Fracasa el Programa de Ayuda al Impago de la Pensión de Alimentos

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Fracasa la ayuda por impago de pensión a hijos
La rigidez legal es el mayor obstáculo para el reparto - Sólo 519 niños han podido beneficiarse del fondo

PERE RÍOS - Barcelona - 08/06/2009
Solamente 519 niños se beneficiaron el año pasado del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos que puso en marcha el Gobierno en 2008 para ayudar a las madres o padres separados o divorciados que tengan a su cargo hijos y que no reciban del otro cónyuge la pensión que estableció la justicia.
Se trata de una cantidad ínfima de beneficiarios si se compara con las decenas de miles de sentencias judiciales por impago de pensión de alimentos que se incumplen anualmente en España y, en consecuencia, de las decenas de miles de hijos afectados por esa situación.

Los abogados de familia creen escasos los 100 euros mensuales.
Este año se van a multiplicar las demandas, dicen los matrimonialistas.
El fondo se puso en marcha con una partida de 10 millones de euros a cargo de los presupuestos del Estado, y la cantidad que finalmente se gastó fue de 351.526 euros, según los datos facilitados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que es la encargada de su gestión.

Esa ayuda pública es de 100 euros mensuales por hijo durante un tiempo máximo de 18 meses, ya sea de forma continua o discontinua.
Para poder acceder a ella este año se exige que los ingresos del hogar del progenitor no superen 1,5 veces la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Es decir, 9.489 euros al año.
Ese coeficiente aumenta en un 0,25 por cada hijo.
Es decir, el mínimo es 9.489 euros (1,5 veces el indicador) si se trata de un hijo;
11.070,5 euros cuando la pensión debe cubrir los gastos de dos hijos;
12.652 euros para tres, y así sucesivamente, aumentando la cantidad en 1.581,5 euros anuales por cada hijo.

Las abogadas de colectivos feministas que defienden a las mujeres en estos procesos aseguran que la escasa aplicación del fondo se explica por las exigencias que marca la ley para poderse acoger a él, pues cualquier mujer que tenga una ayuda económica del Estado a causa de su precaria situación laboral supera con creces ese tope máximo de ingresos.

Por ejemplo, para una madre con un hijo, no sobrepasar los 9.489 euros supone cobrar menos de 790,75 euros mensuales brutos, suponiendo que la perceptora no reciba pagas extraordinarias. Para un contrato estándar de 14 nóminas al año se trataría de un máximo de 677,79 euros al mes.
A eso se ha de añadir que la ayuda sólo se concede cuando existe constancia oficial en el juzgado de familia del impago de la pensión de alimentos por el otro cónyuge, y cuando se ha agotado la vía ejecutiva contra el deudor.
Es decir, cuando la justicia ya ha constatado la imposibilidad de embargarle los bienes, normalmente al padre, porque la inmensa mayoría de las custodias se conceden a las madres y son ellos quienes han de pagar.

El impago durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos está tipificado como delito en España y se castiga con penas de 3 meses a 1 año de cárcel.
Los 100 euros por hijo que concede el Gobierno tienen la consideración de anticipo y después el Estado se encarga de perseguir al deudor para recuperarlos.

El año pasado se presentaron 872 solicitudes (857 por mujeres y 15 por hombres), que generaron 1.498 expedientes de posibles beneficiarios, uno por hijo.
De ese total, 519 resoluciones fueron concedidas, se denegaron 357, en otros 117 casos hubo desistimiento y los 505 restantes estaban en trámite.

Isidro Niñerola, presidente de la Asociación de Abogados de Familia de España, censura las exigencias legales para acogerse a la ayuda y, especialmente, la cuantía.
"Eso no les soluciona nada a los ciudadanos de a pie porque no alcanzan ni los umbrales mínimos de dignidad. Las ayudas deberían aumentarse y, sobre todo, extenderse a capas sociales más amplias", asegura.
Es una opinión que comparten también diversos colectivos de mujeres, quienes consideran que se trata de cuantías insignificantes para lo que cuesta la crianza de un hijo.
Y de que, además, se dejan de percibir cuando éste adquiere la mayoría de edad, aunque no tenga independencia económica.

Es más que probable, aseguran los abogados matrimonialistas, que este año se disparen las peticiones de ayuda por la crisis económica.
El primer síntoma ha llegado ya a los juzgados de familia, donde en los últimos meses han aumentado las peticiones de modificación de medidas del convenio de divorcio acordado.
Son profesionales de todas las clases sociales que en su día se comprometieron a abonar una pensión en consonancia con los ingresos de entonces.
Ahora se han reducido o están sin trabajo y le piden al juez que la reduzca.

Cataluña y País Vasco ultiman sus planes
Cataluña y el País Vasco ultiman la redacción de sus propios planes, que actuarán de manera supletoria al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos del Gobierno.
La Generalitat fue la primera Administración que lo aprobó, en julio de 2007, pero hasta el próximo mes de septiembre no se prevé que se haga realidad.

Sería una ayuda mensual de un máximo de 281,74 euros que actuaría de forma complementaria al fondo estatal, de manera que aquellos 100 euros por hijo que concede el Gobierno central los completaría la Generalitat hasta alcanzar esa cantidad.
También podrá disfrutarse durante un máximo de 18 meses, de forma continua o discontinua.
El límite para acogerse a esa ayuda es más amplio, de manera que una divorciada con un hijo a su cargo podrá beneficiarse si sus ingresos anuales no superan los 32.186 euros.

El proyecto de decreto que tramita el Gobierno catalán no asigna ninguna cantidad a ese fondo.
En el caso del País Vasco, desde 2003 se han producido diversos requerimientos del Parlamento autónomo para que el Gobierno pusiera en marcha un plan similar.
La última previsión incumplida era que estuviera listo el pasado 1 de junio.

En Andalucía no existe una iniciativa similar, aunque el Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona la asistencia letrada por el impago de pensiones alimenticias, aunque el deudor resida en otra comunidad.
La medida se empezó a aplicar en 2002 y desde entonces se han resuelto favorablemente 676 demandas, lo que ha permitido a las mujeres recuperar un total de 1,4 millones de euros.