http://www.thefamilywatch.org/nos/nos-0508-es.php
Más niños robados por sus padres
Ivannia Salazar - La Voz de Galicia, 25 de junio 2009.
La disolución de un matrimonio entre personas de distinta nacionalidad ha dado como resultado en algunas ocasiones el traslado de los hijos fuera de España por parte de uno de sus progenitores sin el consentimiento del otro.
Y los casos van en aumento, según denuncia el Informe de la Justicia elaborado por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y que este año cuenta con un apartado sobre la situación de la infancia en Cataluña, que alerta del “impresionante” aumento de los casos de sustracción internacional de menores.
Los datos más recientes señalan que en el 2006, último año del que se tienen cifras oficiales, los menores de 16 años sustraídos y trasladados al extranjero por uno de sus padres fueron 178.
Sin embargo, los datos con los que cuenta el ICAB, aportados por el Ministerio de Justicia, no han sido actualizados desde ese año.
De los casos registrados, un total de 59 -algunos de los cuales agrupan a varios hermanos en un mismo secuestro- fueron reclamados por el Ministerio de Justicia, amparándose en el convenio de La Haya, para pedir el retorno de los niños a España y que así la Justicia española pudiera decidir sobre su guarda y custodia, pero desde el ministerio aseguran que no hay datos de cuántos casos han sido resueltos.
Según explicó a La Voz una portavoz de la Fundación Child Care -antes llamada Asociación para la Recuperación de Niños sacados de su País-, entidad que asiste a padres y madres cuyas ex parejas se han llevado a sus hijos, en el 2007 fueron denunciados en su fundación los secuestros de 47 niños, de los cuales solo 1 fue recuperado.
En el 2008, la fundación trabajó en 38 nuevos casos que afectaban a 46 niños, 37 que fueron raptados y 9 que viven bajo amenaza de secuestro.
Y en los últimos 2 años ha abierto 100 nuevos expedientes.
Matrimonios mixtos
El informe del Colegio de Abogados de Barcelona atribuye el aumento de estos casos a la globalización y al auge de los matrimonios entre personas de diferente procedencia.
En esto coincide Child Care, que asegura que la multiplicación de matrimonios multiculturales ha disparado las cifras de secuestros.
Según el ICAB, durante el 2008 España ha registrado un incremento “espectacular” de las reclamaciones de menores sacados del país de forma ilegal y actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores tramita más de 80 casos con niños llevados a diferentes países.
El informe destaca que los países sudamericanos son a los que España más reclama por sustracciones internacionales, aunque destaca que también han aumentado los requerimientos a otros países de Europa, como es el caso del Reino Unido, según Child Care.
La mayoría de las denuncias en España son interpuestas por progenitores residentes en el litoral mediterráneo, las islas Canarias, Madrid, Barcelona y Baleares.
Según los datos del informe, entre 1987 y 1994 se presentaron 266 denuncias, entre el 2000 y el 2002 se contabilizaron 258 casos, y en el 2003, un total de 170
Ante este problema, el ICAB alerta de que la inexistencia de una base de datos de menores a nivel estatal impide además localizar a los que son reclamados a España por otros países.
Este Blog de un Padre Divorciado, con Custodia Compartida pero producto de la injusta normativa vigente: Aquí Encontrarás información sobre lo que sufren los Padres, Madres y sus Hijos;Sobre Actividades: Conferencias, Jornadas,... Se clasifican por ETIQUETAS o TEMAS. Contacta con el grupo de Padres y Madres por la CUSTODIA COMPARTIDA de los hijos en el Foro ó en usedimad@gmail.com ó www.padresdivorciados.es Unete a PAMAC (649 116 241)
sábado, 27 de junio de 2009
viernes, 26 de junio de 2009
El CGPJ y los problemas de la justicia Española
http://es.noticias.yahoo.com/9/20090626/tes-el-cgpj-pide-un-esfuerzo-y-un-gran-p-61bd63d.html
El CGPJ pide un esfuerzo y un "gran pacto de Estado" para erradicar los problemas de la Justicia
Valencia, 26 jun 09(EFE).-
Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando de Rosa y Gabriela Bravo han reclamado hoy en Valencia que la Administración haga "el esfuerzo necesario" para eliminar las "graves deficiencias" que sufren los jueces en el ejercicio de su profesión. De Rosa y Bravo han pedido también "un gran pacto de Estado por la Justicia", nuevas leyes y reformas legislativas que introduzcan "otras vías" para reducir el incremento de litigiosidad registrado por los juzgados.
Así lo han manifestado el vicepresidente y la portavoz del CGPJ tras reunirse con la Junta de Jueces de Valencia, un encuentro que se enmarca en el programa de visitas que han organizado para conocer la situación de los juzgados en la Comunitat y tratar con los jueces los problemas a los que se enfrentan en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Según han declarado De Rosa y Bravo a los periodistas tras la reunión, en la Comunitat hay jueces que trabajan en edificios adecuados y con todos los medios necesarios mientras que otros sufren "graves deficiencias" como la insalubridad de las instalaciones y la falta de personal e "interinidad poco preparada".
"Como responsables del funcionamiento de la Justicia, desde el CGPJ solicitamos a la Administración que haga el esfuerzo necesario para que se solucionen estos problemas", ha aseverado Bravo.
Para la portavoz del CGPJ, no es "ningún secreto" que las deficiencias.
a.- la "gran carga de trabajo" y
b.- los problemas causados por el incremento de la litigiosidad -"por la coyuntura económica y la propia dinámica social"- están afectando de manera "alarmante" a los juzgados.
Así, ha afirmado que en la jurisdicción Social, el incremento de entrada de asuntos de 2008 a 2009 ha sido del 73% y en la de Civil ha sido de un 50-60%, mientras que en la de Mercantil está "prácticamente saturada" a pesar de la creación este año en Valencia de un nuevo juzgado.
Según ha explicado, los informes del CGPJ señalan la necesidad de crear "como mínimo un par de juzgados más", porque, según ha denunciado, los casos no pueden ser absorbidos y no pueden resolverse con la celeridad que corresponde.
"Y no sólo es necesaria la creación de nuevos juzgados sino que también es preciso que todos los grupos políticos apuesten por un gran pacto de Estado por la Justicia", ha defendido.
En su opinión, también es necesaria una "nueva definición" del sistema judicial para que los jueces puedan trabajar en las condiciones que se merecen y los ciudadanos tengan una Justicia rápida y de calidad.
Por su parte, el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, ha declarado que es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales para el partido judicial de Valencia.
"Vamos a trabajar en la creación de órganos de lo Social en Castellón, Elche, Alicante y Valencia así como la propuesta de la creación de juzgados civiles para el año 2010 en la Comunitat, porque el impacto de la crisis está afectando directamente a estas dos jurisdicciones", ha asegurado.
También ha afirmado que, dentro del plan de modernización desarrollado por el organismo, el CGPJ estudia realizar una "apuesta tecnológica" para que los juzgados tengan una intercomunicación telemática "importante" en el 2010.
Según ha considerado, además de la creación de órganos, es necesario apostar por el expediente electrónico y apostar por medidas alternativas a la judicialización: la mediación, el arbitraje y la posibilidad de "que sólo llegue al juzgado lo que sólo pueda ser resuelto por un juez".
El CGPJ pide un esfuerzo y un "gran pacto de Estado" para erradicar los problemas de la Justicia
Valencia, 26 jun 09(EFE).-
Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Fernando de Rosa y Gabriela Bravo han reclamado hoy en Valencia que la Administración haga "el esfuerzo necesario" para eliminar las "graves deficiencias" que sufren los jueces en el ejercicio de su profesión. De Rosa y Bravo han pedido también "un gran pacto de Estado por la Justicia", nuevas leyes y reformas legislativas que introduzcan "otras vías" para reducir el incremento de litigiosidad registrado por los juzgados.
Así lo han manifestado el vicepresidente y la portavoz del CGPJ tras reunirse con la Junta de Jueces de Valencia, un encuentro que se enmarca en el programa de visitas que han organizado para conocer la situación de los juzgados en la Comunitat y tratar con los jueces los problemas a los que se enfrentan en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Según han declarado De Rosa y Bravo a los periodistas tras la reunión, en la Comunitat hay jueces que trabajan en edificios adecuados y con todos los medios necesarios mientras que otros sufren "graves deficiencias" como la insalubridad de las instalaciones y la falta de personal e "interinidad poco preparada".
"Como responsables del funcionamiento de la Justicia, desde el CGPJ solicitamos a la Administración que haga el esfuerzo necesario para que se solucionen estos problemas", ha aseverado Bravo.
Para la portavoz del CGPJ, no es "ningún secreto" que las deficiencias.
a.- la "gran carga de trabajo" y
b.- los problemas causados por el incremento de la litigiosidad -"por la coyuntura económica y la propia dinámica social"- están afectando de manera "alarmante" a los juzgados.
Así, ha afirmado que en la jurisdicción Social, el incremento de entrada de asuntos de 2008 a 2009 ha sido del 73% y en la de Civil ha sido de un 50-60%, mientras que en la de Mercantil está "prácticamente saturada" a pesar de la creación este año en Valencia de un nuevo juzgado.
Según ha explicado, los informes del CGPJ señalan la necesidad de crear "como mínimo un par de juzgados más", porque, según ha denunciado, los casos no pueden ser absorbidos y no pueden resolverse con la celeridad que corresponde.
"Y no sólo es necesaria la creación de nuevos juzgados sino que también es preciso que todos los grupos políticos apuesten por un gran pacto de Estado por la Justicia", ha defendido.
En su opinión, también es necesaria una "nueva definición" del sistema judicial para que los jueces puedan trabajar en las condiciones que se merecen y los ciudadanos tengan una Justicia rápida y de calidad.
Por su parte, el vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, ha declarado que es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales para el partido judicial de Valencia.
"Vamos a trabajar en la creación de órganos de lo Social en Castellón, Elche, Alicante y Valencia así como la propuesta de la creación de juzgados civiles para el año 2010 en la Comunitat, porque el impacto de la crisis está afectando directamente a estas dos jurisdicciones", ha asegurado.
También ha afirmado que, dentro del plan de modernización desarrollado por el organismo, el CGPJ estudia realizar una "apuesta tecnológica" para que los juzgados tengan una intercomunicación telemática "importante" en el 2010.
Según ha considerado, además de la creación de órganos, es necesario apostar por el expediente electrónico y apostar por medidas alternativas a la judicialización: la mediación, el arbitraje y la posibilidad de "que sólo llegue al juzgado lo que sólo pueda ser resuelto por un juez".
Fracasa el Programa de Ayuda al Impago de la Pensión de Alimentos
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Fracasa/ayuda/impago/pension/hijos/elpepisoc/20090608elpepisoc_3/Tes
Fracasa la ayuda por impago de pensión a hijos
La rigidez legal es el mayor obstáculo para el reparto - Sólo 519 niños han podido beneficiarse del fondo
PERE RÍOS - Barcelona - 08/06/2009
Solamente 519 niños se beneficiaron el año pasado del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos que puso en marcha el Gobierno en 2008 para ayudar a las madres o padres separados o divorciados que tengan a su cargo hijos y que no reciban del otro cónyuge la pensión que estableció la justicia.
Se trata de una cantidad ínfima de beneficiarios si se compara con las decenas de miles de sentencias judiciales por impago de pensión de alimentos que se incumplen anualmente en España y, en consecuencia, de las decenas de miles de hijos afectados por esa situación.
Los abogados de familia creen escasos los 100 euros mensuales.
Este año se van a multiplicar las demandas, dicen los matrimonialistas.
El fondo se puso en marcha con una partida de 10 millones de euros a cargo de los presupuestos del Estado, y la cantidad que finalmente se gastó fue de 351.526 euros, según los datos facilitados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que es la encargada de su gestión.
Esa ayuda pública es de 100 euros mensuales por hijo durante un tiempo máximo de 18 meses, ya sea de forma continua o discontinua.
Para poder acceder a ella este año se exige que los ingresos del hogar del progenitor no superen 1,5 veces la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, 9.489 euros al año.
Ese coeficiente aumenta en un 0,25 por cada hijo.
Es decir, el mínimo es 9.489 euros (1,5 veces el indicador) si se trata de un hijo;
11.070,5 euros cuando la pensión debe cubrir los gastos de dos hijos;
12.652 euros para tres, y así sucesivamente, aumentando la cantidad en 1.581,5 euros anuales por cada hijo.
Las abogadas de colectivos feministas que defienden a las mujeres en estos procesos aseguran que la escasa aplicación del fondo se explica por las exigencias que marca la ley para poderse acoger a él, pues cualquier mujer que tenga una ayuda económica del Estado a causa de su precaria situación laboral supera con creces ese tope máximo de ingresos.
Por ejemplo, para una madre con un hijo, no sobrepasar los 9.489 euros supone cobrar menos de 790,75 euros mensuales brutos, suponiendo que la perceptora no reciba pagas extraordinarias. Para un contrato estándar de 14 nóminas al año se trataría de un máximo de 677,79 euros al mes.
A eso se ha de añadir que la ayuda sólo se concede cuando existe constancia oficial en el juzgado de familia del impago de la pensión de alimentos por el otro cónyuge, y cuando se ha agotado la vía ejecutiva contra el deudor.
Es decir, cuando la justicia ya ha constatado la imposibilidad de embargarle los bienes, normalmente al padre, porque la inmensa mayoría de las custodias se conceden a las madres y son ellos quienes han de pagar.
El impago durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos está tipificado como delito en España y se castiga con penas de 3 meses a 1 año de cárcel.
Los 100 euros por hijo que concede el Gobierno tienen la consideración de anticipo y después el Estado se encarga de perseguir al deudor para recuperarlos.
El año pasado se presentaron 872 solicitudes (857 por mujeres y 15 por hombres), que generaron 1.498 expedientes de posibles beneficiarios, uno por hijo.
De ese total, 519 resoluciones fueron concedidas, se denegaron 357, en otros 117 casos hubo desistimiento y los 505 restantes estaban en trámite.
Isidro Niñerola, presidente de la Asociación de Abogados de Familia de España, censura las exigencias legales para acogerse a la ayuda y, especialmente, la cuantía.
"Eso no les soluciona nada a los ciudadanos de a pie porque no alcanzan ni los umbrales mínimos de dignidad. Las ayudas deberían aumentarse y, sobre todo, extenderse a capas sociales más amplias", asegura.
Es una opinión que comparten también diversos colectivos de mujeres, quienes consideran que se trata de cuantías insignificantes para lo que cuesta la crianza de un hijo.
Y de que, además, se dejan de percibir cuando éste adquiere la mayoría de edad, aunque no tenga independencia económica.
Es más que probable, aseguran los abogados matrimonialistas, que este año se disparen las peticiones de ayuda por la crisis económica.
El primer síntoma ha llegado ya a los juzgados de familia, donde en los últimos meses han aumentado las peticiones de modificación de medidas del convenio de divorcio acordado.
Son profesionales de todas las clases sociales que en su día se comprometieron a abonar una pensión en consonancia con los ingresos de entonces.
Ahora se han reducido o están sin trabajo y le piden al juez que la reduzca.
