Convergència i Unió quiere que el Gobierno
responda por el descenso de un 40 % de media que han
experimentado los pleitos de particulares con la Administración, según
los datos hechos públicos por el Consejo General de la Abogacía y que
los nacionalistas catalanes achacan a la implantación de las nuevas
tasas judiciales.
MADRID, 16.05.2013 (EUROPA PRESS)
Convergència i Unió quiere que el Gobierno responda por el descenso
de un 40 % de media que han experimentado los pleitos de
particulares con la Administración, según los datos hechos públicos por
el Consejo General de la Abogacía y que los nacionalistas catalanes
achacan a la implantación de las nuevas tasas judiciales.
El estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española
con los datos de los 83 Colegios profesionales de España concluye que
desde la aprobación de la nueva ley de tasas las demandas de
particulares contra las administraciones por asuntos como multas o
expropiaciones se han reducido en más de un 60 % en algunas
comunidades, situándose la media española en una reducción del 40 %.
En la pregunta que ha registrado para su respuesta escrita la
portavoz adjunta de CiU en la Comisión de Justicia del Congreso, Mercé
Pigem, la diputada subraya que "la principal causa para la no
interposición de la demanda para la defensa de su derecho viene
determinada por el hecho de que los particulares no disponen del dinero
que debe depositarse en concepto de tasas en el momento en que ésta debe
interponerse".
¿CÓMO PIENSAN REMEDIARLO?
A su juicio, "se está vulnerando el derecho de acceso a la tutela
judicial efectiva" al impedirse "la principal garantía de los
ciudadanos" como es su derecho a la "reclamación" ante la "posible
arbitrariedad de las administraciones".
Pigem ha lamentado que se estén cumpliendo los peores pronósticos que
hizo su formación durante la tramitación de la ley de tasas y ha
mostrado su "preocupación" al ver demostrado que "alto importe" de
mismas "puede llegar a impedir el acceso a la justicia".
Por todo ello, quiere que el Gobierno le confirme si los datos
aportados por el Consejo General de la Abogacía son los mismos que
maneja el Ejecutivo y que le aclare si va a llevar a cabo "algún tipo de
actuación o reforma legislativa para remediar esta crítica situación de
posible vulneración de un derecho fundamental".
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