para que un testamento sea legal en España: El testador debe acreditar que cuenta con la capacidad mental adecuada para otorgar el testamento.
El testamento se debe realizar bajo la voluntad libre y autónoma del testador. 

Es decir, no debe haber ninguna coacción o influencia a la hora de realizar el testamento.
Un testamento debe ajustarse a los requisitos formales de la legislación.
La redacción del testamento debe ser correcta.

En caso de que no se cumplan estas condiciones, un testamento puede ser impugnado y perder la validez legal. La invalidez de un testamento debe ser certificada por un juez, siempre que se cumplan algunas de las causas existentes.
Causas para invalidar un testamento
Tal y como hemos comentado anteriormente, existen diferentes circunstancias que pueden provocar la invalidez de un testamento en España, con todas las consecuencias que ello conlleva, especialmente, para los herederos.

Así, según informan los profesionales de ‘Navarro y Navarro’, estos son los 5 principales motivos por los que un testamento puede ser declarado como inválido:Incapacidad mental del testador.
Fraude o engaño.
Errores de forma y de requisitos legales.
Coacción o influencia a la hora de realizar el testamento.
Testamento reemplazado o revocado.

Desde ‘Navarro y Navarro’ manifiestan que «cuando se plantea la incapacidad mental como motivo para invalidar un testamento, es necesario demostrar que el testador no poseía la capacidad mental suficiente para comprender las implicaciones y consecuencias de sus acciones al redactar el testamento. Algunos ejemplos de condiciones que pueden afectar la capacidad mental de una persona incluyen enfermedades mentales, demencia, trastornos cognitivos o lesiones cerebrales».

Hay que tener en cuenta que un testamento puede modificarse tantas veces como se desee en vida del testador. Sin embargo, solamente tendrá validez legal la última modificación realizada. Es decir, si se toma como referencia un testamento anterior, podría ser impugnado legalmente.
Sea cual sea la causa, es imprescindible demostrar con pruebas reales que el testamento se ha realizado de manera ilegal. 

Solamente de ese modo será posible que se ejecute la invalidez del documento.

Feminismo: las insuficiencias de la ley contra la violencia de "género"

Los logros y las insuficiencias de la ley contra la violencia de género 20 años después de su aprobación.
Aunque la norma ha sido capaz de poner los cimientos de un cambio estructural, "para que los agresores dejen de agredir, se necesitan muchos otros cambios" y, sobre todo, recursos suficientes.
Mª Martínez Collado, Madrid, 23/11/2024
Este 2024 marca el 20º aniversario de la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, un hito en la lucha feminista por la protección de las mujeres en el ámbito doméstico, que este 25N se conmemora –si cabe– con más motivo. Su objetivo fue siempre visibilizar y ofrecer una respuesta multidisciplinar ante un tipo de violencia que cada día daña y acaba con la vida de mujeres de todas las edades, clases y orígenes.

Sin embargo, como recuerda en una conversación con Público la abogada especialista en VioGén Amparo Díaz, pese a que la norma ha sido un buen punto de partida, también presenta algunas carencias. Aunque tenía una vocación clara de prevención y protección, pues "buscaba actuar sobre las raíces de la violencia de género, en el ámbito de la pareja", los recursos destinados a estas campañas han sido siempre "insuficientes". En otras palabras, ha sido capaz de poner los cimientos de un cambio estructural, pero "para que los agresores dejen de agredir, se necesitan muchos otros cambios", señala Díaz.

En España, al menos 1.285 mujeres han sido asesinadas desde 2003 en crímenes machistas contabilizados, año en que se comenzaron a registrar oficialmente estos datos. Este año, entre enero y mediados de noviembre, ya son 40 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores. Mientras que, desde el 1 de enero de 2013, 61 niños y niñas han sido asesinados en este tipo de contextos.

¿Qué supuso esta ley para las víctimas?
Uno de los avances más significativos ha sido la creación de los sistemas de protección judicial, que incluyen órdenes de protección de manera más ágil, la asignación de unidades de valoración de violencia de género y la atención psicológica a las víctimas. Estas herramientas han permitido salvar vidas y ofrecer una 1ª respuesta institucional más rápida a estas situaciones de abuso.