Cataluña y País Vasco ultiman sus planes
Cataluña y el País Vasco ultiman la redacción de sus propios planes, que actuarán de manera supletoria al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos del Gobierno.
La Generalitat fue la primera Administración que lo aprobó, en julio de 2007, pero hasta el próximo mes de septiembre no se prevé que se haga realidad.
Sería una ayuda mensual de un máximo de 281,74 euros que actuaría de forma complementaria al fondo estatal, de manera que aquellos 100 euros por hijo que concede el Gobierno central los completaría la Generalitat hasta alcanzar esa cantidad.
También podrá disfrutarse durante un máximo de 18 meses, de forma continua o discontinua.
El límite para acogerse a esa ayuda es más amplio, de manera que una divorciada con un hijo a su cargo podrá beneficiarse si sus ingresos anuales no superan los 32.186 euros.
El proyecto de decreto que tramita el Gobierno catalán no asigna ninguna cantidad a ese fondo.
En el caso del País Vasco, desde 2003 se han producido diversos requerimientos del Parlamento autónomo para que el Gobierno pusiera en marcha un plan similar.
La última previsión incumplida era que estuviera listo el pasado 1 de junio.
En Andalucía no existe una iniciativa similar, aunque el Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona la asistencia letrada por el impago de pensiones alimenticias, aunque el deudor resida en otra comunidad.
La medida se empezó a aplicar en 2002 y desde entonces se han resuelto favorablemente 676 demandas, lo que ha permitido a las mujeres recuperar un total de 1,4 millones de euros.
Fracasa la ayuda por impago de pensión a hijos
La rigidez legal es el mayor obstáculo para el reparto - Sólo 519 niños han podido beneficiarse del fondo
PERE RÍOS - Barcelona - 08/06/2009
Solamente 519 niños se beneficiaron el año pasado del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos que puso en marcha el Gobierno en 2008 para ayudar a las madres o padres separados o divorciados que tengan a su cargo hijos y que no reciban del otro cónyuge la pensión que estableció la justicia.
Se trata de una cantidad ínfima de beneficiarios si se compara con las decenas de miles de sentencias judiciales por impago de pensión de alimentos que se incumplen anualmente en España y, en consecuencia, de las decenas de miles de hijos afectados por esa situación.
Los abogados de familia creen escasos los 100 euros mensuales.
Este año se van a multiplicar las demandas, dicen los matrimonialistas.
El fondo se puso en marcha con una partida de 10 millones de euros a cargo de los presupuestos del Estado, y la cantidad que finalmente se gastó fue de 351.526 euros, según los datos facilitados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que es la encargada de su gestión.
Esa ayuda pública es de 100 euros mensuales por hijo durante un tiempo máximo de 18 meses, ya sea de forma continua o discontinua.
Para poder acceder a ella este año se exige que los ingresos del hogar del progenitor no superen 1,5 veces la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, 9.489 euros al año.
Ese coeficiente aumenta en un 0,25 por cada hijo.
Es decir, el mínimo es 9.489 euros (1,5 veces el indicador) si se trata de un hijo;
11.070,5 euros cuando la pensión debe cubrir los gastos de dos hijos;
12.652 euros para tres, y así sucesivamente, aumentando la cantidad en 1.581,5 euros anuales por cada hijo.
Las abogadas de colectivos feministas que defienden a las mujeres en estos procesos aseguran que la escasa aplicación del fondo se explica por las exigencias que marca la ley para poderse acoger a él, pues cualquier mujer que tenga una ayuda económica del Estado a causa de su precaria situación laboral supera con creces ese tope máximo de ingresos.
Por ejemplo, para una madre con un hijo, no sobrepasar los 9.489 euros supone cobrar menos de 790,75 euros mensuales brutos, suponiendo que la perceptora no reciba pagas extraordinarias. Para un contrato estándar de 14 nóminas al año se trataría de un máximo de 677,79 euros al mes.
A eso se ha de añadir que la ayuda sólo se concede cuando existe constancia oficial en el juzgado de familia del impago de la pensión de alimentos por el otro cónyuge, y cuando se ha agotado la vía ejecutiva contra el deudor.
Es decir, cuando la justicia ya ha constatado la imposibilidad de embargarle los bienes, normalmente al padre, porque la inmensa mayoría de las custodias se conceden a las madres y son ellos quienes han de pagar.
El impago durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos está tipificado como delito en España y se castiga con penas de 3 meses a 1 año de cárcel.
Los 100 euros por hijo que concede el Gobierno tienen la consideración de anticipo y después el Estado se encarga de perseguir al deudor para recuperarlos.
El año pasado se presentaron 872 solicitudes (857 por mujeres y 15 por hombres), que generaron 1.498 expedientes de posibles beneficiarios, uno por hijo.
De ese total, 519 resoluciones fueron concedidas, se denegaron 357, en otros 117 casos hubo desistimiento y los 505 restantes estaban en trámite.
Isidro Niñerola, presidente de la Asociación de Abogados de Familia de España, censura las exigencias legales para acogerse a la ayuda y, especialmente, la cuantía.
"Eso no les soluciona nada a los ciudadanos de a pie porque no alcanzan ni los umbrales mínimos de dignidad. Las ayudas deberían aumentarse y, sobre todo, extenderse a capas sociales más amplias", asegura.
Es una opinión que comparten también diversos colectivos de mujeres, quienes consideran que se trata de cuantías insignificantes para lo que cuesta la crianza de un hijo.
Y de que, además, se dejan de percibir cuando éste adquiere la mayoría de edad, aunque no tenga independencia económica.
Es más que probable, aseguran los abogados matrimonialistas, que este año se disparen las peticiones de ayuda por la crisis económica.
El primer síntoma ha llegado ya a los juzgados de familia, donde en los últimos meses han aumentado las peticiones de modificación de medidas del convenio de divorcio acordado.
Son profesionales de todas las clases sociales que en su día se comprometieron a abonar una pensión en consonancia con los ingresos de entonces.
Ahora se han reducido o están sin trabajo y le piden al juez que la reduzca.
Cataluña y País Vasco ultiman sus planes
Cataluña y el País Vasco ultiman la redacción de sus propios planes, que actuarán de manera supletoria al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos del Gobierno.
La Generalitat fue la primera Administración que lo aprobó, en julio de 2007, pero hasta el próximo mes de septiembre no se prevé que se haga realidad.
Sería una ayuda mensual de un máximo de 281,74 euros que actuaría de forma complementaria al fondo estatal, de manera que aquellos 100 euros por hijo que concede el Gobierno central los completaría la Generalitat hasta alcanzar esa cantidad.
También podrá disfrutarse durante un máximo de 18 meses, de forma continua o discontinua.
El límite para acogerse a esa ayuda es más amplio, de manera que una divorciada con un hijo a su cargo podrá beneficiarse si sus ingresos anuales no superan los 32.186 euros.
El proyecto de decreto que tramita el Gobierno catalán no asigna ninguna cantidad a ese fondo.
En el caso del País Vasco, desde 2003 se han producido diversos requerimientos del Parlamento autónomo para que el Gobierno pusiera en marcha un plan similar.
La última previsión incumplida era que estuviera listo el pasado 1 de junio.
En Andalucía no existe una iniciativa similar, aunque el Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona la asistencia letrada por el impago de pensiones alimenticias, aunque el deudor resida en otra comunidad.
La medida se empezó a aplicar en 2002 y desde entonces se han resuelto favorablemente 676 demandas, lo que ha permitido a las mujeres recuperar un total de 1,4 millones de euros.
Demandas de lo Jueces y se encarece el Divorcio
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=624270&idseccio_PK=1008&h=090625
SOLO DOS VOTOS EN CONTRA
El Congreso da el visto bueno a las demandas laborales de los jueces:
Los magistrados fueron a la huelga por estas reivindicaciones el pasado febrero
EFE.MADRID.25/06/09
El pleno del Congreso ha aprobado hoy con solo 2 votos en contra y 3 abstenciones un paquete de reformas de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recoge las principales reivindicaciones que llevaron a los jueces a la huelga el pasado 18 de febrero y que mejoran las condiciones laborales de la carrera judicial.
Estas mejoras, que se han introducido en el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, se tramitarán ahora en el Senado y lo previsto es que puedan entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El proyecto incluye medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los magistrados y otras reivindicaciones que las asociaciones de jueces negociaron con el Ministerio de Justicia.
Así:
a.- se elimina el traslado forzoso por ascenso en la carrera judicial,
b.-se crean los jueces de adscripción territorial o jueces volantes para reducir la interinidad,
c.-se equipara el régimen de vacaciones de los magistrados al del resto de los funcionarios públicos y
d.-se regula el permiso de excedencia por cuidado de hijos o familiares a cargo.
Modernización de la Justicia.
También se ha aprobado el establecimiento del pago de un depósito previo a la interposición de un recurso, con el doble fin de:
a.- evitar dilaciones innecesarias de los procesos y
b.-además conseguir una recaudación adicional para la modernización de la administración de Justicia.
En concreto, el 40% de lo que se recaude a través de estos depósitos se destinará a las comunidades autónomas, otro 40% al Ministerio de Justicia y un 20% a la plataforma informática que asegurará la conectividad entre todos los juzgados y tribunales.
No obstante, CIU, PNV y ERC han expresado sus reservas respecto a este punto de la reforma, al considerar que el total de la recaudación debería ir destinado a las comunidades autónomas.
Amplio acuerdo
Para el diputado de CiU, Jordi Jané, la forma de recaudar dichos depósitos "atenta contra el sistema de reparto de competencias" y vulnera el Estatut de Catalunya, mientras que Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado que en esta ley se regule "de todo", menos la Oficina Judicial, y hasta se haya incluido la nueva limitación de la jurisdicción universal.
Pese a esta discrepancia, el debate que ha tenido lugar hoy en el Congreso, ha puesto de manifiesto el amplio consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios para conseguir mejorar y agilizar la Justicia, que ha sido destacado por los representantes de todas las fuerzas políticas.
SOLO DOS VOTOS EN CONTRA
El Congreso da el visto bueno a las demandas laborales de los jueces:
Los magistrados fueron a la huelga por estas reivindicaciones el pasado febrero
EFE.MADRID.25/06/09
El pleno del Congreso ha aprobado hoy con solo 2 votos en contra y 3 abstenciones un paquete de reformas de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recoge las principales reivindicaciones que llevaron a los jueces a la huelga el pasado 18 de febrero y que mejoran las condiciones laborales de la carrera judicial.
Estas mejoras, que se han introducido en el proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, se tramitarán ahora en el Senado y lo previsto es que puedan entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El proyecto incluye medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los magistrados y otras reivindicaciones que las asociaciones de jueces negociaron con el Ministerio de Justicia.
Así:
a.- se elimina el traslado forzoso por ascenso en la carrera judicial,
b.-se crean los jueces de adscripción territorial o jueces volantes para reducir la interinidad,
c.-se equipara el régimen de vacaciones de los magistrados al del resto de los funcionarios públicos y
d.-se regula el permiso de excedencia por cuidado de hijos o familiares a cargo.
Modernización de la Justicia.
También se ha aprobado el establecimiento del pago de un depósito previo a la interposición de un recurso, con el doble fin de:
a.- evitar dilaciones innecesarias de los procesos y
b.-además conseguir una recaudación adicional para la modernización de la administración de Justicia.
En concreto, el 40% de lo que se recaude a través de estos depósitos se destinará a las comunidades autónomas, otro 40% al Ministerio de Justicia y un 20% a la plataforma informática que asegurará la conectividad entre todos los juzgados y tribunales.
No obstante, CIU, PNV y ERC han expresado sus reservas respecto a este punto de la reforma, al considerar que el total de la recaudación debería ir destinado a las comunidades autónomas.
Amplio acuerdo
Para el diputado de CiU, Jordi Jané, la forma de recaudar dichos depósitos "atenta contra el sistema de reparto de competencias" y vulnera el Estatut de Catalunya, mientras que Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado que en esta ley se regule "de todo", menos la Oficina Judicial, y hasta se haya incluido la nueva limitación de la jurisdicción universal.
Pese a esta discrepancia, el debate que ha tenido lugar hoy en el Congreso, ha puesto de manifiesto el amplio consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios para conseguir mejorar y agilizar la Justicia, que ha sido destacado por los representantes de todas las fuerzas políticas.
miércoles, 24 de junio de 2009
Cuadrícula del Sexo o como el PSOE utiliza a la mujer en Política
Nota: Nos hacemos eco de este Blog, sin ningún tipo de intencionalidad politica, simplemente difundimos una opinióm al respecto.
http://www.blopp.es/blogs/esperanzaona/
Cuadrícula del sexo
Sábado, 13 de junio 2009.
Como mujer, y como ser humano que cree y trabaja por la igualdad, estoy harta de la utilización de lo femenino, de los estereotipos de género y de los beneficios que para algunos tiene la discriminación por cuestión de sexo.
El gobierno de España, con Zapatero al frente, es un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar.
La cuestión es seguir sacando tajada de las mujeres de una u otra forma.
Se presume del mayor número de ministras para trasladar la imagen de gobierno moderno e igualitario. No estoy segura de que eso sea correcto. Más bien creo que no lo es.
El querer alardear de un gabinete con mayor presencia femenina, lleva implícita la búsqueda de la rentabilidad política.
Luego no es una cuestión de principios carente de otros intereses.
Si hay algo que tengo completamente experimentado y aprendido es la necesidad de que a las mujeres no se nos utilice más.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, fue elegida para esa responsabilidad por estar embarazada en el momento de su designación.
Nadie puede negar que resultaba tremendamente vendible la imagen de una mujer en ese ministerio, máxime con barriga y vestidos premamá.
Por la personalidad que intuyo en la ministra, casi podría asegurar que toda su vida ha mirado al ejército con desdén considerándolo prescindible y rancio.
En este caso, para mí, queda fuera de toda duda la utilización política de su sexo.
La ministra Bibiana Aído es ahijada de Chaves, cuando no existían los bautizos laicos.
Estoy convencida de que si tuviera que elegir, ahora preferiría una ceremonia hortera de Zerolo y también le adornaría ese añadido progresista de última generación.
Su único mérito era éste, el padrino Chaves.
Como es mujer y utilizable, no importa la ausencia de experiencia y formación.
Como iba a ser ministra de Igualdad, no importa que sea mujer.
Otro caso claro de la utilización política del sexo.
Aunque no sea ministra, por la actualidad del personaje, no puedo olvidarme de Leire Pajín.
Es evidente que dadas sus cualidades, si fuese hombre no ocuparía el cargo que desempeña. Igualmente si fuese hombre no le estarían quitando la piel por el fracaso en las europeas, que el PSOE quiere volcar sólo en ella salvando al género masculino en las personas del candidato y del propio Zapatero.
Leire es joven y mujer, productos ambos vendibles y que juntos, se potencian.
Tercer caso claro de la utilización política del sexo.
Creo que en el siglo XXI, y siempre, es de justicia que hombres y mujeres sean medidos por el mismo rasero.
Me gustaría, por justicia y eficacia, que a hombres y mujeres los nombraran por su valía y no por otras razones siempre discriminatorias.
Me sentiría muy orgullosa de poder mostrar al mundo lo que da de sí la capacidad de una mujer preparada y comprometida.
