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Aborto: Caamaño desoye la voz mayoritaria del consejo fiscal y se coloca junto a pumpido a favor del aborto.
Lunes, 6 Julio 2009
Recuerda a los jueces que “ninguna ley les reconoce el derecho a la huelga”
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se desmarcó hoy del informe del Consejo Fiscal que expresa dudas legales sobre la reforma de la Ley del Aborto y dijo apoyar la posición del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que avaló plenamente su constitucionalidad.
Caamaño hizo estas declaraciones en una entrevista a la Sexta, donde aseguró que el Consejo Fiscal ha emitido “una doble valoración” sobre la futura ley del aborto.
El ministro se referió así al informe aprobado por el Consejo Fiscal con 6 votos a favor y 5 en contra, lo que provocó que la minoría progresista emitiera un voto particular con sus razones a favor de la ampliación del aborto.
“A mí personalmente, me gusta la que suscribe el Fiscal General del Estado y creo que la nueva Ley aporta seguridad donde no la había, que es fundamental”, dijo.
Caamaño defendió la reforma legislativa que ha elaborado el Ministerio de Igualdad y que se encuentra en fase de estudio por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
A su juicio, la reforma resulta “imprescindible para dar seguridad dónde no la hay; seguridad a las mujeres, pero seguridad también al personal sanitario que tiene que hacer este tipo de intervenciones”.
MEJORA DE LA JUSTICIA
El ministro habló también de la huelga con la que las asociaciones de jueces amenazan a su departamento y replicó que “los jueces y los magistrados, con la Constitución en la mano, son un poder del Estado, y ni la Constitución y tampoco ninguna ley les reconoce el derecho a la huelga”.
Para el ministro, el motivo del aplazamiento es “el haber constatado la existencia de un proyecto de reforma y modernización convincente firme, el dialogo y el trabajo” durante las negociaciones de los últimos meses.
Caamaño garantizó que “sin duda” se producirá un incremento de la inversión en Justicia durante los próximos años, hasta el punto de hacer realidad “la mayor inversión de la historia de la democracia española al dedicar al proceso de modernización de la justicia 600 millones de euros en 3 años”.
Afirmó que “la justicia necesita un proyecto modernizador, el consenso y el acuerdo de todos los implicados y voluntad de trabajar en un servicio público de calidad para todos”.
Finalmente, anunció que la reforma del Código Penal “está muy avanzada y en pocas semanas e incluso antes se mandará al Consejo de Estado” para que elabore un informe y pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de ser enviada al Parlamento.
(SERVIMEDIA)
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