Amparo Díaz, abogada: "La ley parecía muy completa en su concepción, pero no se ha garantizado su cumplimiento ni se la ha dotado suficientemente de medios económicos"

Otro de los aspectos más relevantes es la apuesta por impulsar un cambio cultural. Desde su formulación, la ley contempló la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre la violencia machista, especialmente en el ámbito educativo, para "cambiar el proceso de socialización y eliminar estereotipos sexistas", según destaca la especialista Amparo Díaz.

Si bien las asignaturas relacionadas con la igualdad, los derechos sustantivos de las mujeres y la lucha contra el machismo siguen siendo, en muchos casos, marginales en los programas educativos, y los profesionales encargados de implementarlas carecen de la formación necesaria para abordar estos temas de manera sólida.

¿Qué cosas quedan por hacer?
Díaz apunta que "la ley parecía muy completa en su concepción, pero no se ha garantizado su cumplimiento ni se la ha dotado suficientemente de medios económicos", lo que ha derivado en la sobrecarga de los profesionales. 

Este desajuste ha tenido un impacto directo en la calidad de la atención. En muchas localidades, especialmente en zonas rurales, los servicios especializados cuentan con personal a media jornada, lo que entorpece y embarra todo aún más.

Amparo Díaz, abogada: "Hay una distancia enorme entre el sistema judicial y los servicios especializados en atender a las víctimas"

El sistema judicial tampoco ha estado siempre a la altura. Según la abogada, "hay una distancia enorme entre el sistema judicial y los servicios especializados en atender a las víctimas". La ley establece que los servicios especializados puedan hacer valoraciones sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia, pero esta posibilidad "rara vez se cumple".

Entre tanto, las denuncias siguen siendo limitadas y en ocasiones se circunscriben únicamente a los episodios más recientes de abuso. Como explica Amparo Díaz, "la mejor denuncia que puede presentar una víctima es una amplia, que no se limite a los 3 últimos episodios". La falta de seguimiento y la rapidez con que se tramitan los casos sin una investigación más profunda terminan condicionando "demasiado" el proceso.

Entre los aspectos más peliagudos de la ley está la atención a los menores que conviven en hogares donde se sufre violencia machista, pues, según Amparo Díaz, "no ha logrado cumplir" completamente su objetivo de proteger a los niños y niñas, tal y como se establece en su art.19.

En muchos casos, se continúa aplicando el automatismo de considerar que lo mejor para los menores es una relación plena con ambos progenitores, sin tener en cuenta las circunstancias del hogar o los efectos psicológicos de la violencia vivida. Además, a menudo "se externalizan estos estudios a empresas privadas", lo que resulta en informes superficiales y apresurados que "no reflejan la gravedad de la situación". Las cifras de asesinatos por violencia vicaria son la mejor ilustración de esta falta de determinación por parte de las instituciones.

La distancia que separa la norma de la realidad
Desde una perspectiva que excede lo jurídico, Débora Ávila, profesora de antropología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo La Laboratoria, recuerda que no conviene limitar los triunfos a la legislación y la aprobación de leyes exclusivamente. Desde las ciencias sociales se sabe que las normas jurídicas, aunque fundamentales, representan solo el inicio de una lucha.

En su opinión, la ley debe ser vista como un "suelo" y no como el "techo" de la erradicación de la violencia machista, pues la jurisprudencia por sí misma no elimina los estereotipos y prejuicios de género que se reflejan en la práctica judicial, afectando negativamente la protección de las mujeres víctimas de violencia.

A su juicio, "muchas veces" se da por hecho que el sistema judicial, al ser considerado "neutral", resolverá los problemas derivados de la violencia de género. En la práctica, en cambio, esto no ocurre, ya que las mujeres se ven sometidas a cuestionamientos que deslegitiman sus denuncias y perpetúan el daño, como ocurre con el fenómeno del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), en el que Ávila es experta. Por ello, la investigadora aboga por explorar otras formas de justicia que vayan más allá de la condena penal, como la mediación y la reparación, así como una mayor atención a las intersecciones de género, raza y clase.