Me encantaría que incluso Zapatero se atreviera a vivir en igualdad, y exigiese a las mujeres preparación, solvencia y conocimientos para las responsabilidades que desempeñan desterrando del curriculum la cuadrícula del sexo.
Pero mucho me temo que es más rentable permitir a las mujeres sólo ciertos papeles.
Mientras puedan utilizarse y existan personas dispuestas a sacar tajada de esa explotación, para qué hacerse otros planteamientos más incómodos y exigentes.
En la política, con buenas técnicas de marketing, siguen dando mucho juego.
http://www.blopp.es/blogs/esperanzaona/
Cuadrícula del sexo
Sábado, 13 de junio 2009.
Como mujer, y como ser humano que cree y trabaja por la igualdad, estoy harta de la utilización de lo femenino, de los estereotipos de género y de los beneficios que para algunos tiene la discriminación por cuestión de sexo.
El gobierno de España, con Zapatero al frente, es un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar.
La cuestión es seguir sacando tajada de las mujeres de una u otra forma.
Se presume del mayor número de ministras para trasladar la imagen de gobierno moderno e igualitario. No estoy segura de que eso sea correcto. Más bien creo que no lo es.
El querer alardear de un gabinete con mayor presencia femenina, lleva implícita la búsqueda de la rentabilidad política.
Luego no es una cuestión de principios carente de otros intereses.
Si hay algo que tengo completamente experimentado y aprendido es la necesidad de que a las mujeres no se nos utilice más.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, fue elegida para esa responsabilidad por estar embarazada en el momento de su designación.
Nadie puede negar que resultaba tremendamente vendible la imagen de una mujer en ese ministerio, máxime con barriga y vestidos premamá.
Por la personalidad que intuyo en la ministra, casi podría asegurar que toda su vida ha mirado al ejército con desdén considerándolo prescindible y rancio.
En este caso, para mí, queda fuera de toda duda la utilización política de su sexo.
La ministra Bibiana Aído es ahijada de Chaves, cuando no existían los bautizos laicos.
Estoy convencida de que si tuviera que elegir, ahora preferiría una ceremonia hortera de Zerolo y también le adornaría ese añadido progresista de última generación.
Su único mérito era éste, el padrino Chaves.
Como es mujer y utilizable, no importa la ausencia de experiencia y formación.
Como iba a ser ministra de Igualdad, no importa que sea mujer.
Otro caso claro de la utilización política del sexo.
Aunque no sea ministra, por la actualidad del personaje, no puedo olvidarme de Leire Pajín.
Es evidente que dadas sus cualidades, si fuese hombre no ocuparía el cargo que desempeña. Igualmente si fuese hombre no le estarían quitando la piel por el fracaso en las europeas, que el PSOE quiere volcar sólo en ella salvando al género masculino en las personas del candidato y del propio Zapatero.
Leire es joven y mujer, productos ambos vendibles y que juntos, se potencian.
Tercer caso claro de la utilización política del sexo.
Creo que en el siglo XXI, y siempre, es de justicia que hombres y mujeres sean medidos por el mismo rasero.
Me gustaría, por justicia y eficacia, que a hombres y mujeres los nombraran por su valía y no por otras razones siempre discriminatorias.
Me sentiría muy orgullosa de poder mostrar al mundo lo que da de sí la capacidad de una mujer preparada y comprometida.
Me encantaría que incluso Zapatero se atreviera a vivir en igualdad, y exigiese a las mujeres preparación, solvencia y conocimientos para las responsabilidades que desempeñan desterrando del curriculum la cuadrícula del sexo.
Pero mucho me temo que es más rentable permitir a las mujeres sólo ciertos papeles.
Mientras puedan utilizarse y existan personas dispuestas a sacar tajada de esa explotación, para qué hacerse otros planteamientos más incómodos y exigentes.
En la política, con buenas técnicas de marketing, siguen dando mucho juego.
Casi 22 millones de españoles están casados
http://www.larazon.es/noticia/casi-22-millones-de-espanoles-estan-casados
Casi 22 millones de españoles están casados
La Ley del «Divorcio Express» ha provocado en apenas 3 años un aumento de casi 640.000 rupturas.
24 Junio 09 - Madrid - J. V. Echagüe
Ni la crisis económica ni el aumento de separaciones ni la Ley del «Divorcio Express».
Los españoles siguen apostando de manera mayoritaria por el matrimonio.
El 57 % de los españoles mayores de 16 años está casado, lo que supone casi 11 millones de matrimonios –concretamente 10.928.750 en 2008–.
O lo que es lo mismo, de 37,8 millones de habitantes, 21,8 millones están casados.
Estas estadísticas, realizadas a partir de los datos del INE, fueron dadas a conocer ayer por el Instituto de Política Familiar (IPF).
«El mejor proyecto de vida»
«Las cifras evidencian la vigencia del matrimonio, considerado y deseado por la inmensa mayoría de los españoles como su mejor y definitivo proyecto de vida», dijo el vicepresidente del IPF, Mariano Martínez-Aedo.
Con todo, nuestro país no se encuentra en sus cotas más altas, recuerdan desde el IPF.
En 1987, el 62,3 % de la población estaba casada.
Paralelamente, los ciudadanos solteros han pasado del 28,8 al 31,4 % el pasado año.
Y los divorciados, que en 1987 eran el 1 %, ahora son el 4,4.
¿Las causas de esta tendencia?
Varias, según el IPF:
a,. los «sueldos basura y mileuristas», que provocan que los jóvenes no se emancipen;
b.-la época de carestía económica, que está acentuando el problema;
c.-la nula protección económica, fiscal y laboral a la familia; y, sobre todo,
d.-la Ley del «Divorcio Express», vigente desde 2005 y que ha supuesto, en apenas 3 años, un aumento de casi 640.000 rupturas: de 1.103.000 a 1.695.000 –un 58 % de aumento–.
Los datos del 1º trimestre de 2009 continúan por esta senda, con 40.000 matrimonios menos. En este período, los solteros son 46.800 más –un total de 12.080.400– y los separados o divorciados aumentaron en 48.400 –hasta los 1.744.000–.
Si se analiza el incremento del número de cada estado civil desde 1987, teniendo en cuenta que la población por aquel entonces era de 8,9 millones de personas menos, vemos cómo:
a.- el número de casados creció un 19,2 %;
b.- el de solteros un 41,9 %; y
c.- el de divorciados o separados un 458,6 %.
Casi 22 millones de españoles están casados
La Ley del «Divorcio Express» ha provocado en apenas 3 años un aumento de casi 640.000 rupturas.
24 Junio 09 - Madrid - J. V. Echagüe
Ni la crisis económica ni el aumento de separaciones ni la Ley del «Divorcio Express».
Los españoles siguen apostando de manera mayoritaria por el matrimonio.
El 57 % de los españoles mayores de 16 años está casado, lo que supone casi 11 millones de matrimonios –concretamente 10.928.750 en 2008–.
O lo que es lo mismo, de 37,8 millones de habitantes, 21,8 millones están casados.
Estas estadísticas, realizadas a partir de los datos del INE, fueron dadas a conocer ayer por el Instituto de Política Familiar (IPF).
«El mejor proyecto de vida»
«Las cifras evidencian la vigencia del matrimonio, considerado y deseado por la inmensa mayoría de los españoles como su mejor y definitivo proyecto de vida», dijo el vicepresidente del IPF, Mariano Martínez-Aedo.
Con todo, nuestro país no se encuentra en sus cotas más altas, recuerdan desde el IPF.
En 1987, el 62,3 % de la población estaba casada.
Paralelamente, los ciudadanos solteros han pasado del 28,8 al 31,4 % el pasado año.
Y los divorciados, que en 1987 eran el 1 %, ahora son el 4,4.
¿Las causas de esta tendencia?
Varias, según el IPF:
a,. los «sueldos basura y mileuristas», que provocan que los jóvenes no se emancipen;
b.-la época de carestía económica, que está acentuando el problema;
c.-la nula protección económica, fiscal y laboral a la familia; y, sobre todo,
d.-la Ley del «Divorcio Express», vigente desde 2005 y que ha supuesto, en apenas 3 años, un aumento de casi 640.000 rupturas: de 1.103.000 a 1.695.000 –un 58 % de aumento–.
Los datos del 1º trimestre de 2009 continúan por esta senda, con 40.000 matrimonios menos. En este período, los solteros son 46.800 más –un total de 12.080.400– y los separados o divorciados aumentaron en 48.400 –hasta los 1.744.000–.
Si se analiza el incremento del número de cada estado civil desde 1987, teniendo en cuenta que la población por aquel entonces era de 8,9 millones de personas menos, vemos cómo:
a.- el número de casados creció un 19,2 %;
b.- el de solteros un 41,9 %; y
c.- el de divorciados o separados un 458,6 %.
martes, 23 de junio de 2009
Menos de 5 años de carcel por matar a su compañero sentimental
http://www.20minutos.es/noticia/475310/0/mujer/maltratador/mataro/
4 años y 6 meses de prisión para una mujer por haber matado a su maltratador
Los hechos ocurrieron en 2006 en Mataró (Barcelona).
La víctima empezó a golpear a la mujer.
Ésta le asestó una puñalada para defenderse.
ACN. 22.06.2009
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y 6 meses de prisión a Ed Drissia, de 50 años y nacionalidad marroquí, por haber matado a su compañero sentimental de una navajazo cuando éste empezó a agredirla la noche del 3 de agosto de 2006 en el piso donde vivían, en la avenida América de Mataró (Barcelona).
La víctima empezó a pegar a la mujer y ésta cogió una navaja suiza y le asestó una puñalada en la clavícula para parar la agresión
Los hechos debían ser juzgados por un tribunal popular, pero antes de que empezara la vista, la acusación pública accedió a llegar a un acuerdo con el abogado de la procesada para reducir la pena solicitada inicialmente aplicando la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de confesión.
Los hechos ocurrieron hacia las 11 de la noche, cuando la pareja empezó a discutir.
La víctima empezó a pegar a la mujer y ésta cogió una navaja suiza y le asestó una puñalada en la clavícula para parar la agresión.
Ed confesó el crimen y su compañero fue trasladado a un centro hospitalario, donde murió al día siguiente.
La mujer ha sido condenada a cuatro años y 6 meses de prisión, pero ya hace casi tres que está en prisión preventiva
4 años y 6 meses de prisión para una mujer por haber matado a su maltratador
Los hechos ocurrieron en 2006 en Mataró (Barcelona).
La víctima empezó a golpear a la mujer.
Ésta le asestó una puñalada para defenderse.
ACN. 22.06.2009
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y 6 meses de prisión a Ed Drissia, de 50 años y nacionalidad marroquí, por haber matado a su compañero sentimental de una navajazo cuando éste empezó a agredirla la noche del 3 de agosto de 2006 en el piso donde vivían, en la avenida América de Mataró (Barcelona).
La víctima empezó a pegar a la mujer y ésta cogió una navaja suiza y le asestó una puñalada en la clavícula para parar la agresión
Los hechos debían ser juzgados por un tribunal popular, pero antes de que empezara la vista, la acusación pública accedió a llegar a un acuerdo con el abogado de la procesada para reducir la pena solicitada inicialmente aplicando la eximente incompleta de legítima defensa y la atenuante de confesión.
Los hechos ocurrieron hacia las 11 de la noche, cuando la pareja empezó a discutir.
La víctima empezó a pegar a la mujer y ésta cogió una navaja suiza y le asestó una puñalada en la clavícula para parar la agresión.
Ed confesó el crimen y su compañero fue trasladado a un centro hospitalario, donde murió al día siguiente.
La mujer ha sido condenada a cuatro años y 6 meses de prisión, pero ya hace casi tres que está en prisión preventiva
La Fiscalia admite el Recurso de Suplica contra el Magistrado Correas González
La fiscalía se adhiere al Recurso de Súplica presentado contra el Auto por el que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, inadmitía la Querella interpuesta contra el Ilmo. Sr. Magistrado Juez D. Francisco Javier Correas González, por presunto delito de prevaricación.
Madrid, 22 de Junio de 2009.-
El 8 de Abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal de Madrid, tenía por presentada Querella contra D. Francisco Javier Correas González, Presidente de la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, por un presunto delito de prevaricación.
Dicha Querella, presentada por la Agrupación de Afectados por Errores y Negligencias Judiciales, y dirigida por su letrado Sr. D. Javier María Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna, se fundamentaba en las violaciones del procedimiento y en las conclusiones del llamado «Informe Pérez-Roldán», que ha estudiado trescientas sentencias de la Audiencia Provincial.
Su autor, que es el letrado que dirige las presentes actuaciones, saca conclusiones sorprendentes, como la rebeldía de los Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid a aplicar el artículo 3 del Código Civil, la Ley de Igualdad y la reforma del Código Civil aprobada por el Parlamento Español en 2005.
La Sección 24 aplica, a la práctica totalidad de los menores, un régimen de visitas idéntico, independientemente de sus circunstancias familiares, sociales y escolares e independientemente de lo resuelto en los Juzgados de Familia.
Esta disfunción basada en la ideología, en el prejuicio, o en la simple incompetencia, sería análoga a la de un médico, que a todos los enfermos de diabetes les recetara idéntica dosis de insulina.
Tras la deliberación de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, el pasado 5 de mayo, el Tribunal por Auto de 20 de mayo de 2009, procedía a la inadmisión de la citada Querella.
Tras la presentación, por parte de la representación letrada de la Agrupación de Afectados, del pertinente recurso de Súplica contra dicho Auto, el pasado 19 de junio se notificó por parte del Tribunas Superior de Justicia, la adhesión de la Fiscalía a lo solicitado por la Agrupación.
Efectivamente, en su escrito de 1 de junio de 2009, el Fiscal interesa la estimación del Recurso de Súplica a los efectos de que se efectúe un pronunciamiento acerca de la Sentencia de 28 de enero de 2009 y si al dictar la misma el Presidente de la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sr. D. Francisco Javier Correas, pudo o no incurrir en el delito de prevaricación imputado.
Esta Agrupación de Afectados se congratula de la adhesión de la Fiscalía a su Recurso de Súplica, pues es un deber ineludible de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, entrar en el fondo del asunto, para constatar las numerosas irregularidades cometidas por la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, en orden a establecer regímenes de visitas a los menores, contrarios a sus derechos como menores y poco favorecedores de un mejor desarrollo personal y emocional.
De igual forma, esta Agrupación considera necesario desenmascarar la animadversión hacía la Custodia Compartida desarrollado por dicha Sección 24.
Departamento de Comunicación
info@negligenciasjudiciales.com
http://www.negligenciasjudiciales.com/
Noticias en Mediosde Comunicación:
http://www.diariodelasierra.es/2009/06/22/agrupacion-de-afectados-por-errores-y-negligencias-judiciales-la-fiscalia-se-adhirio-a-un-recurso-de-suplica/
Madrid, 22 de Junio de 2009.-
El 8 de Abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal de Madrid, tenía por presentada Querella contra D. Francisco Javier Correas González, Presidente de la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, por un presunto delito de prevaricación.
