La Consejería de Educación elaboró una guía en 2014, que envió a los centros y publicitó en su web, cuya intención era resolver posibles situaciones conflictivas entre progenitores separados cuando no existiera acuerdo en cuestiones cotidianas como permisos para excursiones, materias a cursar u otras cuestiones que podían afectar a los centros educativos.
CCOO considera que esta guía, que está siendo seguida por los centros educativos, provoca más conflicto del que pudiera haber y convierte al centro en parte del problema cuando no lo es: los centros educativos deben limitarse únicamente a aplicar el código civil y el ordenamiento jurídico incluyendo la presunción de buena fe y los usos y costumbres; es decir, los centros solo deben requerir y solicitar a las familias los datos y firmas que ha pedido siempre de manera igualitaria para todos los alumnos y alumnas y con respeto a su intimidad.
CCOO entiende que se está vulnerando el derecho a la intimidad y al honor con esta guía a las familias y al alumnado porque se les obliga a declarar la situación de convivencia e incluso el estado civil de los progenitores y, en caso de no convivir o haberse separado, se les obliga a pedir las sentencias, hecho insólito y además ilegal. Los centros no pueden exigir ninguna sentencia de disolución de matrimonio porque la Ley de Enjuiciamiento Civil lo prohíbe: solo se puede acceder a las sentencias en sede judicial y por quien ostente un interés legítimo y, de acreditarlo, solo previa disociación de los datos de carácter personal y con pleno respeto al derecho a la intimidad.
Por otra parte, la guía parte de la base de que los progenitores se hayan tenido que separar cuando pudiera ocurrir que nunca convivieron o no se casaron, con lo que esta guía no considera la diversidad de modelos familiares existentes.
CCOO considera que la actuación del personal docente y no docente de los centros educativos ante un conflicto entre progenitores, cuando no sean de convivencia en el propio centro, debe solucionarse fuera del centro y este debe limitarse a aplicar las normas administrativas/educativas.
En caso de que exista un proceso judicial por motivos penales, abierto contra uno de los progenitores, por un lado el centro debe abstenerse de resolver o tomar cualquier decisión que no sea estrictamente administrativa, y por otro, debe cumplir las resoluciones que dicte un juez de lo penal. Es decir, si existe un auto o sentencia que aplica una restricción de derechos debe aplicarla, pero si no existe, de ningún modo debe hacerlo la dirección del centro ya que incurriría en el delito de usurpación de atribuciones judiciales del art. 508.1 del Código Penal. En este caso, deberá ser la parte interesada/perjudicada quien debe aportar la resolución judicial.
Por todo lo expuesto anteriormente, CCOO exige la retirada inmediata de dicha guía ya que se está vulnerando el honor de las familias y del alumnado, ya que al solicitarle sentencia sobre sus padres se le señala y se invade su intimidad así como la de su familia.
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