Una vez expuesto como se pueden
perseguir los incumplimientos del régimen de visitas, quiero referirme a
algunos comentarios, incluso «post», que he leído recientemente en los
que se aboga por perseguir a partir del 1 de julio de 2015 los
incumplimientos del régimen de visitas por la vía del art. 225.bis
del Código Penal, artículo que sanciona la sustracción de menores.
Personalmente, no comparto ese criterio.
(.....) un incumplimiento del régimen de visitas nunca puede ser constitutivo de un delito de sustracción de menores porque no concurren los elementos de dicho tipo delictivo, previsto y penado en el art. 225.bis del Código Penal -cuya redacción no se ha visto modificada por la Ley Orgánica 1/2015- que establece que:
«1. El
progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo
menor será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años e
inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad
por tiempo de 4 a 10 años.
2. A los efectos de este artículo, se considera sustracción:
1.º El
traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del
progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o
instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia.
2.º La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.
3. Cuando el menor
sea trasladado fuera de España o fuese exigida alguna condición para su
restitución la pena señalada en el apartado 1 se impondrá en su mitad
superior.
4. Cuando el
sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a
quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las 24 horas
siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata
que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a
dicho plazo de 24 horas, quedará exento de pena.
Si la restitución la hiciere, sin la
comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los 15
días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión
de 6 meses a 2 años.
Estos plazos se computarán desde la fecha de la denuncia de la sustracción.
5. Las penas
señaladas en este artículo se impondrán igualmente a los ascendientes
del menor y a los parientes del progenitor hasta el 2º grado de
consanguinidad o afinidad que incurran en las conductas anteriormente
descritas.»
Evidentemente,
habría que hacer una interpretación muy forzada para subsumir un
incumplimiento del régimen de visitas dentro de dicho precepto, si el
legislador ha destipificado esta conducta, no ha sido porque considere
que ahora merece un mayor reproche penal, sino por todo lo contrario,
porque considera que tales incumplimientos han de perseguirse por la vía
civil.
En cualquier caso, todo lo aquí expuesto, no es más que una opinión personal; con
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 el día 1 de julio
empezaremos una nueva etapa y habrá que esperar hasta que las distintas
Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo se pronuncien y vayan
marcando el camino a seguir.
Hoy más que nunca, os animo, sobre
todo a los compañeros que puedan leer este artículo, a dejar vuestros
comentarios para ver si entre todos conseguimos unificar criterios.
Más información en:
Para todos los que estén interesados en
la modificación del Código Penal y más concretamente en los «Delitos
Leves», os dejo dos enlaces muy interesantes:
«La nueva Circular 1/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre delitos leves» publicado en el Blog de Derecho «En ocasiones veo reos», del Fiscal D. Juan Antonio Frago Amada, en
este post se recogen las pautas que el Fiscal General del Estado ha
dado a los Fiscales en relación con la persecución de los delitos leves.
«Guía
práctica sobre los nuevos delitos leves: 1. Algunas cuestiones de la
Parte general. 2. Los nuevos tipos penales de infracciones leves y su
comparativa con las actuales faltas incluidas en el derogado Libro III
del Código Penal. 3. Tipos penales degradados a delitos leves por el
juego de la cláusula del artículo 13.4. 4. Tramitación procesal de los
delitos leves» publicado por Editorial Jurídica Sepín, cuyo autor es el también Fiscal, D. Pedro Díaz Torrejón.
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