Dicha Querella, presentada por la Agrupación de Afectados por Errores y Negligencias Judiciales, y dirigida por su letrado Sr. D. Javier María Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna, se fundamentaba en las violaciones del procedimiento y en las conclusiones del llamado «Informe Pérez-Roldán», que ha estudiado trescientas sentencias de la Audiencia Provincial.
Su autor, que es el letrado que dirige las presentes actuaciones, saca conclusiones sorprendentes, como la rebeldía de los Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid a aplicar el artículo 3 del Código Civil, la Ley de Igualdad y la reforma del Código Civil aprobada por el Parlamento Español en 2005.
La Sección 24 aplica, a la práctica totalidad de los menores, un régimen de visitas idéntico, independientemente de sus circunstancias familiares, sociales y escolares e independientemente de lo resuelto en los Juzgados de Familia.
Esta disfunción basada en la ideología, en el prejuicio, o en la simple incompetencia, sería análoga a la de un médico, que a todos los enfermos de diabetes les recetara idéntica dosis de insulina.
Tras la deliberación de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, el pasado 5 de mayo, el Tribunal por Auto de 20 de mayo de 2009, procedía a la inadmisión de la citada Querella.
Tras la presentación, por parte de la representación letrada de la Agrupación de Afectados, del pertinente recurso de Súplica contra dicho Auto, el pasado 19 de junio se notificó por parte del Tribunas Superior de Justicia, la adhesión de la Fiscalía a lo solicitado por la Agrupación.
Efectivamente, en su escrito de 1 de junio de 2009, el Fiscal interesa la estimación del Recurso de Súplica a los efectos de que se efectúe un pronunciamiento acerca de la Sentencia de 28 de enero de 2009 y si al dictar la misma el Presidente de la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sr. D. Francisco Javier Correas, pudo o no incurrir en el delito de prevaricación imputado.
Esta Agrupación de Afectados se congratula de la adhesión de la Fiscalía a su Recurso de Súplica, pues es un deber ineludible de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, entrar en el fondo del asunto, para constatar las numerosas irregularidades cometidas por la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid, en orden a establecer regímenes de visitas a los menores, contrarios a sus derechos como menores y poco favorecedores de un mejor desarrollo personal y emocional.
De igual forma, esta Agrupación considera necesario desenmascarar la animadversión hacía la Custodia Compartida desarrollado por dicha Sección 24.
Departamento de Comunicación
info@negligenciasjudiciales.com
http://www.negligenciasjudiciales.com/
Noticias en Mediosde Comunicación:
http://www.diariodelasierra.es/2009/06/22/agrupacion-de-afectados-por-errores-y-negligencias-judiciales-la-fiscalia-se-adhirio-a-un-recurso-de-suplica/
Datos sobre el Divorcio en España, y el problema de la Vivienda
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/crisis/peor/l/s/segund/s/espos/s/elpepusoc/20090623elpepisoc_1/Tes
La crisis es peor para l@s segund@s espos@s
Decenas de miles de personas forman hogares con hijastros y dificultades económicas derivadas del divorcio - Algunas voces piden un reconocimiento legal de esta nueva realidad familiar
PERE RÍOS 23/06/2009
Cada día se celebran en España 552 matrimonios y se producen 376 rupturas, pero existe otro fenómeno que escapa a la estadística oficial: las nuevas parejas formadas por separados o divorciados.
Decenas de miles de hombres y mujeres integran ese club de los segundos/as esposos/as, tras embarcarse en una nueva relación con los lastres que les dejó la primera y los que lleva puestos la segunda pareja.
Acarrean básicamente cargas económicas que dificultan rehacer la vida y que se arrastrarán muchos años, pero no sólo eso.
La nueva situación afecta a las relaciones con los hijos anteriores, de unos y otros, así como con los ex maridos y ex esposas y demás familiares.
Cada día se rompen 376 parejas, pero se celebran 552 matrimonios
"Soy una mujer de segunda categoría por ser su pareja", dice una divorciada
Aumentan los casos de mujeres que se ven obligadas a abandonar su casa
La vivienda acaba convertida en moneda de cambio de la pensión
No existe un perfil definido de 2ª pareja, aunque las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística referidas a 2007 ofrecen alguna pista.
Aquel año se celebraron en España 201.579 matrimonios, de los que 110.507 fueron eclesiásticos y 91.072, civiles.
El 10,6% de los hombres que pasaron por la vicaría o el juzgado eran divorciados, y en el caso de las mujeres fue el 9,5%.
La edad más frecuente entre los hombres que se divorcian oscila entre los 40 y los 49 años (34%), igual que ocurre con ellas, aunque con un porcentaje algo menor (30,6%).
Las mujeres suelen ser más jóvenes que ellos, se casen por 1ª o por 2ª vez o simplemente sean pareja de hecho.
Cristina Tenas tenía 31 años cuando le conoció en Granada.
Con 37 años, era padre de un hijo de 7. Le pidió que fuera a vivir con él a Palma de Mallorca, donde está destinado como funcionario, y ella lo dejó todo, excepto a su perro.
Después de 3 años de convivencia se acaban de casar. "Esta vez sí. Somos felices y lo queríamos celebrar así", explica ella.
El divorcio de Tenas fue amistoso. No había hijos de por medio y, además, cedió en el precio para facilitar la venta de su parte de la vivienda propiedad de ambos.
La ruptura del nuevo esposo fue mucho más complicada, con denuncias constantes de la ex mujer por supuestos malos tratos y un reguero de discusiones cuyas consecuencias acababa pagando muchas veces el niño.
La situación de Tenas ilustra el deseo de muchas de esas mujeres:
a.- por ser madres,
b.-los apuros económicos para serlo y
c.-la discriminación legal que padecen.
"Con lo que le queda a él después de pagar la pensión y la hipoteca, más los gastos de abogados, no nos lo podemos plantear", explica Tenas, aunque ella también trabaje.
"Él está discriminado por ser hombre y yo soy una mujer de segunda categoría por ser su pareja".
Otro caso más lacerante fue el de Elena Porras, obligada por un juez a ayudar a pagar la pensión de alimentos que le corresponde a su nueva pareja.
Nunca se le permitió declarar en un juicio, pero la justicia sí que se acordó de ella para pagar, aunque, al final, la Audiencia Provincial de Girona acabó anulando esa obligación.
"Parece que sólo tienen derechos sobre los hijos los progenitores custodios y que los demás no pintamos nada", dice la mujer.
Núria Sauné es otro caso parecido, divorciada hace 14 años.
Ahora tiene una nueva pareja y reclama su derecho para demostrar que "podemos ser tan buenas o malas como las 1ª".
Tenas, Porras y Sauné dejaron de lamentarse hace meses y fundaron la Asociación de Mujeres por la Igualdad y la Custodia Compartida porque consideran que la única solución para cambiar la realidad pasa por modificar las leyes.
"Si se pregona tanta igualdad, hagámoslo de verdad y separemos las economías y los bienes materiales de los niños cuando se rompe una pareja", dicen.
El juez de familia de Málaga José Luis Utrera considera que se debería regular ese fenómeno creciente de las familias reconstituidas.
"Como siempre, el legislador va por detrás. No se trataría de otra cosa que de reconocer que se puede ser un buen padrastro o madrastra, por emplear términos que todo el mundo entiende", explica.
"Lo que no puede ser es que un hombre o una mujer le diga al hijo de su nueva pareja que quite los pies de la mesa y que el niño le mande callar recordándole que no es nadie", añade Utrera.
La abogada de Barcelona Lourdes Checa ha tramitado decenas de divorcios en su carrera profesional y tiene claro que "cada uno tiene que estar en su sitio".
En su opinión, "no se debe confundir nunca el compromiso con ese nuevo grupo humano con el que está conviviendo con el ejercicio de la patria potestad, que eso corresponde al padre o a la madre".
"Las 2ª esposas sufren violencia, acogen con paciencia a hijos que no parieron pero a los que ofrecen su afecto y aguantan desplantes. Son un grupo silencioso que, junto con los abuelos, nadie incluye en sus programas, ni se consideran en el proceloso río del divorcio", apostilla el psicólogo cordobés José Manuel Aguilar, autor del libro Tenemos que hablar. Cómo evitar los daños del divorcio.
En 2008 se rompieron en España 131.060 parejas, frente a las 141.304 del año 2007.
La duración media de un matrimonio es de 15 años y 5 meses.
Los que acabaron separados son los que más duraron (19 años y 4 meses), mientras que las uniones religiosas que finalizaron con la anulación son las más breves (casi 9 años).
Los divorciados se sitúan a mitad de camino.
Los abogados matrimonialistas tienen claro que la crisis ha acabado con la imparable tendencia alcista de los últimos años y que sus clientes se lo piensan ahora un poco más antes de romper. La inmensa mayoría de las rupturas (121.814) fueron divorcios, pues desde la reforma del Código Civil de 2005 es muy minoritario pasar por esa fase intermedia que es la separación.
La sentencia judicial de divorcio al uso que se dicta en España atribuye a la mujer:
a.- la custodia de los hijos,
b.-una pensión de alimentos y
c.-el uso de la vivienda.
Es decir, que de entrada sale beneficiada en aplicación del artículo 96 del Código Civil, que atribuye la vivienda al cónyuge custodio. O sea, a las mujeres en más del 95% de los casos.
"El año pasado tuvieron que irse de su casa más de 70.000 hombres y el 80% no tenían medios para poder pagar una nueva vivienda", explica Justo Sáenz, presidente de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados.
En muchos casos, la pareja no se pone de acuerdo para vender el que fue su domicilio familiar y eso impide pasar página y facilitar la compra de una vivienda que se ajuste más a las nuevas necesidades.
La consecuencia es que ella sigue disfrutando de la casa mientras tiene los hijos y él sigue pagando la mitad de la hipoteca de una vivienda en la que no habita, a no ser que ceda a la presión y la acabe malvendiendo para levantar cabeza.
Eso coloca a decenas de miles de hombres en una situación de asfixia económica, asegura Sáenz, al punto de que a muchos no les queda más remedio que regresar con sus padres, ir a vivir a casa de un amigo o acabar en condiciones cochambrosas.
Como Jon, un bilbaíno al que denunció su ex mujer en 1992 por hechos supuestamente ocurridos cuando estaba en Madrid.
"La denuncia fue archivada, pero yo tuve que salir por piernas", explica.
"Un amigo me dejó una habitación, luego me metí en un piso de protección oficial, mis padres me ayudaron y así volví a empezar", recuerda.
"A la larga las mujeres acaban siendo las perjudicadas por ese trato inicialmente favorable en el divorcio", relata Sáenz.
"Y es que cuando el hombre deja de pagar la hipoteca de la que fue su casa y los hijos ya se han independizado, muchos solicitan la división de la cosa común y ellas tienen que elegir entre comprar la vivienda al valor de mercado de entonces o perderla y que salga a subasta".
Jon tiene claro qué es lo que va a hacer en cuanto pueda y su hijo se independice.
"Cada vez nos llegan más casos de mujeres mayores de 55 años que se divorciaron hace tiempo y que ahora no tienen dinero para comprarle a su ex la otra mitad, por lo que la casa acaba saliendo a subasta. Con lo que ella obtiene no puede meterse en un nuevo piso, ahora los bancos no les dan un préstamo y muchas no tienen derecho ni a vivienda de protección oficial por su salario", explica Sáenz.
Es una situación que, según dice, se está extendiendo a todas las capas sociales.
Y es que convertir la vivienda en moneda de cambio tiene sus riesgos.
La situación de paro en la que están quedando muchos hombres les está llevando a dejar de pagar la mitad de la hipoteca de aquella casa.
"Como ella no puede hacer frente a toda la cuota, se dan casos en que le acaba perdonando la pensión de alimentos de los hijos a cambio de que pague su parte para no perder la casa", relata Sáenz.
Pero más allá de hijos, viviendas y otros lastres, el divorcio deja, en muchas ocasiones, secuelas irreversibles.
"¿Qué atractivo tengo yo como separado para una mujer? Soy incapaz de hacerla reír porque todavía no me he recuperado de la ruptura y no tengo bienes", explica Francisco Zugasti, que dedica la mayor parte de su tiempo a la asociación Projusticia, "defensora de la verdadera igualdad entre las personas, sean hombres o mujeres".
Al juzgado cuando hay otra pareja
Un procedimiento penal se acaba cerrando tarde o temprano con una sentencia firme, pero el divorcio es un proceso abierto que permite acudir al juzgado en cualquier momento para solicitar una nueva medida o la modificación de la que se adoptó.
Los jueces de familia están acostumbrados a verlas de todos los colores, pero relatan que existen algunos comportamientos humanos peculiares.
Por ejemplo, la reacción que provoca en el otro que su ex tenga una nueva pareja.
José Luis Utrera, titular del Juzgado de Iª Instancia 5 de Málaga, especializado en temas de familia, explica que ese hecho desencadena nuevos procesos judiciales.
"Si es el padre el que rehace su vida, la madre le pone pegas para que vea a los hijos, porque casi siempre tiene ella la custodia. Si es la madre la que encuentra una nueva pareja, es él quien le regatea el pago de la pensión de alimentos con toda clase de argumentos y hasta reclama a la justicia el uso de la vivienda que tenían la mujer y sus hijos", relata el juez.
Utrera asegura que, de entrada, esos argumentos no son suficientes para que los jueces cambien de opinión, pero los ex cónyuges lo prueban y a veces hasta se les da la razón.
Hace un tiempo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería consideró que la introducción de una 3ª persona en la casa en la que vivía una madre y sus hijos era motivo para que dejara de tener atribuido su uso.
"Si no se demuestra que la presencia de esa persona es perjudicial para los hijos, no es causa suficiente para cambiar de criterio. Otra cosa es que, en ocasiones, la aparición de esa tercera persona se hace con una finalidad exhibicionista", explica el juez Utrera, quien acaba de escribir el libro Guía básica para un buen divorcio a partir de sus 12 años de experiencia como juez de familia en los que ha resuelto unos 10.000 divorcios o separaciones.
"Es curioso que un proceso de divorcio que no ha tenido incidencias durante años, de golpe se vuelve contencioso sin nada que lo justifique. Y cuando el juez bucea un poco acaba descubriendo que la explicación es que hay una nueva pareja", concluye Utrera.
La crisis es peor para l@s segund@s espos@s
Decenas de miles de personas forman hogares con hijastros y dificultades económicas derivadas del divorcio - Algunas voces piden un reconocimiento legal de esta nueva realidad familiar
PERE RÍOS 23/06/2009
Cada día se celebran en España 552 matrimonios y se producen 376 rupturas, pero existe otro fenómeno que escapa a la estadística oficial: las nuevas parejas formadas por separados o divorciados.
Decenas de miles de hombres y mujeres integran ese club de los segundos/as esposos/as, tras embarcarse en una nueva relación con los lastres que les dejó la primera y los que lleva puestos la segunda pareja.
Acarrean básicamente cargas económicas que dificultan rehacer la vida y que se arrastrarán muchos años, pero no sólo eso.
La nueva situación afecta a las relaciones con los hijos anteriores, de unos y otros, así como con los ex maridos y ex esposas y demás familiares.
