El juzgado embarga a 60 padres divorciados por no pagar la pensión de sus hijos

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JAÉN: El juzgado embarga a 60 padres divorciados por no pagar la pensión de sus hijos
Fiscalía: El año pasado los fiscales abrieron 119 diligencias de investigación por impago de pensiones, y los tribunales emitieron 55 condenas penales.

M. M. Y J. E. P./JAÉN/2009
6 meses sin pagar llevan al deudor a un banquillo de los acusados de lo penal
El paro y el deterioro de los contratos impiden mantener lo que se impuso en buenos tiempos
Muchos acuden a pedir reducción de pensiones


La crisis económica está ahogando a muchas familias jienenses.
Los casi 50.000 parados de la provincia y los muchos miles que malviven con contratos cada vez más precarios y peor remunerados tienen nombres, apellidos y circunstancias personales.
Los divorciados que han perdido su empleo o han tenido que cerrar sus negocios acuden cada vez más a los juzgados para conseguir una reducción de la cuantía destinada a la manutención de sus hijos e incluso, en algunos casos, cancelar la pensión compensatoria que pagan a sus ex cónyuges.
Pequeños constructores, autónomos y empleados vinculados al sector de las construcción son los más perjudicados.


Las solicitudes de modificación de medidas fijadas en las sentencias de divorcio o separación han aumentado «de forma muy significativa» en lo que va de año.
Se espera incluso que vaya a más en los próximos meses, cuando el colchón de las prestaciones por desempleo se vaya consumiendo y los efectos de la crisis asomen con toda su crudeza.
En sus peticiones ante el juzgado, los divorciados en apuros económicos argumentan que se han quedado en el paro o que le han rebajado el salario.


«Lo habitual es que pidan una rebaja, aunque también cada vez nos están solicitando la extinción de la obligación. Se trata en la mayoría de casos de personas que se han quedado en paro, con una prestación que no llega al salario mínimo interprofesional», dicen en el juzgado de familia que funciona en Jaén desde el pasado mes de enero.

En el juzgado se está siendo sensible al problema y se estudia cada caso.
«Se están concediendo en algunos casos, ya que se atiende a que pueden haber variado las circunstancias económicas respecto al momento en el que se fijó la pensión alimenticia», apuntan en el juzgado.


Otras fuentes consultadas indican que un buen número de casos se rechazan:
«En muchas ocasiones porque las cantidades fijadas están tan ajustadas que no se pueden reducir más, ya que garantizan un mínimo de subsistencia para los niños».
Lo mínimo está entre los 100 y los 150 euros mensuales por hijo.
El Código Civil, además, establece que para reducir la medida económica se tiene que acreditar que se trata de una situación permanente y no coyuntural y, desde luego, ajena a la voluntad del pagador.
«Hay quien llega al juzgado con el sello del 1º mes del desempleo pidiendo ya una disminución de la pensión».
Personas que con la excusa de la crisis aprovechan para pedir reducciones sin que su estatus económico haya variado.


«Lo primero es garantizar esa manutención de los menores de edad. Además, los jueces saben que aunque se haya perdido el trabajo, normalmente detrás siempre hay un subsidio, una indemnización por despido a los que se puede recurrir», explica la abogada especialista en asuntos de familia María José Vergara, quien advierte también que las ejecuciones por impago de pensiones, es decir, los procedimientos de embargo se están multiplicando.

En el juzgado de Jaén se han dictado ya 60 en lo que va de año.
El juzgado le ha echado mano a la nómina, a las cuentas corrientes, a depósitos, al coche.
A lo que esté disponible para garantizar el derecho de los hijos a tener sus necesidades cubiertas.
«En el juzgado estamos recomendando a quien no puede pagar un mes que se ponga inmediatamente en manos de un abogado y haga una demanda para que se le reduzca la cuantía. Pero no es bueno acumular meses sin pagar porque pueden verse en un banquillo con una acusación penal contra ellos».


Cuando hay 6 meses sin abono de pensión, Fiscalía toma medidas.
Los acusa de un delito de abandono de familia.
Según datos de la Memoria de la Fiscalía relativos, en un año se incoaron 119 diligencias previas por este delito.
En los juzgados son conscientes además de que hay muchos casos (cuando la relación entre el cónyuge pagador y el que recibe la prestación no está muy deteriorada) que se producen acuerdos en momentos dificultad para pagar.
Al tratarse de un derecho irrenunciable, si la maquinaria de la Justicia tiene conocimiento de falta de atención en los pagos en cualquier momento, actúa de oficio.


Abogados especialistas en el tema indican los jueces «no pueden ser tan rígidos en sus criterios sobre la reducción de pensiones. Es cierto que los hijos son lo primero y hay que garantizarles un mínimo de subsistencia, en eso estamos de acuerdo, pero hay casos y casos». Añaden existen pensiones muy altas, que se fijaron en tiempos de más alegría económica, que no se acepta reducir con el argumento de que se trata de una situación coyuntural.