La región había publicado una oferta formativa en la que incluía contenidos sobre el supuesto síndrome, carente de aval científico.
La Ley de Infancia reclama a los poderes públicos tomar "las medidas necesarias" para impedir que este tipo de planteamientos "puedan ser tomados en consideración".
Sabela Rodríguez Álvarez, 12 enero 2022
La Comunidad de Madrid ha rectificado este miércoles su decisión de incluir cursos formativos en justicia sobre el llamado síndrome de alienación parental. La región había diseñado, dentro de su oferta formativa para empleados públicos, contenido relativo al síndrome, a pesar de no contar con aval científico ni con el apoyo de las principales organizaciones jurídicas. Ahora, el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, confirma que la publicación del curso responde a un "error administrativo" y que será retirado. "Se ha publicado ciertamente ese curso, pero queda retirado. En 2020 se publicó un curso similar, pero fue retirado también. En 2021 ni se publicó ni se llevó a cabo, por lo que queda retirado", ha abundado el portavoz en rueda de prensa.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicado este martes incluía, en su anexo II, la incorporación de una formación en los tribunales sobre "interferencias parentales", brindada a los equipos psicosociales adscritos a los órganos judiciales de la Comunidad Madrid. Este curso abordaría la "introducción teórica al concepto de síndrome de alienación parental y su evolución en el tiempo".
El mismo martes fue objeto de denuncia por parte de Unidas Podemos. Beatriz Gimeno explicaba, en conversación con infoLibre, que el miércoles su grupo presentaría una proposición no de ley pidiendo que se prohíba el uso del síndrome de alienación parental, al tiempo que sopesarían la posibilidad de pedir judicialmente que se excluya esta formación.
El mal llamado síndrome no cuenta con ningún tipo de base científica, por lo que las principales organizaciones lo excluten de sus listados de trastornos patológicos. La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) llegó a pronunciarse contra su uso y señaló hace ya más de una década el "sesgo de género" que atraviesa al síndrome. A nivel jurídico, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha consolidado año tras año su condena ante el uso del síndrome dentro de los tribunales, esencialmente por su "carencia de base científica".
Desde su entrada en el Ministerio de Igualdad, Irene Montero ha clamado contra el mal llamado síndrome y ha reforzado su compromiso por desterrarlo de los tribunales. La reciente Ley de Infancia trata de hacerlo: en su art. 11.3 reclama a los poderes públicos tomar "las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".
Aunque la Comunidad de Madrid rectifica ahora, lo cierto es que la región ha ocupado recientemente titulares por financiar con dinero público a la Fundación Filia de Amparo al Menor, una organización ultra que promueve la aplicación del síndrome y con la que ha colaborado estrechamente el magistrado y exdiputado de Vox Francisco Serrano.
Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha reseñado este miércoles en redes sociales que su grupo estará "vigilante" para impedir que "teorías machistas que vulneran a madres y menores se apoderen de nuevo de la esfera pública".
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