Cada día se rompen 376 parejas, pero se celebran 552 matrimonios
"Soy una mujer de segunda categoría por ser su pareja", dice una divorciada
Aumentan los casos de mujeres que se ven obligadas a abandonar su casa
La vivienda acaba convertida en moneda de cambio de la pensión
No existe un perfil definido de 2ª pareja, aunque las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística referidas a 2007 ofrecen alguna pista.
Aquel año se celebraron en España 201.579 matrimonios, de los que 110.507 fueron eclesiásticos y 91.072, civiles.
El 10,6% de los hombres que pasaron por la vicaría o el juzgado eran divorciados, y en el caso de las mujeres fue el 9,5%.
La edad más frecuente entre los hombres que se divorcian oscila entre los 40 y los 49 años (34%), igual que ocurre con ellas, aunque con un porcentaje algo menor (30,6%).
Las mujeres suelen ser más jóvenes que ellos, se casen por 1ª o por 2ª vez o simplemente sean pareja de hecho.
Cristina Tenas tenía 31 años cuando le conoció en Granada.
Con 37 años, era padre de un hijo de 7. Le pidió que fuera a vivir con él a Palma de Mallorca, donde está destinado como funcionario, y ella lo dejó todo, excepto a su perro.
Después de 3 años de convivencia se acaban de casar. "Esta vez sí. Somos felices y lo queríamos celebrar así", explica ella.
El divorcio de Tenas fue amistoso. No había hijos de por medio y, además, cedió en el precio para facilitar la venta de su parte de la vivienda propiedad de ambos.
La ruptura del nuevo esposo fue mucho más complicada, con denuncias constantes de la ex mujer por supuestos malos tratos y un reguero de discusiones cuyas consecuencias acababa pagando muchas veces el niño.
La situación de Tenas ilustra el deseo de muchas de esas mujeres:
a.- por ser madres,
b.-los apuros económicos para serlo y
c.-la discriminación legal que padecen.
"Con lo que le queda a él después de pagar la pensión y la hipoteca, más los gastos de abogados, no nos lo podemos plantear", explica Tenas, aunque ella también trabaje.
"Él está discriminado por ser hombre y yo soy una mujer de segunda categoría por ser su pareja".
Otro caso más lacerante fue el de Elena Porras, obligada por un juez a ayudar a pagar la pensión de alimentos que le corresponde a su nueva pareja.
Nunca se le permitió declarar en un juicio, pero la justicia sí que se acordó de ella para pagar, aunque, al final, la Audiencia Provincial de Girona acabó anulando esa obligación.
"Parece que sólo tienen derechos sobre los hijos los progenitores custodios y que los demás no pintamos nada", dice la mujer.
Núria Sauné es otro caso parecido, divorciada hace 14 años.
Ahora tiene una nueva pareja y reclama su derecho para demostrar que "podemos ser tan buenas o malas como las 1ª".
Tenas, Porras y Sauné dejaron de lamentarse hace meses y fundaron la Asociación de Mujeres por la Igualdad y la Custodia Compartida porque consideran que la única solución para cambiar la realidad pasa por modificar las leyes.
"Si se pregona tanta igualdad, hagámoslo de verdad y separemos las economías y los bienes materiales de los niños cuando se rompe una pareja", dicen.
El juez de familia de Málaga José Luis Utrera considera que se debería regular ese fenómeno creciente de las familias reconstituidas.
"Como siempre, el legislador va por detrás. No se trataría de otra cosa que de reconocer que se puede ser un buen padrastro o madrastra, por emplear términos que todo el mundo entiende", explica.
"Lo que no puede ser es que un hombre o una mujer le diga al hijo de su nueva pareja que quite los pies de la mesa y que el niño le mande callar recordándole que no es nadie", añade Utrera.
La abogada de Barcelona Lourdes Checa ha tramitado decenas de divorcios en su carrera profesional y tiene claro que "cada uno tiene que estar en su sitio".
En su opinión, "no se debe confundir nunca el compromiso con ese nuevo grupo humano con el que está conviviendo con el ejercicio de la patria potestad, que eso corresponde al padre o a la madre".
"Las 2ª esposas sufren violencia, acogen con paciencia a hijos que no parieron pero a los que ofrecen su afecto y aguantan desplantes. Son un grupo silencioso que, junto con los abuelos, nadie incluye en sus programas, ni se consideran en el proceloso río del divorcio", apostilla el psicólogo cordobés José Manuel Aguilar, autor del libro Tenemos que hablar. Cómo evitar los daños del divorcio.
En 2008 se rompieron en España 131.060 parejas, frente a las 141.304 del año 2007.
La duración media de un matrimonio es de 15 años y 5 meses.
Los que acabaron separados son los que más duraron (19 años y 4 meses), mientras que las uniones religiosas que finalizaron con la anulación son las más breves (casi 9 años).
Los divorciados se sitúan a mitad de camino.
Los abogados matrimonialistas tienen claro que la crisis ha acabado con la imparable tendencia alcista de los últimos años y que sus clientes se lo piensan ahora un poco más antes de romper. La inmensa mayoría de las rupturas (121.814) fueron divorcios, pues desde la reforma del Código Civil de 2005 es muy minoritario pasar por esa fase intermedia que es la separación.
La sentencia judicial de divorcio al uso que se dicta en España atribuye a la mujer:
a.- la custodia de los hijos,
b.-una pensión de alimentos y
c.-el uso de la vivienda.
Es decir, que de entrada sale beneficiada en aplicación del artículo 96 del Código Civil, que atribuye la vivienda al cónyuge custodio. O sea, a las mujeres en más del 95% de los casos.
"El año pasado tuvieron que irse de su casa más de 70.000 hombres y el 80% no tenían medios para poder pagar una nueva vivienda", explica Justo Sáenz, presidente de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados.
En muchos casos, la pareja no se pone de acuerdo para vender el que fue su domicilio familiar y eso impide pasar página y facilitar la compra de una vivienda que se ajuste más a las nuevas necesidades.
La consecuencia es que ella sigue disfrutando de la casa mientras tiene los hijos y él sigue pagando la mitad de la hipoteca de una vivienda en la que no habita, a no ser que ceda a la presión y la acabe malvendiendo para levantar cabeza.
Eso coloca a decenas de miles de hombres en una situación de asfixia económica, asegura Sáenz, al punto de que a muchos no les queda más remedio que regresar con sus padres, ir a vivir a casa de un amigo o acabar en condiciones cochambrosas.
Como Jon, un bilbaíno al que denunció su ex mujer en 1992 por hechos supuestamente ocurridos cuando estaba en Madrid.
"La denuncia fue archivada, pero yo tuve que salir por piernas", explica.
"Un amigo me dejó una habitación, luego me metí en un piso de protección oficial, mis padres me ayudaron y así volví a empezar", recuerda.
"A la larga las mujeres acaban siendo las perjudicadas por ese trato inicialmente favorable en el divorcio", relata Sáenz.
"Y es que cuando el hombre deja de pagar la hipoteca de la que fue su casa y los hijos ya se han independizado, muchos solicitan la división de la cosa común y ellas tienen que elegir entre comprar la vivienda al valor de mercado de entonces o perderla y que salga a subasta".
Jon tiene claro qué es lo que va a hacer en cuanto pueda y su hijo se independice.
"Cada vez nos llegan más casos de mujeres mayores de 55 años que se divorciaron hace tiempo y que ahora no tienen dinero para comprarle a su ex la otra mitad, por lo que la casa acaba saliendo a subasta. Con lo que ella obtiene no puede meterse en un nuevo piso, ahora los bancos no les dan un préstamo y muchas no tienen derecho ni a vivienda de protección oficial por su salario", explica Sáenz.
Es una situación que, según dice, se está extendiendo a todas las capas sociales.
Y es que convertir la vivienda en moneda de cambio tiene sus riesgos.
La situación de paro en la que están quedando muchos hombres les está llevando a dejar de pagar la mitad de la hipoteca de aquella casa.
"Como ella no puede hacer frente a toda la cuota, se dan casos en que le acaba perdonando la pensión de alimentos de los hijos a cambio de que pague su parte para no perder la casa", relata Sáenz.
Pero más allá de hijos, viviendas y otros lastres, el divorcio deja, en muchas ocasiones, secuelas irreversibles.
"¿Qué atractivo tengo yo como separado para una mujer? Soy incapaz de hacerla reír porque todavía no me he recuperado de la ruptura y no tengo bienes", explica Francisco Zugasti, que dedica la mayor parte de su tiempo a la asociación Projusticia, "defensora de la verdadera igualdad entre las personas, sean hombres o mujeres".
Al juzgado cuando hay otra pareja
Un procedimiento penal se acaba cerrando tarde o temprano con una sentencia firme, pero el divorcio es un proceso abierto que permite acudir al juzgado en cualquier momento para solicitar una nueva medida o la modificación de la que se adoptó.
Los jueces de familia están acostumbrados a verlas de todos los colores, pero relatan que existen algunos comportamientos humanos peculiares.
Por ejemplo, la reacción que provoca en el otro que su ex tenga una nueva pareja.
José Luis Utrera, titular del Juzgado de Iª Instancia 5 de Málaga, especializado en temas de familia, explica que ese hecho desencadena nuevos procesos judiciales.
"Si es el padre el que rehace su vida, la madre le pone pegas para que vea a los hijos, porque casi siempre tiene ella la custodia. Si es la madre la que encuentra una nueva pareja, es él quien le regatea el pago de la pensión de alimentos con toda clase de argumentos y hasta reclama a la justicia el uso de la vivienda que tenían la mujer y sus hijos", relata el juez.
Utrera asegura que, de entrada, esos argumentos no son suficientes para que los jueces cambien de opinión, pero los ex cónyuges lo prueban y a veces hasta se les da la razón.
Hace un tiempo, una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería consideró que la introducción de una 3ª persona en la casa en la que vivía una madre y sus hijos era motivo para que dejara de tener atribuido su uso.
"Si no se demuestra que la presencia de esa persona es perjudicial para los hijos, no es causa suficiente para cambiar de criterio. Otra cosa es que, en ocasiones, la aparición de esa tercera persona se hace con una finalidad exhibicionista", explica el juez Utrera, quien acaba de escribir el libro Guía básica para un buen divorcio a partir de sus 12 años de experiencia como juez de familia en los que ha resuelto unos 10.000 divorcios o separaciones.
"Es curioso que un proceso de divorcio que no ha tenido incidencias durante años, de golpe se vuelve contencioso sin nada que lo justifique. Y cuando el juez bucea un poco acaba descubriendo que la explicación es que hay una nueva pareja", concluye Utrera.
lunes, 22 de junio de 2009
El Telefono de la Igualdad solo para Hombres ¿ Y las mujeres?
http://www.larazon.es/noticia/aido-crea-el-telefono-de-la-igualdad-para-hombres-con-dudas
Costará 1,4 millones y su fin es contribuir a «otro modelo de masculinidad»
Aído crea el «teléfono de la Igualdad» para hombres con dudas
22 Junio 09 - R. Serrano
El Ministerio de Igualdad quiere centrar ahora su acción en los hombres.
Tal y como anunció la ministra, Bibiana Aído, al inicio de la legislatura, hace ahora 1 año, el Ministerio habilitará un teléfono para hombres.
Además, cumplirá los plazos previstos, puesto que se anunció para 2009.
Sin embargo, no se trata, como dijo en un principio, de un teléfono para maltratadores que quieran «canalizar su agresividad», sino de una línea 900 y de un servicio de información por internet para varones con «dudas» sobre sus relaciones de pareja.
El incumplimiento de órdenes de alejamiento y la falta de seguridad de las mujeres amenazadas parecen quedar en un segundo plano: ésta es una de las recetas con las que el departamento que dirige Aído pretende reducir la sangría de mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas.
La Subsecretaría del Ministerio de Igualdad publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la licitación del «servicio telefónico y on line de información y orientación en materias y cuestiones relacionadas con los hombres y la igualdad de género.
El valor estimado del contrato es de 1,2 millones de euros, aunque la cantidad máxima a invertir será de 1,4 hasta 2011.
En el presente año el presupuesto asciende a 234.000 euros. Serán 700.000 para 2010 y 466.000 para 2011.
El objetivo no es disuadir a los hombres violentos ni detectar casos de maltrato.
En su lugar, el objetivo es «contribuir con políticas preventivas a otro modelo de masculinidad desde el que establecer las relaciones de pareja sobre unas nuevas referencias, para la cual la implicación y el compromiso de los hombres en esta lucha es imprescindible».
Así lo detalla el pliego de prescripciones técnicas que regirá la contratación del servicio. «Canalizar las posiciones»
Como justificación, el pliego cita los datos del barómetro del CIS de 2008, que revelan que, mientras un 3,8 % de las féminas considera la violencia de género como un «problema grave», sólo lo es para un 1,5 % de los varones.
El personal que atienda el nuevo teléfono gratuito podrá «facilitar a hombres interesados por el tema de la igualdad enlaces y recursos que potencien y canalicen sus posiciones igualitarias».
Los pondrán en contacto con «organizaciones de hombres igualitarios» y los orientarán sobre «lecturas».
También los informarán de sus derechos en materia de conciliación, separación y divorcio, custodia de los hijos y «relaciones paterno-filiales».
ANÁLISIS: Una iniciativa dudosa contra los malos tratos
- ¿Qué objetivo tiene el teléfono para hombres?
–El servicio on line se prestará a través de la web de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, luego pretende incidir sobre el maltrato.
- ¿Será un teléfono para maltratadores?
–Ése fue el primer anuncio de Aído, pero la lluvia de críticas (las asociaciones feministas inciden en que hay que proteger a la víctima y no priorizar a su agresor) hizo cambiar el nombre. Como consecuencia, la finalidad de alcanzar un nuevo «modelo de masculinidad» es algo ambigua.
- ¿Es ésta la iniciativa más eficaz para acabar con la violencia de género?
–En lo que va de año al menos 27 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas. Muchas tenían o habían tenido órdenes de alejamiento y protección. Lograr que se respeten y que no se retiren las denuncias debería ser el objetivo.
CUATRO RESPUESTAS
1/ Enlaces y recursos: El teléfono facilitará a los varones «enlaces y recursos» sobre Igualdad, los pondrá en contacto con organizaciones de hombres y les aconsejará sobre lecturas.
2/ Conciliación: La línea también informará a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación, relaciones con los hijos, separación, divorcio y custodia de los hijos.
3/ Ruptura de pareja: El servicio también incluirá orientación sobre «cuestiones surgidas tras situaciones de ruptura de pareja» y los «conflictos que se puedan derivar del nuevo contexto».
4/ Familiares: También los familiares y «personas del entorno cercano de los hombres» podrán solicitar información especializada a profesionales sobre los temas de igualdad.
Costará 1,4 millones y su fin es contribuir a «otro modelo de masculinidad»
Aído crea el «teléfono de la Igualdad» para hombres con dudas
22 Junio 09 - R. Serrano
El Ministerio de Igualdad quiere centrar ahora su acción en los hombres.
Tal y como anunció la ministra, Bibiana Aído, al inicio de la legislatura, hace ahora 1 año, el Ministerio habilitará un teléfono para hombres.
Además, cumplirá los plazos previstos, puesto que se anunció para 2009.
