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Capón a la Administración española en la cabeza del consejero Francisco Granados
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, es el modelo que ha utilizado la revista The Economist en su último número como referente para describir el despilfarro del sistema español.
NUEVATRIBUNA.ES - 9.6.2010.
El artículo comienza describiendo al "político conservador español" como modelo de la manera de ejercer el poder político a lo largo de Europa.
"Trabaja en un palacio rehabilitado con gusto", explica el texto, que describe cómo hay vigilantes en la puerta de la Consejería de Presidencia, situada en la plaza de Pontejos, a espaldas de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que visten de uniforme ("guardias civiles con tricornios") y un ejército de personal de confianza en las dependencias de la consejería.
En la plaza contigua, agrega el texto, "espera su limusina", en referencia al coche oficial.
Pero, inmediatamente después, describe las dificultades a las que un alto cargo como el consejero de Presidencia, Justicia e Interior y 'número 2' del PP madrileño se enfrenta si quiere imponer medidas de austeridad.
Literalmente, se dice que "hombres poderosos como Francisco Granados pierden su poderío cuando se trata de cambiar el status quo".
Y ello se debe, según The Economist, a que los funcionarios españoles tienen su puesto asegurado.
Y pone como ejemplo el anuncio del Gobierno autónomo de recortar 48 de los 125 coches oficiales y rebajar la gama de los vehículos.
"La paradoja es que no puedo deshacerme de los conductores oficiales", se queja el consejero.
Y se recuerda que solo con su consentimiento se pueden modificar los puestos de los funcionarios.
El artículo abunda en algunas de las tesis del gobierno regional que ha denunciado el absentismo entre los empleados públicos cifrándolo en una media del 18% y, sobre todo, criminalizando a los sindicalistas, uno de los caballos de batalla de Esperanza Aguirre y de su equipo.
El semanario asegura que hay "un ejército de 3.242 representantes sindicales" vigilando los convenios y los salarios de la Administración regional, lo que sería un obstáculo para llevar adelante cualquier plan de ahorro.
El reportaje recoge la siguiente radiografía de la población madrileña:
"Casi la mitad de los madrileños depende del Estado en alguna medida" ya que de los 6,5 millones de madrileños, medio millón son empleados públicos.
El resto, continúa, son 1 millón de desempleados, 1 millón de niños y más de medio millón de parados
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