Las denuncias por violencia de género dividen a España en dos

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De las 26 provincias con mayores cifras en 2023, 23 repiten en los últimos 3 años y retratan las causas estructurales tras las agresiones.
María Alcántara, Madrid, 24 noviembre 2024 
El lugar común de las 2 Españas, también aquí, pero sin el reduccionismo de la ideología, sino multicausal, como es la violencia de género, que este lunes conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Y si tomamos las denuncias como la mayor defensa contra la lacra, el último trienio muestra una España partida en 2. De las 26 provincias que quedan en la mitad alta en 2023, 23 lo estuvieron en los 2 años anteriores también. 

Si tomamos las 20 provincias que quedaron el pasado año por encima de la media nacional, se verá como 18 también ocuparon un lugar en la parte superior de la tabla los 2 últimos años. ¿Por qué? Por provincias, las Islas Baleares registró el número más alto de denuncias en 2023, con 1.310 por cada 100.000 mujeres, seguidas por Castellón (1.273) y por Granada (1.228). En 2022, el tope se dio en Castellón (1.309) y un curso antes, en Guadalajara (1.093 por cada 100.000).

Desde el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer comienzan por subrayar que no existe una única explicación para interpretar el posicionamiento. Motivos culturales, sociales o institucionales pueden explicarlo. "La densidad de población de cada región es destacable, pero también la concentración de personas que pasan por esas ellas. Por ejemplo, las islas suelen tener un índice de denuncias elevado y en parte podría ser por el turismo. El Observatorio crea sus estadísticas y datos a partir de los expedientes judiciales y si se interpone una denuncia por violencia de género a un turista también queda registrado", señalan. 

Esto ayudaría a entender la presencia de los 2 archipiélagos, siempre en la mitad alta, o provincias como las 3 valencias.

Además, también hay que tener en cuenta las zonas rurales donde las mujeres son especialmente vulnerables, sobre todo "en localidades muy pequeñas, donde todo el mundo te conoce, y a la mujer que sufre violencia le resulta más complicado denunciar", explican las mismas fuentes. 

"Es más fácil si tú te acercas a un juzgado, por ejemplo, en Madrid a Plaza Castilla y al salir del edificio nadie te conoce que si lo tienes que hacer en un pueblo aislado o con pocos habitantes. Ellas sienten miedo y vergüenza a enfrentarse no sólo a él, sino también a los amigos, familiares o vecinos", continúan. 

Un argumento reflejado en la estadística, que coloca a territorios como Teruel, Huesca, Zamora, Soria, Cuenca o León con porcentajes menores de denuncias, como si fuese un efecto de la despoblación-dispersión poblacional.

En esta misma línea, explican que también son lugares donde la concienciación y la información es más difícil de hacer llegar. Al contrario, en autonomías con una red amplia, como Andalucía, 7 de las 8 provincias son de la mitad alta, con Córdoba este año justo en el 1º puesto bajo el ecuador, aunque quedó por encima los precedentes.Al contrario, en la mayoría de territorios de la España interior, las cifras son inferiores, con las únicas excepciones de Ciudad Real y Segovia, además de la capital del país. 

Como razona la Federación Española de Asociaciones de Mujeres Rurales, "la percepción de la violencia de género se entiende habitualmente más como una cuestión del ámbito familiar y privado que como un problema social estructural".

A este factor se le complementa que la distribución judicial en España se divide en partidos, no en provincias. En 2005 nacen los juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer, que en la actualidad cuenta con 121 órganos exclusivos en 81 partidos judiciales. Desde el Observatorio explican que la víctima muchas veces no se atreve a denunciar porque no tiene cerca una institución especializada donde se sienta con confianza a la que acudir: "Hay zonas donde tendrían que desplazarse hasta dos horas para poder interponer una denuncia". Como solución, desde los tribunales establecieron la comarcalización de estos juzgados para que estos no sólo tengan competencia sobre la localidad en la que se ubican, sino también sobre los municipios cercanos dentro de una región determinada: 

"Como mínimo siempre hay 1 juzgado por provincia, pero ahora una mujer tendría que desplazarse como mucho 50 km, lo que equivale a una media hora".