Sin embargo, no se trata, como dijo en un principio, de un teléfono para maltratadores que quieran «canalizar su agresividad», sino de una línea 900 y de un servicio de información por internet para varones con «dudas» sobre sus relaciones de pareja.
El incumplimiento de órdenes de alejamiento y la falta de seguridad de las mujeres amenazadas parecen quedar en un segundo plano: ésta es una de las recetas con las que el departamento que dirige Aído pretende reducir la sangría de mujeres asesinadas por sus parejas y ex parejas.
La Subsecretaría del Ministerio de Igualdad publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de la licitación del «servicio telefónico y on line de información y orientación en materias y cuestiones relacionadas con los hombres y la igualdad de género.
El valor estimado del contrato es de 1,2 millones de euros, aunque la cantidad máxima a invertir será de 1,4 hasta 2011.
En el presente año el presupuesto asciende a 234.000 euros. Serán 700.000 para 2010 y 466.000 para 2011.
El objetivo no es disuadir a los hombres violentos ni detectar casos de maltrato.
En su lugar, el objetivo es «contribuir con políticas preventivas a otro modelo de masculinidad desde el que establecer las relaciones de pareja sobre unas nuevas referencias, para la cual la implicación y el compromiso de los hombres en esta lucha es imprescindible».
Así lo detalla el pliego de prescripciones técnicas que regirá la contratación del servicio. «Canalizar las posiciones»
Como justificación, el pliego cita los datos del barómetro del CIS de 2008, que revelan que, mientras un 3,8 % de las féminas considera la violencia de género como un «problema grave», sólo lo es para un 1,5 % de los varones.
El personal que atienda el nuevo teléfono gratuito podrá «facilitar a hombres interesados por el tema de la igualdad enlaces y recursos que potencien y canalicen sus posiciones igualitarias».
Los pondrán en contacto con «organizaciones de hombres igualitarios» y los orientarán sobre «lecturas».
También los informarán de sus derechos en materia de conciliación, separación y divorcio, custodia de los hijos y «relaciones paterno-filiales».
ANÁLISIS: Una iniciativa dudosa contra los malos tratos
- ¿Qué objetivo tiene el teléfono para hombres?
–El servicio on line se prestará a través de la web de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, luego pretende incidir sobre el maltrato.
- ¿Será un teléfono para maltratadores?
–Ése fue el primer anuncio de Aído, pero la lluvia de críticas (las asociaciones feministas inciden en que hay que proteger a la víctima y no priorizar a su agresor) hizo cambiar el nombre. Como consecuencia, la finalidad de alcanzar un nuevo «modelo de masculinidad» es algo ambigua.
- ¿Es ésta la iniciativa más eficaz para acabar con la violencia de género?
–En lo que va de año al menos 27 mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas. Muchas tenían o habían tenido órdenes de alejamiento y protección. Lograr que se respeten y que no se retiren las denuncias debería ser el objetivo.
CUATRO RESPUESTAS
1/ Enlaces y recursos: El teléfono facilitará a los varones «enlaces y recursos» sobre Igualdad, los pondrá en contacto con organizaciones de hombres y les aconsejará sobre lecturas.
2/ Conciliación: La línea también informará a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación, relaciones con los hijos, separación, divorcio y custodia de los hijos.
3/ Ruptura de pareja: El servicio también incluirá orientación sobre «cuestiones surgidas tras situaciones de ruptura de pareja» y los «conflictos que se puedan derivar del nuevo contexto».
4/ Familiares: También los familiares y «personas del entorno cercano de los hombres» podrán solicitar información especializada a profesionales sobre los temas de igualdad.
Lesbiana castigada por violencia de género
http://blogs.periodistadigital.com/javierorrico.php/2009/06/21/la-lesbiana-castigada-violencia-sin-gene
La lesbiana castigada (violencia sin género)
21.06.09
La llamada Ley contra la Violencia de Género introdujo en España una discriminación legal contra los hombres -toda "discriminación positiva" no es más que una discriminación contra los demás- por la cual un mismo delito tiene una consideración distinta según el sexo de quien lo cometa:
si es un hombre el que agrede a una mujer, entonces se considera un delito y conduce directamente a la cárcel.
Si es mujer la agresora, entonces sólo se trata de una falta y se salda con una multa.
No es necesario discutir demasiado las falaces razones que llevaron a la norma, pues, al igual que con la pena de muerte, una sola injusticia sirve para invalidar cualquier precepto que la propicie.
Acaba de salir de prisión un hombre que ha estado 11 meses recluido por denuncias falsas de su ex-mujer.
En cuanto se produce la denuncia, y sin más prueba en contrario, el hombre es arrancado de su casa y enchironado.
La presunción de inocencia ha sido suspendida de hecho para el hombre, presunto culpable de maltrato y asesino potencial ya siempre.
En la práctica, pues, podríamos hablar de un estado de excepción para los hombres heterosexuales. (Y las lesbianas, como luego veremos.)
Pero ésa era la finalidad de este disparate, la de criminalizar a media humanidad, la masculina, por el hecho de serlo, y satisfacer así el ansia de venganza que el feminismo más rencoroso aportó a la gobernación de Rodríguez Zapatero, una operación de revancha histórica sin precedentes en una democracia que 30 años atrás había querido hacer de la reconcialización su seña de identidad.
Deténgamonos sólo en un aspecto del asunto.
Casi nadie se habría opuesto a un aumento de las penas como elemento disuasorio, si se trataba de prevenir la violencia en las parejas.
Pero para todos, para cualquier abuso, contra el delito, no contra el delincuente.
¿En qué habría perjudicado a las mujeres agredidas el que el incremento de penas se hubiera establecido sin discriminación alguna?
Los crímenes contra las mujeres, o contra quien sea, han de ser castigados de manera ejemplar, y las víctimas, las grandes olvidadas de nuestras leyes, suficientemente resarcidas.
Ojalá se hiciera así con tantos delitos execrables que en España se saldan con unos añitos.
Resulta curioso, sin embargo, que los enemigos de la cadena perpetua o del cumplimiento íntegro de las condenas, incluso en casos como los de Nani-sex (esta misma semana la izquierda ha rechazado una ampliación de castigos, entre otros, contra los pederastas), sí consideraran conveniente el agravamiento de la pena cuando se dirigía selectivamente contra los hombres.
Se alega la frecuencia.
Pero la diferencia estadística por sexo o por cualquier otro rasgo del agresor no puede ser nunca un argumento.
¿Aumentamos las penas por atentado terrorista cuando los autores sean vascos o árabes?
¿Les alargamos la condena a los rumanos por tener el mayor índice de delincuencia?
¿Qué culpa debemos pagar los hombres de hoy por situaciones históricas pasadas?
Estamos ante una suerte de fascismo de género.
Que, como todo totalitarismo, es el resultado del resentimiento que unos pocos imponen y con el que secuestran a los pueblos.
La llamada ideología de género establece -además de la separación entre hombres y mujeres, que hasta ahora habíamos pertenecido al mismo género, el humano- incluso concepciones del mundo distintas en función del sexo con el que se nace.
El mismo valor de marcación y destino que los nazis otorgaban a la raza (el judío) o los comunistas a la clase social (el burgués).
No ha habido nada tan reaccionario ni tan enemigo de la igualdad en los últimos años como este constructo puritano, importado del feminismo de la extrema izquierda norteamericana y expandido desde un organismo que para mayor recochineo se llama Ministerio de Igualdad.
Es el Islam al revés. O la barbarie al derecho y contra el derecho.
Aquella conquista ilustrada de la igualdad ante la Ley, rueda como la cabeza de un rehén en una web islamista ante tan progresista medida.
Nunca sabremos hasta qué punto esta discriminación tan burda ha coadyuvado al trágico fracaso de una ley que ha visto exponencialmente incrementados los crímenes contra las mujeres y las denuncias falsas contra los hombres.
Sus víctimas terminamos siendo todos.
La democracia, la vertebración social, las personas concretas, sean del sexo que sean. Algo así estará pensando la lesbiana que semanas atrás ha sido condenada como ‘agresor’ contra su esposa, de la que se estaba divorciando y a la que le estrujó el cuello mientras la llamaba hijaputa y otras lindezas.
Le han aplicado la Ley de Violencia de Género y la han condenado a pena de cárcel.
Es decir, la han considerado todo un hombre.
Pero no lo es.
Y ahí está lo muy significativo de la sentencia: lo que se ha condenado es la conducta y no el sexo de quien así se comporta.
El juez ha intentado devolver la cordura a una ley que no la tiene y que esta decisión revela de manera palmaria: las mujeres lesbianas sufrirán la misma pena que los hombres, porque el agredir a otra mujer las masculiniza.
Lo que establece la ley, revoquen o no la sentencia, es que la conducta agresora resulta connatural al hombre, mientras que la condición de víctima es inherente a la mujer.
Cualquier desvío realmente sucedido ha de ser ocultado, negado, travestido, para no contradecir la ideología, el dogma.
No previeron que esta venganza contra el hombre se volvería también contra una parte de los poderosos lobbies que la apoyaron.
Tampoco las parejas de homosexuales masculinos están afectadas por la ley.
En este caso, aunque se agredan, no se les considera hombres.
Y es que si eliminaran la discriminación por sexos, entonces la norma no les resultaría útil.
Lo que se buscaba era sancionar la condición ‘genéricamente’ violenta del macho. Y ganar votos. Con una indecencia aún mayor cuando se hace en nombre de tantas mujeres trágicamente asesinadas.
No les importaba el fracaso real, sino su triunfo ideológico.
Pero la lucha por la igualdad y la plenitud no puede concebirse como una guerra de castigo contra los hombres, sino desde la colaboración como seres humanos.
Siendo personas, antes que ‘géneros’.
La lesbiana castigada (violencia sin género)
21.06.09
La llamada Ley contra la Violencia de Género introdujo en España una discriminación legal contra los hombres -toda "discriminación positiva" no es más que una discriminación contra los demás- por la cual un mismo delito tiene una consideración distinta según el sexo de quien lo cometa:
si es un hombre el que agrede a una mujer, entonces se considera un delito y conduce directamente a la cárcel.
Si es mujer la agresora, entonces sólo se trata de una falta y se salda con una multa.
No es necesario discutir demasiado las falaces razones que llevaron a la norma, pues, al igual que con la pena de muerte, una sola injusticia sirve para invalidar cualquier precepto que la propicie.
Acaba de salir de prisión un hombre que ha estado 11 meses recluido por denuncias falsas de su ex-mujer.
En cuanto se produce la denuncia, y sin más prueba en contrario, el hombre es arrancado de su casa y enchironado.
La presunción de inocencia ha sido suspendida de hecho para el hombre, presunto culpable de maltrato y asesino potencial ya siempre.
En la práctica, pues, podríamos hablar de un estado de excepción para los hombres heterosexuales. (Y las lesbianas, como luego veremos.)
Pero ésa era la finalidad de este disparate, la de criminalizar a media humanidad, la masculina, por el hecho de serlo, y satisfacer así el ansia de venganza que el feminismo más rencoroso aportó a la gobernación de Rodríguez Zapatero, una operación de revancha histórica sin precedentes en una democracia que 30 años atrás había querido hacer de la reconcialización su seña de identidad.
Deténgamonos sólo en un aspecto del asunto.
Casi nadie se habría opuesto a un aumento de las penas como elemento disuasorio, si se trataba de prevenir la violencia en las parejas.
Pero para todos, para cualquier abuso, contra el delito, no contra el delincuente.
¿En qué habría perjudicado a las mujeres agredidas el que el incremento de penas se hubiera establecido sin discriminación alguna?
Los crímenes contra las mujeres, o contra quien sea, han de ser castigados de manera ejemplar, y las víctimas, las grandes olvidadas de nuestras leyes, suficientemente resarcidas.
Ojalá se hiciera así con tantos delitos execrables que en España se saldan con unos añitos.
Resulta curioso, sin embargo, que los enemigos de la cadena perpetua o del cumplimiento íntegro de las condenas, incluso en casos como los de Nani-sex (esta misma semana la izquierda ha rechazado una ampliación de castigos, entre otros, contra los pederastas), sí consideraran conveniente el agravamiento de la pena cuando se dirigía selectivamente contra los hombres.
Se alega la frecuencia.
Pero la diferencia estadística por sexo o por cualquier otro rasgo del agresor no puede ser nunca un argumento.
¿Aumentamos las penas por atentado terrorista cuando los autores sean vascos o árabes?
¿Les alargamos la condena a los rumanos por tener el mayor índice de delincuencia?
¿Qué culpa debemos pagar los hombres de hoy por situaciones históricas pasadas?
Estamos ante una suerte de fascismo de género.
Que, como todo totalitarismo, es el resultado del resentimiento que unos pocos imponen y con el que secuestran a los pueblos.
La llamada ideología de género establece -además de la separación entre hombres y mujeres, que hasta ahora habíamos pertenecido al mismo género, el humano- incluso concepciones del mundo distintas en función del sexo con el que se nace.
El mismo valor de marcación y destino que los nazis otorgaban a la raza (el judío) o los comunistas a la clase social (el burgués).
No ha habido nada tan reaccionario ni tan enemigo de la igualdad en los últimos años como este constructo puritano, importado del feminismo de la extrema izquierda norteamericana y expandido desde un organismo que para mayor recochineo se llama Ministerio de Igualdad.
Es el Islam al revés. O la barbarie al derecho y contra el derecho.
Aquella conquista ilustrada de la igualdad ante la Ley, rueda como la cabeza de un rehén en una web islamista ante tan progresista medida.
Nunca sabremos hasta qué punto esta discriminación tan burda ha coadyuvado al trágico fracaso de una ley que ha visto exponencialmente incrementados los crímenes contra las mujeres y las denuncias falsas contra los hombres.
Sus víctimas terminamos siendo todos.
La democracia, la vertebración social, las personas concretas, sean del sexo que sean. Algo así estará pensando la lesbiana que semanas atrás ha sido condenada como ‘agresor’ contra su esposa, de la que se estaba divorciando y a la que le estrujó el cuello mientras la llamaba hijaputa y otras lindezas.
Le han aplicado la Ley de Violencia de Género y la han condenado a pena de cárcel.
Es decir, la han considerado todo un hombre.
Pero no lo es.
Y ahí está lo muy significativo de la sentencia: lo que se ha condenado es la conducta y no el sexo de quien así se comporta.
El juez ha intentado devolver la cordura a una ley que no la tiene y que esta decisión revela de manera palmaria: las mujeres lesbianas sufrirán la misma pena que los hombres, porque el agredir a otra mujer las masculiniza.
Lo que establece la ley, revoquen o no la sentencia, es que la conducta agresora resulta connatural al hombre, mientras que la condición de víctima es inherente a la mujer.
Cualquier desvío realmente sucedido ha de ser ocultado, negado, travestido, para no contradecir la ideología, el dogma.
No previeron que esta venganza contra el hombre se volvería también contra una parte de los poderosos lobbies que la apoyaron.
Tampoco las parejas de homosexuales masculinos están afectadas por la ley.
En este caso, aunque se agredan, no se les considera hombres.
Y es que si eliminaran la discriminación por sexos, entonces la norma no les resultaría útil.
