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La orden de protección de víctimas, prioridad de España, encalla por dificultades técnicas y jurídicas.
Caamaño quiere cerrar un acuerdo antes de que acabe la presidencia pero la CE lo ve imposible
BRUSELAS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La creación de una orden europea de protección de víctimas que se aplicará sobre todo a las mujeres maltratadas, una de las prioridades de la presidencia española, encalló hoy durante la reunión de ministros de Justicia de la UE por las dificultades técnicas y jurídicas que entraña su puesta en marcha, debido a las grandes diferencias entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
En algunos países, las órdenes de protección las dicta un juez mientras que en otros lo hace la policía o incluso los servicios sociales.
El objetivo de esta propuesta es que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que ésta se traslade.
Los 22 países que participaron en el debate público celebrado este jueves expresaron su pleno apoyo político a los objetivos que persigue la orden europea de protección de víctimas promovida por España.
Sin embargo, la mayoría de ministros expresaron reservas de carácter técnico y jurídico a varios aspectos de la propuesta legislativa presentada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Sólo Polonia y Portugal mostraron un apoyo casi incondicional al texto español.
Pese a estas dificultades técnicas, Caamaño se mostró convencido de que será posible alcanzar un acuerdo en junio, antes del final de la presidencia española.
"Siempre hay, cuando se intenta poner de acuerdo a 27 países con ordenamientos jurídicos tan distintos, un trabajo técnico que realizar. Pero yo creo que, como otras muchas veces, superaremos esas dificultades técnicas y llegaremos entre todos a un buen acuerdo", dijo a la entrada de la reunión.
"Políticamente, esta iniciativa cuenta con mi apoyo pleno", afirmó la nueva comisaria de Justicia, Viviane Reding.
Aseguró que el 45% de las mujeres europeas son víctimas de la violencia, en la mayoría de los casos por parte de personas cercanas.
"Es una obligación política desarrollar un sistema europeo de órdenes de alejamiento que permita poner freno a la violencia de género", dijo Reding.
Sin embargo, la comisaria de Justicia criticó el diseño técnico de la propuesta española porque a su juicio sólo cubre las medidas de protección dictadas por una autoridad judicial y deja fuera las medidas administrativas y civiles que se usan en otros Estados miembros para defender a las víctimas.
"Cubrir sólo un aspecto de las medidas de protección reduciría sustancialmente los beneficios de cualquier acción de la UE", afirmó.
"Reconciliar los diferentes sistemas judiciales y administrativos de la UE no es una tarea fácil. Está claro que no podremos desarrollar una orden de alejamiento común antes de junio", aseguró la comisaria.
Y se ofreció a resolver el "problema" de la propuesta española presentando en 2011 una propuesta legislativa sobre las víctimas, lo que incumpliría los plazos que se ha marcado Caamaño.
El ministro de Justicia replicó a la comisaria que el texto español "cubre tanto las medidas civiles como las penales" y que se han buscado fórmulas en las que se sigue trabajando "para evitar posibles problemas de jurisdicciones diferenciadas entre el juez civil y el juez penal".
La propuesta española ha sido suscrita también por otros 11 Estados miembros -Bulgaria, Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Suecia, Rumanía y Portugal-.
Sin embargo, durante el debate incluso estos países se hicieron eco de las dificultades técnicas de la orden de protección.
PUNTOS DE DISCREPANCIA
El principal punto de discrepancia, según se puso de relieve en el debate, es si este instrumento debe cubrir únicamente las medidas de protección dictadas en el marco de procedimientos penales -tal y como defendieron Países Bajos e Italia- o también las medidas civiles y administrativas, posición mayoritaria entre los ministros.
No obstante, otros países como Hungría reclamaron que se distinga claramente entre procedimientos penales y civiles.
Y el representante de Luxemburgo criticó que, con la propuesta española, un ciudadano de su país, donde sólo se aplican medidas civiles para protección de las víctimas de violencia de género, que viaje a otro Estado miembro "podría encontrarse en la cárcel de un día para otro" lo que "pondría en entredicho el derecho a la defensa".
Las posturas también están muy alejadas a la hora de determinar qué Estado miembro debe tener más poder a la hora de ejecutar una orden de protección, si el emisor de la orden o el país donde ha viajado la víctima.
La postura mayoritaria es que se debe dejar al Estado receptor suficiente "flexibilidad" para aplicar las medidas de protección de acuerdo con soluciones adaptadas a su ordenamiento jurídico.
Pero por ejemplo Italia o Francia reclamaron que el control quede en manos del país emisor.
Los ministros de Justicia también debatieron las medidas de protección que se podrán dictar en el marco de una orden europea, como la prohibición para el agresor de entrar en localidades o lugares en la que la persona protegida resida, o la prohibición de aproximarse a la persona protegida.
También aquí hubo discrepancias, entre otros por parte de Suecia, que afirmó que algunas de las medidas propuestas por España no están contempladas en su legislación.
Bélgica, Hungría, República Checa, Países Bajos, Letonia, Rumanía, Chipre, Reino Unido, Suecia, Alemania, Finlandia, Lituania, Francia, Eslovenia, Bulgaria, Austria, Luxemburgo, Estonia, Grecia o Italia, pese a apoyar los objetivos de la presidencia española y elogiar su trabajo en el diseño de la orden de protección, expresaron algún tipo de reparo o duda.
PROTECCIÓN IDÉNTICA
En 2008, se dictaron 118.000 medidas de protección para víctimas de delitos en el conjunto de la UE.
No hay datos disponibles sobre las víctimas que se trasladaron a otro Estado miembro, pero si fuera únicamente el 1% del total ya significaría 1.180 casos al año, según destacan los países promotores de la iniciativa.
La orden europea pretende garantizar que "la persona objeto de la protección reciba en el Estado de ejecución una protección idéntica o equivalente a la que se le habría acordado si la medida de protección se hubiera dictado inicialmente en ese Estado, evitando así cualquier tipo de discriminación".
La orden europea de protección se dictará "exclusivamente a instancia de la persona protegida" y se basará en las medidas de protección acordadas en el país de origen de la víctima.
El nuevo instrumento deberá incluir información sobre:
1.- la identidad de la víctima,
2.- el uso de dispositivos electrónicos de protección que se le hayan facilitado en su país de origen 3.- y un resumen de los hechos que dieron lugar a la imposición de la orden,
4.- así como las medidas de protección concreta y
5.- las prohibiciones que deben imponerse al agresor.
Los Estados miembros estarán obligados a reconocer cualquier orden europea de protección que reciban de otro país y a ejecutar inmediatamente sus disposiciones para garantizar la seguridad de la víctima. Los gastos correrán a cargo del país de ejecución.
Toda denegación de una orden europea de protección deberá motivarse.
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