CiU contra las Tasas Judiciales: Pide cuentas al Gobierno de Rajoy

Convergència i Unió quiere que el Gobierno responda por el descenso de un 40 % de media que han experimentado los pleitos de particulares con la Administración, según los datos hechos públicos por el Consejo General de la Abogacía y que los nacionalistas catalanes achacan a la implantación de las nuevas tasas judiciales.

MADRID, 16.05.2013 (EUROPA PRESS)
Convergència i Unió quiere que el Gobierno responda por el descenso de un 40 % de media que han experimentado los pleitos de particulares con la Administración, según los datos hechos públicos por el Consejo General de la Abogacía y que los nacionalistas catalanes achacan a la implantación de las nuevas tasas judiciales.
El estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española con los datos de los 83 Colegios profesionales de España concluye que desde la aprobación de la nueva ley de tasas las demandas de particulares contra las administraciones por asuntos como multas o expropiaciones se han reducido en más de un 60 % en algunas comunidades, situándose la media española en una reducción del 40 %.
En la pregunta que ha registrado para su respuesta escrita la portavoz adjunta de CiU en la Comisión de Justicia del Congreso, Mercé Pigem, la diputada subraya que "la principal causa para la no interposición de la demanda para la defensa de su derecho viene determinada por el hecho de que los particulares no disponen del dinero que debe depositarse en concepto de tasas en el momento en que ésta debe interponerse".

¿CÓMO PIENSAN REMEDIARLO?
A su juicio, "se está vulnerando el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva" al impedirse "la principal garantía de los ciudadanos" como es su derecho a la "reclamación" ante la "posible arbitrariedad de las administraciones".
Pigem ha lamentado que se estén cumpliendo los peores pronósticos que hizo su formación durante la tramitación de la ley de tasas y ha mostrado su "preocupación" al ver demostrado que "alto importe" de mismas "puede llegar a impedir el acceso a la justicia".
Por todo ello, quiere que el Gobierno le confirme si los datos aportados por el Consejo General de la Abogacía son los mismos que maneja el Ejecutivo y que le aclare si va a llevar a cabo "algún tipo de actuación o reforma legislativa para remediar esta crítica situación de posible vulneración de un derecho fundamental".