Lo que se buscaba era sancionar la condición ‘genéricamente’ violenta del macho. Y ganar votos. Con una indecencia aún mayor cuando se hace en nombre de tantas mujeres trágicamente asesinadas.
No les importaba el fracaso real, sino su triunfo ideológico.
Pero la lucha por la igualdad y la plenitud no puede concebirse como una guerra de castigo contra los hombres, sino desde la colaboración como seres humanos.
Siendo personas, antes que ‘géneros’.
Se Investiga una Denuncia Falsa por maltrato en Zamora
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009062200_2_365686__Zamora-juez-Penal-ordena-primera-investigar-denuncia-falsa-maltrato
El juez de lo Penal ordena por 1ª vez investigar una denuncia falsa por maltrato
En el juicio se observaron indicios de que los hechos imputados al acusado, exculpado en dos ocasiones anteriores, no eran ciertos
L.O.
El Juzgado de lo Penal de Zamora ha ordenado abrir diligencias por denuncia falsa contra una mujer que denunció a su ex pareja por un delito de violencia de género, a quien acusó de haberle acuchillado a las puertas de su casa tras quebrantar una orden de alejamiento del Juzgado de Violencia de Género cuando se encontraba en libertad bajo fianza de 300 euros por otras denuncias por malos tratos, de las que también ha resultado ser inocente.
Mientras en esos 2 anteriores procedimientos el fiscal ejercía la acusación pública y el hombre se enfrentaba a la petición de 18 meses de prisión, en este procedimiento el abogado de la denunciante exigía un 1 de prisión por un delito de maltrato y 9 meses por otro de amenazas.
El Ministerio Público ni se personó ni ejerció acusación.
La decisión tomada por el titular del Juzgado de lo Penal evidencia que existen «indicios bastantes de la falsedad de la imputación» hacia el procesado, puesto que éste es uno de los requisitos indispensables que recoge el Código Penal para que el juez o magistrado pueda, sobreseída la causa o absuelto el acusado, ordenar que se proceda de oficio contra el denunciante.
El damnificado podrá iniciar también acciones contra su ex compañera sentimental o personarse como acusación particular en la causa que inicie el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que corresponda, a fin de tratar de resarcirse de los daños morales sufridos por las acusaciones y denuncias falsas.
El Juzgado de lo Penal exculpó al imputado en los dos primeros juicios.
Ahora el magistrado Emilio Vega González vuelve a dictar una sentencia absolutoria, en la que desautoriza la veracidad de los hechos delictivos descritos por la mujer, supuesta víctima de violencia de género.
Una vez más no existen pruebas que certifiquen que el episodio descrito por la denunciante se corresponde con hechos reales.
El magistrado, a la vista de los testimonios recogidos en el juicio y de los informes de los médicos forenses, absuelve al zamorano, vecino de una localidad de Aliste, en cuya vivienda reside su ex compañera sentimental y el hijo de ambos, menor de edad.
Al tiempo ordena la «deducción del testimonio de las actuaciones para investigar si la mujer ha incurrido en un delito de denuncia falsa» contra quien fue su pareja 10 años, indican fuentes judiciales.
Se trata de la Iª vez que un juez de la provincia insta a que un juzgado de 1ª Instancia e Instrucción inicie diligencias previas para determinar si una mujer que ha denunciado maltrato, en este caso en reiteradas ocasiones, ha cometido un delito por falsear los hechos que imputa al acusado.
En la última vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal, el procesado demostró con 2 testigos que ni siquiera había estado el fin de semana en el que se sitúan los hechos en el pueblo, por lo que era imposible que se hubiera aproximado a la vivienda de su ex mujer el 20 de octubre de 2007.
Ella relató en su denuncia y en el propio Juzgado que su ex compañero sentimental se había acercado ese día, sábado, a la puerta de entrada de la casa con un cuchillo de monte en la mano, dispuesto a agredirla.
Los testigos situaron al procesado en Zamora capital.
La mujer había asegurado que esa noche los barrotes de seguridad de la puerta – que tuvo que poner para impedir que su ex novio entrara en la casa en un descuido– le salvaron la vida. Siempre de acuerdo con su testimonio, la mujer indicó que oyó ruidos en la puerta y creyó que serían los guardias civiles encargados de vigilar que su ex novio – que acaba de ser absuelto de delito de maltrato y amenazas por tercera vez– no se acercara al domicilio.
Salió fuera y se topó tras los barrotes con su presunto agresor, que lanzó el cuchillo en dirección a su abdomen, si bien sólo habría llegado a alcanzarle en una pierna, en la que tuvo una incisión porque «llevaba puesto el pijama, que me rasgó por completo, y una bata de tela gruesa», lo que evitó que la herida fuera de mayores consecuencias, explicó.
En ese momento ella se había girado para tratar de cerrar la puerta y deshacerse de su presunto agresor. Asimismo, relató que le había golpeado la cabeza contra los barrotes.
Los forenses del Juzgado declararon que la herida que la mujer presentaba en la pierna no era compatible con la descripción que realizaba ella misma sobre cómo se produjo la agresión denunciada.
Los médicos también dejaron constancia de sus dudas sobre la posibilidad de que la herida hubiera sido producida con un cuchillo o navaja de monte.
La denunciante manifestó a este diario que su ex compañero sentimental, que la había maltratado desde el inicio de la relación y propinado la primera paliza embarazada de 3 meses, aprovechaba los fines de semana para acudir al pueblo a pesar de las órdenes de alejamiento que el juez de Violencia de Género le había impuesto en más de una ocasión.
Su profesión de camionero le mantenía alejado de Aliste el tiempo restante.
Un supuesto carácter violento que no ha quedado acreditado.
Un juzgado de Iª Instancia e Instrucción deberá ser ahora el encargado de abrir una investigación para averiguar si la mujer se inventó los hechos que con tanta precisión fue capaz de contar tanto en la denuncia como en declaraciones a este diario y el día en que tuvo lugar el juicio en el Juzgado de lo Penal.
La ahora acusada de una denuncia falsa por el propio magistrado aseveró en su día que el hombre con el que mantuvo una relación durante un periodo de tiempo de 10 años le había agredido y amenazado en numerosas ocasiones con matarla, «hasta que no te vea muerta y cojan tu cadáver no voy a parar», sostiene que le decía.
La mujer llegó a dar detalles escabrosos sobre supuestas agresiones anteriores, que nunca denunció y en las que se adivinaba el carácter violento de su pareja.
Una conducta que, sin embargo, no ha quedado acreditada tras las investigaciones judiciales efectuadas a raíz de las denuncias hechas en estos últimos años, y que se produjeron tras la ruptura de la relación sentimental que ambos mantenían.
A partir de ahora será ella, la mujer en principio denunciante, quien tenga que demostrar su inocencia, ya que si la investigación concluye que la mujer presentó una denuncia sin que existiera delito, el juez puede imponerle penas de prisión que van desde los 6 meses a los 2 años y multas que oscilan entre los 12 y los 24 meses si se le imputara un delito grave al denunciado, condición que en este caso se cumple, puesto que los delitos de Violencia de Género son infracciones graves, que llevan aparejadas serias consecuencias penales para sus autores.
DENUNCIAS FALSAS. CÓDIGO PENAL
Denunciar a una persona sin motivo no sale «gratis».
El Código Penal tiene previstas este tipo de situaciones.
Artículo 4561. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:
1. Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave.
a.- Con la pena de multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave.
b.- Con pena de multa de 3 a 6 meses, si se imputara falta.
2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.
Artículo 457. El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con multa de 6 a 12 meses.
El juez de lo Penal ordena por 1ª vez investigar una denuncia falsa por maltrato
En el juicio se observaron indicios de que los hechos imputados al acusado, exculpado en dos ocasiones anteriores, no eran ciertos
L.O.
El Juzgado de lo Penal de Zamora ha ordenado abrir diligencias por denuncia falsa contra una mujer que denunció a su ex pareja por un delito de violencia de género, a quien acusó de haberle acuchillado a las puertas de su casa tras quebrantar una orden de alejamiento del Juzgado de Violencia de Género cuando se encontraba en libertad bajo fianza de 300 euros por otras denuncias por malos tratos, de las que también ha resultado ser inocente.
Mientras en esos 2 anteriores procedimientos el fiscal ejercía la acusación pública y el hombre se enfrentaba a la petición de 18 meses de prisión, en este procedimiento el abogado de la denunciante exigía un 1 de prisión por un delito de maltrato y 9 meses por otro de amenazas.
El Ministerio Público ni se personó ni ejerció acusación.
La decisión tomada por el titular del Juzgado de lo Penal evidencia que existen «indicios bastantes de la falsedad de la imputación» hacia el procesado, puesto que éste es uno de los requisitos indispensables que recoge el Código Penal para que el juez o magistrado pueda, sobreseída la causa o absuelto el acusado, ordenar que se proceda de oficio contra el denunciante.
El damnificado podrá iniciar también acciones contra su ex compañera sentimental o personarse como acusación particular en la causa que inicie el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que corresponda, a fin de tratar de resarcirse de los daños morales sufridos por las acusaciones y denuncias falsas.
El Juzgado de lo Penal exculpó al imputado en los dos primeros juicios.
Ahora el magistrado Emilio Vega González vuelve a dictar una sentencia absolutoria, en la que desautoriza la veracidad de los hechos delictivos descritos por la mujer, supuesta víctima de violencia de género.
Una vez más no existen pruebas que certifiquen que el episodio descrito por la denunciante se corresponde con hechos reales.
El magistrado, a la vista de los testimonios recogidos en el juicio y de los informes de los médicos forenses, absuelve al zamorano, vecino de una localidad de Aliste, en cuya vivienda reside su ex compañera sentimental y el hijo de ambos, menor de edad.
Al tiempo ordena la «deducción del testimonio de las actuaciones para investigar si la mujer ha incurrido en un delito de denuncia falsa» contra quien fue su pareja 10 años, indican fuentes judiciales.
Se trata de la Iª vez que un juez de la provincia insta a que un juzgado de 1ª Instancia e Instrucción inicie diligencias previas para determinar si una mujer que ha denunciado maltrato, en este caso en reiteradas ocasiones, ha cometido un delito por falsear los hechos que imputa al acusado.
En la última vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal, el procesado demostró con 2 testigos que ni siquiera había estado el fin de semana en el que se sitúan los hechos en el pueblo, por lo que era imposible que se hubiera aproximado a la vivienda de su ex mujer el 20 de octubre de 2007.
Ella relató en su denuncia y en el propio Juzgado que su ex compañero sentimental se había acercado ese día, sábado, a la puerta de entrada de la casa con un cuchillo de monte en la mano, dispuesto a agredirla.
Los testigos situaron al procesado en Zamora capital.
La mujer había asegurado que esa noche los barrotes de seguridad de la puerta – que tuvo que poner para impedir que su ex novio entrara en la casa en un descuido– le salvaron la vida. Siempre de acuerdo con su testimonio, la mujer indicó que oyó ruidos en la puerta y creyó que serían los guardias civiles encargados de vigilar que su ex novio – que acaba de ser absuelto de delito de maltrato y amenazas por tercera vez– no se acercara al domicilio.
Salió fuera y se topó tras los barrotes con su presunto agresor, que lanzó el cuchillo en dirección a su abdomen, si bien sólo habría llegado a alcanzarle en una pierna, en la que tuvo una incisión porque «llevaba puesto el pijama, que me rasgó por completo, y una bata de tela gruesa», lo que evitó que la herida fuera de mayores consecuencias, explicó.
En ese momento ella se había girado para tratar de cerrar la puerta y deshacerse de su presunto agresor. Asimismo, relató que le había golpeado la cabeza contra los barrotes.
Los forenses del Juzgado declararon que la herida que la mujer presentaba en la pierna no era compatible con la descripción que realizaba ella misma sobre cómo se produjo la agresión denunciada.
Los médicos también dejaron constancia de sus dudas sobre la posibilidad de que la herida hubiera sido producida con un cuchillo o navaja de monte.
La denunciante manifestó a este diario que su ex compañero sentimental, que la había maltratado desde el inicio de la relación y propinado la primera paliza embarazada de 3 meses, aprovechaba los fines de semana para acudir al pueblo a pesar de las órdenes de alejamiento que el juez de Violencia de Género le había impuesto en más de una ocasión.
Su profesión de camionero le mantenía alejado de Aliste el tiempo restante.
Un supuesto carácter violento que no ha quedado acreditado.
Un juzgado de Iª Instancia e Instrucción deberá ser ahora el encargado de abrir una investigación para averiguar si la mujer se inventó los hechos que con tanta precisión fue capaz de contar tanto en la denuncia como en declaraciones a este diario y el día en que tuvo lugar el juicio en el Juzgado de lo Penal.
La ahora acusada de una denuncia falsa por el propio magistrado aseveró en su día que el hombre con el que mantuvo una relación durante un periodo de tiempo de 10 años le había agredido y amenazado en numerosas ocasiones con matarla, «hasta que no te vea muerta y cojan tu cadáver no voy a parar», sostiene que le decía.
La mujer llegó a dar detalles escabrosos sobre supuestas agresiones anteriores, que nunca denunció y en las que se adivinaba el carácter violento de su pareja.
Una conducta que, sin embargo, no ha quedado acreditada tras las investigaciones judiciales efectuadas a raíz de las denuncias hechas en estos últimos años, y que se produjeron tras la ruptura de la relación sentimental que ambos mantenían.
A partir de ahora será ella, la mujer en principio denunciante, quien tenga que demostrar su inocencia, ya que si la investigación concluye que la mujer presentó una denuncia sin que existiera delito, el juez puede imponerle penas de prisión que van desde los 6 meses a los 2 años y multas que oscilan entre los 12 y los 24 meses si se le imputara un delito grave al denunciado, condición que en este caso se cumple, puesto que los delitos de Violencia de Género son infracciones graves, que llevan aparejadas serias consecuencias penales para sus autores.
DENUNCIAS FALSAS. CÓDIGO PENAL
Denunciar a una persona sin motivo no sale «gratis».
El Código Penal tiene previstas este tipo de situaciones.
Artículo 4561. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:
1. Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave.
a.- Con la pena de multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave.
b.- Con pena de multa de 3 a 6 meses, si se imputara falta.
2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada.
Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.
Artículo 457. El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con multa de 6 a 12 meses.
domingo, 21 de junio de 2009
Uruguay: Se aplica la Tenencia Compartida
http://www.elpais.com.uy/090621/pnacio-424803/nacional/juzgado-de-familia-aplica-un-sistema-de-tenencia-compartida-
Juzgado de Familia aplica un sistema de "tenencia compartida"
Fallo. El niño conserva relación con padres
Un reciente fallo de la Justicia de Familia aplicó el criterio de la tenencia de menores "compartida" en un caso de disputa entre padres separados.
La sentencia, emitida el pasado 3 de junio por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno, modifica el criterio habitual a la hora de otorgar la tenencia de los menores, habilitando un sistema de visitas para que mantenga el contacto con quien no tiene la custodia.
El fallo señala que este mecanismo, que prácticamente no se utiliza en Uruguay, es habitual en otros países, y que está previsto en la legislación internacional.