Los expertos coinciden en las denuncias como herramientas "clave" de concienciación para erradicar esta lacra: "Pero el peso de la denuncia no puede recaer solo en la víctima, también en todo su entorno familiar, laboral, vecinal...", señalan las mismas fuentes. 

España registra un número creciente de denuncias: en 2023 inscribieron 199.166, algo más que en 2022 (182.078) y 2021 (162.848). Si se valora por número de habitantes, de media en 2023 se interpusieron 812 por cada 100.000 mujeres censadas, cifra que ha visto un aumento respeto a 2022 (752) y 2021 (674).

La falta de denuncias es un aspecto que se aprecia de forma notoria en las víctimas mortales: en el 77% (31) de los 40 homicidios de 2024 no existía denuncia previa. Los datos del año anterior reflejan una realidad similar: el 75% (44) de las 58 asesinadas tampoco la presentaban. A veces, el freno previo a estas situaciones es lo estructural, tal vez la 1ª violencia que hay que anotar en un 25-N.

Rumores: Felipe VI tiene cerrado el acuerdo de divorcio: Viviendas y Pensión compensatoria

Felipe VI tiene cerrado el acuerdo de divorcio con el abogado de Letizia, se lleva 2 casas si hay separación.
Evitan complicaciones legales y mediáticas en el caso de que la relación entre Letizia y Felipe llegue a su fin.
Andrea R., 23 noviembre 2024 
Felipe VI y Letizia Ortiz han cerrado un acuerdo de divorcio con las condiciones más claras hasta la fecha. Según informaciones obtenidas de diversos medios, el monarca ha llegado a un acuerdo con el abogado de la consorte en relación con lo que ocurriría si finalmente la pareja decidiera separarse. 

Entre las condiciones más destacadas de este acuerdo, se incluye la propiedad de 2 viviendas que la esposa del Rey conservaría en caso de una hipotética ruptura.

El acuerdo, que ha sido gestionado de forma privada por los abogados de ambos, parece tener como objetivo evitar complicaciones legales y mediáticas en el caso de que la relación entre los Reyes de España llegue a su fin. Aunque el matrimonio de Felipe VI y Letizia ha sido en su mayoría un éxito público, las especulaciones sobre su vida personal han acompañado a la pareja desde su unión en 2004.

Un acuerdo de divorcio entre Letizia y Felipe VI anticipado y privado
El pacto se habría cerrado en los últimos meses, con el objetivo de aclarar las condiciones patrimoniales de ambos miembros de la Casa Real en el caso de que decidieran emprender caminos separados. A pesar de los rumores de tensiones entre la pareja y la presión mediática constante sobre su relación, la Casa Real ha optado por mantener los detalles del acuerdo bajo estricto secreto. Sin embargo, fuentes cercanas a los implicados han asegurado que Letizia se quedaría con 2 propiedades importantes, como parte de las condiciones acordadas en el caso de separación, sería una de invierno y otra de verano, a otras prebendas.

Estas propiedades, que no han sido especificadas con exactitud, estarían situadas en lugares exclusivos y contarían con un alto valor económico. 

Si bien se ha especulado sobre su ubicación, se rumorea que una de las viviendas estaría en la zona más exclusiva de Madrid, mientras que la otra sería una residencia en alguna de las zonas costeras más codiciadas del país. 

Ambas propiedades quedarían bajo la posesión del Letizia en caso de un divorcio, lo que garantizaría su estabilidad económica.

Letizia recibiría también dinero
Letizia Ortiz, recibiría otras compensaciones, que se mantienen confidenciales. Fuentes cercanas a la reina aseguran que Letizia no solo recibiría una cantidad económica considerable, sino que también conservaría su título de reina consorte, así como ciertos privilegios en términos de la agenda pública y sus funciones dentro de la Casa Real.

A lo largo de los años, Letizia ha logrado mantener una posición de poder y visibilidad dentro de la monarquía española, lo que podría haber sido un factor decisivo a la hora de negociar las condiciones de este acuerdo. La reina, conocida por su inteligencia y su férrea personalidad, ha mostrado una gran capacidad de adaptarse a las estrictas normas de la realeza, pero también ha sido objeto de diversas críticas sobre su relación con la familia de su esposo Felipe, especialmente por su estilo independiente y su imagen pública.