El CGAE se opone a la obligación de llevar distintivos en los juzgados de violencia de género de Bilbao
El organismo considera que obligar a los profesionales de la abogacía a portar pegatinas identificativas que acrediten su condición profesional resulta improcedente y atenta contra la dignidad de la profesión.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a través de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer, se une al rechazo emitido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia en relación al protocolo de actuación sobre movilidad y circulación de personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales.
Dicho protocolo obliga a los investigados, testigos y profesionales de la abogacía a llevar unas pegatinas identificativas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao.
El organismo considera que obligar a los profesionales de la abogacía a portar pegatinas identificativas que acrediten su condición profesional resulta improcedente y atenta contra la dignidad de la profesión.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), a través de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer, se une al rechazo emitido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia en relación al protocolo de actuación sobre movilidad y circulación de personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales.
Dicho protocolo obliga a los investigados, testigos y profesionales de la abogacía a llevar unas pegatinas identificativas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao.
Protocolo improcedente
Por su parte, la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo de la Abogacía Española rechaza este protocolo. En su opinión, "obligar a los profesionales de la Abogacía a portar pegatinas identificativas que acrediten su condición profesional resulta a todas luces improcedente", además "de atentar contra la dignidad de la profesión, al imponer dicha obligación únicamente a los profesionales de la abogacía y no así a todos los operadores jurídicos". En este sentido, subrayan que "los profesionales de la abogacía ya disponen de documento identificativo de su acreditación profesional que deberán exhibir a requerimiento del órgano judicial".
Asimismo, manifiestan que "imponer la misma medida de identificación a las personas investigadas en procedimientos por violencia de género, con exhibición pública de su condición, compromete claramente la reputación personal de la persona investigada a quien asiste el derecho a la presunción de inocencia recogido en el art. 24 de la Constitución Española".
Desde la CGAE sostienen que "la protección de las víctimas –pilar esencial en la lucha contra la violencia de género– en la que la abogacía está plenamente comprometida, debe articularse y garantizarse a través de medios, ya previstos en el ordenamiento jurídico, que no vulneren la dignidad de los profesionales ni los derechos de las personas investigadas".
Por todo ello, desde la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española reclaman la retirada de estas medidas.
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