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Los tribunales han anulado una decena de tasas, normas y proyectos de Gallardón
- Desde 2010, la Justicia ha impedido al Ayuntamiento husmear en los cubos de basura o cobrar una tasa de vados abusiva.
- También ha anulado el 'minivaticano', las obras de la M-30 o el proyecto para edificar pisos de lujo junto al Calderón.
- La última decisión de los tribunales ha sido prohibir que la Policía Municipal multe sin bajarse del coche.
Solo si se examinan sus últimos 4 años como alcalde, los tribunales de Justicia se han empeñado en quitarle la razón al hoy ministro de Justicia tanto en sus proyectos de infraestructuras como en las normativas con las que intentó recaudar más dinero para sanear las arcas municipales.
El alcalde quiso multar a las comunidades de vecinos cuyos inquilinos no reciclasen.
La pasada legislatura comenzó con la retirada, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del decreto sobre las tarifas de acceso, estacionamiento y pesaje de Mercamadrid. Sin pasar por el pleno, y pese al dictamen en contra del secretario municipal, Gallardón dio orden de que el mercado central subiese hasta un 30% los precios que cobraba a los 17.000 vehículos que cada día accedían al mercado central.
A continuación vino la anulación parcial de la tasa que el Gallardón endosaba al Gobierno de Esperanza Aguirre por custodiar los vehículos retirados de la vía pública y enviados a los depósitos municipales por orden judicial.
La Sección IXª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó que la subida de los precios no estaba justificada.
En julio de 2010, el TSJM revocó 3 artículos de la Ordenanza de Limpieza.
El más polémico daba al Ayuntamiento la facultad de rebuscar en la basura para multar a las comunidades de vecinos cuyos inquilinos no reciclasen correctamente.
Hasta 57 artículos de la ordenanza de concesión de licencias a locales de ocio fueron rechazados en el TSJM en 2011 por carecer de cobertura legal suficiente.
Devolver lo cobrado.
En 2012, las sentencias que afectan al bolsillo de los ciudadanos han caído una tras otra. Recientemente, el Tribunal Supremo anuló la tasa de vados que los madrileños venían abonando desde 2005.
Desde entonces, y aunque el TSJM ya había fallado en contra de la misma en 2007, el Consistorio había seguido cobrándola hasta recaudar, a día de hoy, casi 197 millones de euros. Los usuarios pasaron de pagar 340 a 1.500 euros por el vado.
A fin de incrementar sus ingresos, el Ayuntamiento había modificado la ley incluyendo como criterio de cálculo de la tasa no solo los metros lineales de calle que ocupaba el vado, sino los m2 del garaje al que daba acceso, lo que provocó subidas, por ejemplo, de hasta 1.100 euros para quien pagaba 340 euros por su reserva de paso.
El 'multazo', es decir el aumento de las sanciones de tráfico hasta un 50%, recibió, igualmente, una sentencia negativa.
La Sala IIIª del Supremo dio la razón a la empresa DVuelta, que denunció la normativa -esta establecía que siempre se impondría la sanción máxima en determinados casos- por "recaudatoria". Los recurrentes calculan en 600 millones lo abonado desde 2005.
Aunque Gallardón dejó la alcaldía en diciembre, suya era también la última normativa derogada, la que permitía a la Policía Municipal enviar una multa al domicilio del conductor acusándole de haber cometido una infracción pese a no haberle retenido en ese momento ni tener fotografía o prueba alguna que identificase su vehículo.
AEA pedirá la revisión de 600.000 multas de tráfico.
Los policías, literalmente, podían multar sin bajarse del coche.
Automovilistas Europeos Asociados ha anunciado que pedirá la revisión de 600.000 expedientes.
La única victoria judicial de Gallardón la logró el 2 de diciembre de 2010, cuando el mismo TSJM respaldó su decisión de ampliar los parquímetros a los barrios exteriores a la M-30, los que no pertenecen a la denominada almendra central.
En este caso, el recurso municipal frente a la denuncia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto sí fue efectivo.
Urbanismo ilegal
Gallardón no ha tenido más suerte con los proyectos urbanísticos.
El acuerdo que permite levantar el 'minivaticano', es decir, los edificios que la Iglesia quiere construir en el Parque de La Cornisa, cerca de Las vistillas, ha sido anulado 2 veces (mayo de 2010 y marzo de 2011). Ello no impidió que el Arzobispado de Madrid continuase unas obras que el propio Consistorio tuvo que detener por ilegales.
También en marzo del año pasado, la Justicia anuló 10 de los 12 tramos en que Gallardón dividió el proyecto de soterramiento y remodelación en superficie de la M-30 y el río Manzanares.
Según el TSJM, el alcalde hizo las obras de Madrid Río por valor de 410 millones de euros de manera ilegal eludiendo realizar la declaración de impacto ambiental.
Las operaciones del Vicente Calderón y el Santiago Bernabéu han sido paralizadas por orden judicial.
Durante el año en curso, el TSJM ha paralizado, además, la ejecución de 2 convenios urbanísticos que afectan a los principales clubes de fútbol de la ciudad.
En el primero, el TSJM prohíbe edificar pisos de lujo de más de cuatro alturas junto al estadio Vicente Calderón.
El convenio incluye el derribo del Estadio de Atlético de Madrid, su traslado al futuro coliseo olímpico de La Peineta y el soterramiento del tramo de la M-30 que permanece al aire libre en la zona.
Además, un juzgado de Madrid ha suspendido el acuerdo para construir un centro comercial adosado al estadio Santiago Bernabéu.
La operación suponía la culminación de las indemnizaciones que el Ayuntamiento debía pagar al Real Madrid por el intercambio de los terrenos de Valdebebas por los de la antigua Ciudad Deportiva de la Castellana.
Debido a la demora en ejecutar la operación de compensación, el Ayuntamiento ha tenido que abonar al club blanco millones de euros en concepto de intereses que ha pagado en suelo.
Consecuencias
En lo que a las normas recaudatorias se refiere, los afectados por la tasa de vados, el 'multazo' o la normativa de la 'multa en casa' tienen derecho a reclamar los importes cobrados.
Gallardón extendió las ayudas sociales de los funcionarios a los altos cargos.
Para quienes no hay remedio es para los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia anuló las ayudas sociales municipales (gafas, prótesis, partidas escolares) que Gallardón extendió de manera irregular a altos cargos de su Ayuntamiento.
Ahora, como parte del plan de austeridad, la sucesora de Gallardón, Ana Botella, ha recortado estos beneficios.
Además, y con el objetivo de reducir la deuda que dejó el hoy ministro de Justicia, la alcaldesa ha elaborado un plan de ajuste que supone recortes en los servicios públicos y subidas de impuestos a los madrileños.
El plan tendrá validez durante los próximos 10 años.
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