La
iglesia católica y sus entidades afines es financiada por el Estado con
más de 10 mil millones de euros al año, lo que representa un 1 % del PIB y una parte importante de la quita que se ha hecho a la
Educación y a la Sanidad públicas.
Francisco Delgado, presidente de Europa Laica y Juanjo Picó, responsable del área de comunicación, han presentado -oficialmente- a los medios de comunicación la CAMPAÑA 2014 “Sobre la financiación de la Iglesia Católica por parte del Estado, a través del IRPF y de otros diversos medios”. También han tratado el tema de las exenciones tributarias (como el IBI) y la cuestión polémica de la Ley Hipotecaria.
Europa Laica ha solicitado a los contribuyentes que no marquen las casillas de la “iglesia católica” ni la de “fines Sociales” en la declaración de la renta de 2014, ya que los más de 500 millones de euros que se detraen del IRPF por esta vía, dejan de atender necesidades elementales de toda la ciudadanía, como sanidad, pensiones, servicios sociales, educación u obras públicas...entre otros. Por ello las personas que no indican ninguna casilla deciden, "libremente", que ese dinero se quede en las arcas del Estado, para atender esas necesidades básicas de toda la ciudadanía. Han indicado, como dato relevante, que más del 65% de los contribuyentes al año pasado NO marcaron la casilla de la iglesia católica.
Europa Laica entiende que la casilla de Fines Sociales es una injusta coartada para mantener la financiación del culto, el clero y el proselitismo de la Iglesia católica y, al mismo tiempo, financiar otras fundaciones y entidades de la propia Iglesia, que saca beneficio de ambas casillas.
Es injusto que todos los contribuyentes, católicos o no, financiemos a la iglesia católica, ya que los que marcan la casilla no pagan más, sino que se detrae del conjunto de los ingresos del Estado del Impuesto de la renta.
En cuanto a las inmatriculaciones (usurpaciones) que la iglesia católica viene haciendo y con ello aumentando su patrimonio, se han referido al anteproyecto del Ley del PP, indicando que el propio ministro de Justicia se contradice al proponer un anteproyecto en la que se le retira a la iglesia católica la potestad de ser considerado como entidad pública y a los Obispos como “notarios”, por considerarla no ajustada a Derecho y no hacerlo con carácter retroactivo. Por ello Europa Laica va exigir que se devuelvan a sus propietarios (públicos, la mayoría) todas las usurpaciones realizadas desde que está vigente la norma.
Europa Laica ha solicitado a los contribuyentes que no marquen las casillas de la “iglesia católica” ni la de “fines Sociales” en la declaración de la renta de 2014, ya que los más de 500 millones de euros que se detraen del IRPF por esta vía, dejan de atender necesidades elementales de toda la ciudadanía, como sanidad, pensiones, servicios sociales, educación u obras públicas...entre otros. Por ello las personas que no indican ninguna casilla deciden, "libremente", que ese dinero se quede en las arcas del Estado, para atender esas necesidades básicas de toda la ciudadanía. Han indicado, como dato relevante, que más del 65% de los contribuyentes al año pasado NO marcaron la casilla de la iglesia católica.
Europa Laica entiende que la iglesia católica debe de autofinanciarse y los “fines de interés social” no tienen que depender de la "voluntad mayor o menor" que los contribuyentes expresen cada año, sino que deben formar parte de las políticas públicas de forma directa, dentro de los presupuestos del Estado, de los ayuntamientos y de las CCAA.
Europa Laica entiende que la casilla de Fines Sociales es una injusta coartada para mantener la financiación del culto, el clero y el proselitismo de la Iglesia católica y, al mismo tiempo, financiar otras fundaciones y entidades de la propia Iglesia, que saca beneficio de ambas casillas.
Es injusto que todos los contribuyentes, católicos o no, financiemos a la iglesia católica, ya que los que marcan la casilla no pagan más, sino que se detrae del conjunto de los ingresos del Estado del Impuesto de la renta.
En cuanto a las inmatriculaciones (usurpaciones) que la iglesia católica viene haciendo y con ello aumentando su patrimonio, se han referido al anteproyecto del Ley del PP, indicando que el propio ministro de Justicia se contradice al proponer un anteproyecto en la que se le retira a la iglesia católica la potestad de ser considerado como entidad pública y a los Obispos como “notarios”, por considerarla no ajustada a Derecho y no hacerlo con carácter retroactivo. Por ello Europa Laica va exigir que se devuelvan a sus propietarios (públicos, la mayoría) todas las usurpaciones realizadas desde que está vigente la norma.
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