El plan de violencia de género se incumple en justicia, seguridad y educación
CRUZ MORCILLO
MADRID. «Sigo pensando que la ley (contra la violencia de género) es buena, pero no hacemos de eso un dogma y si hay alguna cuestión que se puede mejorar, por supuesto que lo vamos a mejorar». Son declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega hace dos semanas en Níger.
Allí, anunció que el Ejecutivo está a la espera de un informe que evalúa «los resultados de las actuaciones y el impacto» que ha tenido la norma en los tres años que lleva en vigor relacionando el análisis con el recién estrenado Ministerio de Igualdad.
La vicepresidenta no explicó que ese informe es un mandato de la propia ley que figura en la disposición adicional undécima, que fija los 3 años como plazo y determina que lo tiene que elaborar el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas para enviarlo al Congreso. «La ley no está dando los resultados que desearíamos», reconoció De la Vega.
Hasta ayer 29 mujeres habían sido asesinadas por su pareja o ex pareja desde enero (5 de los casos están en investigación), según fuentes del CGPJ.
El año pasado se produjeron 74 crímenes machistas, la cifra más alta desde que se cuenta con datos fiables.
Los expertos desligan las muertes de la eficacia de la ley, pero los datos machacones siguen ahí.
La evaluación debería estar lista para julio, según las fuentes consultadas por ABC, pero es previsible que se retrase hasta septiembre. Y no es el único aplazamiento relacionado con esta norma.
En diciembre de 2006 el Ejecutivo aprobó 20 medidas urgentes y el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, un modelo alternativo a las agresiones basado en el «buen trato».
El plan fija 6 ejes de acción para 2 años y el 1º balance se tendría que haber llevado a cabo en diciembre pasado, pero la primera reunión de expertos encargados de esa evaluación se produjo hace sólo 2 semanas.
Un somero repaso a los objetivos evidencia llamativos incumplimientos.
Seguridad.
Una de las medidas de mayor calado era generalizar un sistema telemático para controlar a los agresores, los llamados brazaletes electrónicos. Hasta ahora sólo la Comunidad de Madrid los ha puesto en marcha en un programa en el que hay una treintena de maltratadores. Son las víctimas las que ven restringida su libertad de movimientos, debido a esta ausencia de control. Tampoco se ha desarrollado un programa informático que siga y vigile a los agresores en todo el territorio.
Sí se ha puesto en marcha la «guía de buena práctica policial» en este tipo de violencia y se ha «protocolizado» la actuación de Policía y Guardia Civil a través del llamado Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género (SSIVG), en el que también participa Instituciones Penitenciarias -cuando un maltratador sale de la cárcel, aunque sea de permiso se activa una alerta-.
Justicia.
El plan avanzaba la creación de nuevos juzgados exclusivos de violencia de género con tendencia a «comarcalizarlos» donde fuera necesario.
Desde la entrada en vigor de la ley en este punto (junio de 2005) se ha pasado de 17 sedes judiciales exclusivas a las 83 que ya funcionan.
Para este año hay 9 juzgados comprometidos por el Gobierno, dado el imparable aumento de denuncias (casi 127.000 el pasado año), pero aún están más que en ciernes.
Además existen otros 375 de los llamados mixtos o compatibles (entienden de violencia sobre la mujer pero también conocen el resto de asuntos penales y civiles), que son los que registran las mayores disfunciones.
No se ha resuelto la llamada comarcalización -creación de juzgados exclusivos para algunos partidos judiciales o que puedan agrupar dos o más partidos-.
Existe un informe favorable del CGPJ desde 2006 pero en el Congreso no ha salido adelante.
La enmienda se retiró de la Ley de Igualdad.
Otro caballo de batalla sin resolver son los programas dirigidos a maltratadores.
El Ejecutivo determinó que se aplicaran criterios únicos para la reeducación de agresores que no tienen que ingresar en prisión y que hubiera centros controlados por los servicios sociales de las prisiones. Los programas aún son claramente insuficientes, tal y como ha revelado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Educación.
Estas medidas eran claves para el Ejecutivo en su cruzada para «avanzar en el derecho de ciudadanía».
Padres, profesores y alumnos recibirían formación en igualdad y resolución pacífica de conflictos y los libros de texto y materiales didácticos se revisarían para eliminar estereotipos sexistas.
De momento, los libros permanecen y sólo en las comunidades que imparten Educación para la Ciudadanía se ha incluido la materia.
La ley quizá ya haya sido evaluada, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, organice la Conferencia de Presidentes monográfica, pero la falta de medios persistirá.
Un curso de formación del CGPJ del año pasado concluye: «No existe en nuestra legislación un plan realmente universal que enfoque jurídico-penalmente la violencia de género».
Uno de los directores del curso fue Miguel Lorente Acosta, recién nombrado Delegado del Gobierno contra la Violencia de Género.
No hay comentarios:
Publicar un comentario