"Desde esta perspectiva, la guarda compartida busca que el hijo conserve su relación con ambos padres en el mayor grado posible y, consecuentemente, sufra la ruptura de sus progenitores en el menor grado posible", sostiene la sentencia redactada por el juez Ricardo Pérez Manrique, y firmada además por María Cantero y Jonny Silbermann.
La resolución fue emitida en relación a un caso en el que un Juzgado de Familia de Las Piedras otorgó la tenencia de un niño a su padre, con quien vivió desde la separación de la pareja.
Sin embargo, la madre apeló reclamando que se le otorgara la custodia del menor.
Ante ese planteo, el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y, ante el buen relacionamiento de la ex pareja a la hora de resolver todo lo relativo al pequeño, resolvió brindar la tenencia compartida.
En los hechos, la resolución implica que el niño continuará residiendo con su padre, y compartirá con su madre visitas un día a la semana y también los fines de semana.
Sin embargo, la sentencia sostiene que otros aspectos "atinentes a la vida del menor deberán ser resueltas por los padres "de común acuerdo", ya que ambos demostraron que "ello es posible más allá del enfrentamiento inicial".
Además, otro aspecto que fue tomado en cuenta por el Tribunal es que el menor no dijo con quién quería vivir.
"De sus propias palabras se desprende que los quiere a ambos por igual, que teme perderlos", remarca la resolución.
En tal sentido, señala que el "interés superior" que hay que preservar es el bienestar del niño, por lo que si su voluntad es estar con ambos y la relación entre los adultos así lo permite, la Justicia no debe adoptar una decisión en sentido contrario.
El País Digital
Juzgado de Familia aplica un sistema de "tenencia compartida"
Fallo. El niño conserva relación con padres
Un reciente fallo de la Justicia de Familia aplicó el criterio de la tenencia de menores "compartida" en un caso de disputa entre padres separados.
La sentencia, emitida el pasado 3 de junio por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno, modifica el criterio habitual a la hora de otorgar la tenencia de los menores, habilitando un sistema de visitas para que mantenga el contacto con quien no tiene la custodia.
El fallo señala que este mecanismo, que prácticamente no se utiliza en Uruguay, es habitual en otros países, y que está previsto en la legislación internacional.
"Desde esta perspectiva, la guarda compartida busca que el hijo conserve su relación con ambos padres en el mayor grado posible y, consecuentemente, sufra la ruptura de sus progenitores en el menor grado posible", sostiene la sentencia redactada por el juez Ricardo Pérez Manrique, y firmada además por María Cantero y Jonny Silbermann.
La resolución fue emitida en relación a un caso en el que un Juzgado de Familia de Las Piedras otorgó la tenencia de un niño a su padre, con quien vivió desde la separación de la pareja.
Sin embargo, la madre apeló reclamando que se le otorgara la custodia del menor.
Ante ese planteo, el Tribunal revocó la sentencia de primera instancia y, ante el buen relacionamiento de la ex pareja a la hora de resolver todo lo relativo al pequeño, resolvió brindar la tenencia compartida.
En los hechos, la resolución implica que el niño continuará residiendo con su padre, y compartirá con su madre visitas un día a la semana y también los fines de semana.
Sin embargo, la sentencia sostiene que otros aspectos "atinentes a la vida del menor deberán ser resueltas por los padres "de común acuerdo", ya que ambos demostraron que "ello es posible más allá del enfrentamiento inicial".
Además, otro aspecto que fue tomado en cuenta por el Tribunal es que el menor no dijo con quién quería vivir.
"De sus propias palabras se desprende que los quiere a ambos por igual, que teme perderlos", remarca la resolución.
En tal sentido, señala que el "interés superior" que hay que preservar es el bienestar del niño, por lo que si su voluntad es estar con ambos y la relación entre los adultos así lo permite, la Justicia no debe adoptar una decisión en sentido contrario.
El País Digital
El divorcio no es malo, lo es el divorciarse mal
http://www.diariosur.es/20090620/malaga/jose-luis-utrera-gutierrez-20090620.html
JUEZ DE FAMILIA
José Luís Utrera Gutiérrez: «El divorcio en sí mismo no es malo, pero sí lo es divorciarse mal»
El magistrado publica una guía básica con recomendaciones prácticas para abordar de la mejor forma un proceso de ruptura matrimonial.
«Somos una sociedad muy divorcista, pero con muy poca experiencia»
MONTSE MARTÍN MÁLAGA20.06.09
DECÁLOGO DE CONSEJOS
Diálogo: Dialogar con el otro cónyuge en la medida de lo posible para conseguir el acuerdo.
Los hijos: Colocar a los hijos por encima de los intereses personales. No utilizarlos.
Un buen abogado: Elegir un buen abogado, que esté especializado y que tenga capacidad de negociación y de diálogo. Se desaconseja recurrir a un letrado con el que se tenga vínculo familiar.
Custodia compartida: Los hijos no son propiedad del padre o de la madre.
La custodia compartida de los menores es la más beneficiosa para ellos, pero exige de los adultos una relación fluida y dialogante.
Custodia no compartida: En caso de que la custodia se conceda a uno de los progenitores hay que tener en cuenta que el otro no es un convidado de piedra.
La patria potestad de los menores sigue estando compartida y después del divorcio hay que tomar muchas decisiones sobre los hijos que tienen que hacerse de forma consensuada.
Régimen de visitas: El régimen de visitas es sobre todo un derecho del menor más que del progenitor no custodio. Para éste es un deber que ha de cumplir con regularidad.
La vivienda: En los casos que sea posible se recomienda venderla y con el importe que se reciba poder acceder a 2 viviendas más modestas cuyos gastos sean soportables para ambos cónyuges.
El reparto de bienes: Un buen reparto de bienes tras el divorcio se prepara antes del matrimonio.
Es aconsejable asesorarse con un abogado sobre la forma de organizar el régimen económico matrimonial y convencer a su futuro cónyuge que esas cautelas legales no son una muestra de falta de afecto o desconfianza.
En el juicio: Tratar de no entrar en una dinámica acusatoria hacia la otra parte.
No perder los nervios ante una intervención incisiva del abogado contrario.
No llevar a declarar a la madre, a la hermana, pues los jueces suelen dar escasa credibilidad a su declaración por el parentesco.
Se debe declarar con claridad y concisión y procurar decir a verdad sobre la situación económica, pues los jueces valoran negativamente que se escondan losverdaderos ingresos.
Modificaciones: En el divorcio nada es eterno.
Las medidas acordadas por los jueces pueden ser revisadas (pensión alimenticia, custodia, vivienda y pensión compensatoria).
«Es fundamental el diálogo y colocar a los hijos por encima de intereses personales»
«Hay que controlar los sentimientos de ira, de desamor, venganza y abandono»
Durante sus 12 años como juez de familia ha dictado unas 10.000 sentencias de divorcio.
Los muchos casos de rupturas matrimoniales que ha tenido entre sus manos han dado a José Luis Utrera Gutiérrez la suficiente experiencia como para recoger en un libro una serie de recomendaciones sobre lo que se debe y no se debe hacer.
Con 'Guía básica para un buen divorcio', el juez Utrera quiere ayudar a las personas que transitan por ese momento de su vida para que lo hagan de la mejor forma posible para ellas y sobre todo para sus hijos.
El manual parte de la premisa de que lo malo no es divorciarse, sino divorciarse mal.
¿Qué se pretende con esta guía?
Sobre todo ayudar a las personas que tienen que pasar por un divorcio o ruptura de pareja de hecho, aportándoles mi experiencia como juez de familia en 10.000 divorcios.
Y sobre todo, la finalidad es evitar los costes emocionales de un mal divorcio, porque el divorcio, en sí mismo, no es malo, lo malo es divorciarse mal.
¿Qué cuestiones aborda en este manual?
Tiene una doble vertiente: una jurídica-legal y otra que aborda el divorcio desde una perspectiva psicológica, que ha aportado María Ángeles Peña, psicóloga del juzgado de familia.
Estos procesos tienen un componente emocional importante.
Yo creo que es la primera guía que hay en el mercado que aborda el divorcio desde esa doble perspectiva.
Lance desde aquí una recomendación fundamental para una pareja que quiera divorciarse
En primer lugar es fundamental que dialoguen, que hablen y que, en la medida de lo posible, traten de controlar esos sentimientos de ira, desamor, venganza y abandono que los embargan. Y segundo, que coloquen a sus hijos por encima de sus intereses personales.
En tercer lugar, asesorarse con un buen abogado especializado en estas cuestiones, que tenga capacidad de negociación.
¿Cuáles son las consecuencias de un mal divorcio?
Además de los costes emocionales, los problemas que se presentan después del divorcio.
La falta de diálogo, por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones que afectan a la patria potestad de los menores.
Como juez, los ex cónyuges me han pedido que decida yo sobre la elección del colegio, si el niño hace o no la primera comunión o si debe conducir un ciclomotor.
El juez no tiene una varita mágica; son ellos los que deben tomar la decisión.
¿Cuántas rupturas se tramitan de mutuo acuerdo en Málaga?
Son la mayoría, en torno al 75%. De 4 matrimonios 3 acaban en divorcio.
Estamos por encima de la media europea, aunque tenemos poca experiencia, poca cultura de divorcio.
Por ejemplo, interpretamos como una muestra de desconfianza o de falta de afecto el hecho de que antes del matrimonio la pareja pacte un régimen económico y de cautelas legales.
Eso no ocurre en otros países.
¿Cuánto dura como media un matrimonio?
Unos 6 años. El matrimonio empieza a hacer aguas cuando termina su fase más lúdica.
Después del 1º hijo suelen empezar los problemas de convivencia.
JUEZ DE FAMILIA
José Luís Utrera Gutiérrez: «El divorcio en sí mismo no es malo, pero sí lo es divorciarse mal»
El magistrado publica una guía básica con recomendaciones prácticas para abordar de la mejor forma un proceso de ruptura matrimonial.
«Somos una sociedad muy divorcista, pero con muy poca experiencia»
MONTSE MARTÍN MÁLAGA20.06.09
DECÁLOGO DE CONSEJOS
Diálogo: Dialogar con el otro cónyuge en la medida de lo posible para conseguir el acuerdo.
Los hijos: Colocar a los hijos por encima de los intereses personales. No utilizarlos.
Un buen abogado: Elegir un buen abogado, que esté especializado y que tenga capacidad de negociación y de diálogo. Se desaconseja recurrir a un letrado con el que se tenga vínculo familiar.
Custodia compartida: Los hijos no son propiedad del padre o de la madre.
La custodia compartida de los menores es la más beneficiosa para ellos, pero exige de los adultos una relación fluida y dialogante.
Custodia no compartida: En caso de que la custodia se conceda a uno de los progenitores hay que tener en cuenta que el otro no es un convidado de piedra.
La patria potestad de los menores sigue estando compartida y después del divorcio hay que tomar muchas decisiones sobre los hijos que tienen que hacerse de forma consensuada.
Régimen de visitas: El régimen de visitas es sobre todo un derecho del menor más que del progenitor no custodio. Para éste es un deber que ha de cumplir con regularidad.
La vivienda: En los casos que sea posible se recomienda venderla y con el importe que se reciba poder acceder a 2 viviendas más modestas cuyos gastos sean soportables para ambos cónyuges.
El reparto de bienes: Un buen reparto de bienes tras el divorcio se prepara antes del matrimonio.
Es aconsejable asesorarse con un abogado sobre la forma de organizar el régimen económico matrimonial y convencer a su futuro cónyuge que esas cautelas legales no son una muestra de falta de afecto o desconfianza.
En el juicio: Tratar de no entrar en una dinámica acusatoria hacia la otra parte.
No perder los nervios ante una intervención incisiva del abogado contrario.
No llevar a declarar a la madre, a la hermana, pues los jueces suelen dar escasa credibilidad a su declaración por el parentesco.
Se debe declarar con claridad y concisión y procurar decir a verdad sobre la situación económica, pues los jueces valoran negativamente que se escondan losverdaderos ingresos.
Modificaciones: En el divorcio nada es eterno.
Las medidas acordadas por los jueces pueden ser revisadas (pensión alimenticia, custodia, vivienda y pensión compensatoria).
«Es fundamental el diálogo y colocar a los hijos por encima de intereses personales»
«Hay que controlar los sentimientos de ira, de desamor, venganza y abandono»
Durante sus 12 años como juez de familia ha dictado unas 10.000 sentencias de divorcio.
Los muchos casos de rupturas matrimoniales que ha tenido entre sus manos han dado a José Luis Utrera Gutiérrez la suficiente experiencia como para recoger en un libro una serie de recomendaciones sobre lo que se debe y no se debe hacer.
Con 'Guía básica para un buen divorcio', el juez Utrera quiere ayudar a las personas que transitan por ese momento de su vida para que lo hagan de la mejor forma posible para ellas y sobre todo para sus hijos.
El manual parte de la premisa de que lo malo no es divorciarse, sino divorciarse mal.
¿Qué se pretende con esta guía?
Sobre todo ayudar a las personas que tienen que pasar por un divorcio o ruptura de pareja de hecho, aportándoles mi experiencia como juez de familia en 10.000 divorcios.
Y sobre todo, la finalidad es evitar los costes emocionales de un mal divorcio, porque el divorcio, en sí mismo, no es malo, lo malo es divorciarse mal.
¿Qué cuestiones aborda en este manual?
Tiene una doble vertiente: una jurídica-legal y otra que aborda el divorcio desde una perspectiva psicológica, que ha aportado María Ángeles Peña, psicóloga del juzgado de familia.
Estos procesos tienen un componente emocional importante.
Yo creo que es la primera guía que hay en el mercado que aborda el divorcio desde esa doble perspectiva.
Lance desde aquí una recomendación fundamental para una pareja que quiera divorciarse
En primer lugar es fundamental que dialoguen, que hablen y que, en la medida de lo posible, traten de controlar esos sentimientos de ira, desamor, venganza y abandono que los embargan. Y segundo, que coloquen a sus hijos por encima de sus intereses personales.
En tercer lugar, asesorarse con un buen abogado especializado en estas cuestiones, que tenga capacidad de negociación.
¿Cuáles son las consecuencias de un mal divorcio?
Además de los costes emocionales, los problemas que se presentan después del divorcio.
La falta de diálogo, por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones que afectan a la patria potestad de los menores.
Como juez, los ex cónyuges me han pedido que decida yo sobre la elección del colegio, si el niño hace o no la primera comunión o si debe conducir un ciclomotor.
El juez no tiene una varita mágica; son ellos los que deben tomar la decisión.
¿Cuántas rupturas se tramitan de mutuo acuerdo en Málaga?
Son la mayoría, en torno al 75%. De 4 matrimonios 3 acaban en divorcio.
Estamos por encima de la media europea, aunque tenemos poca experiencia, poca cultura de divorcio.
Por ejemplo, interpretamos como una muestra de desconfianza o de falta de afecto el hecho de que antes del matrimonio la pareja pacte un régimen económico y de cautelas legales.
Eso no ocurre en otros países.
¿Cuánto dura como media un matrimonio?
Unos 6 años. El matrimonio empieza a hacer aguas cuando termina su fase más lúdica.
Después del 1º hijo suelen empezar los problemas de convivencia.