La bajada de los sueldos y las reducciones de jornada, junto a los despidos provocados por la pandemia, sitúan al borde del abismo a muchos progenitores que ven como sus peticiones de modificación de las pensiones alimenticias se atascan en los juzgados.
Los impagos suelen ir seguidos de embargos y la posibilidad de incurrir en un delito
"Han sido 7 meses muy duros", repite David una y otra vez durante la conversación. Divorciado y padre de una niña de 6 años, la debacle laboral provocada por el coronavirus revolcó su vida de la noche a la mañana. Tras 5 años encadenando contratos temporales como asesor en una empresa de telecomunicaciones, se vio en el paro y con un largo listado de gastos mensuales derivados de su separación.
180 euros de la pensión de manutención, 342 de la hipoteca de su antigua casa, la cuota de la comunidad, el pago del IBI o el seguro del inmueble, a lo que había que sumar los 400 euros del alquiler de su actual vivienda. Más de 900 euros que debía afrontar con una prestación por desempleo de 942 que, por más que estirase, no daba para todo. Una asfixia económica en la que se encuentran muchos padres y madres separados que han sido despedidos o están afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y reducciones de jornada derivadas de la pandemia, cuyas solicitudes de adecuación de la pensión alimenticia a sus ingresos actuales quedan atrapadas en el colapso de los tribunales.
David explica que tuvo que "recurrir a la ayuda familiar" para "subsistir", ya que los pagos fijados por los juzgados tras su separación consumían más de la mitad de sus ingresos. A los que también había que restar otros gastos ordinarios como "la factura del teléfono o la gasolina".
"Han sido 7 meses muy duros", repite David una y otra vez durante la conversación. Divorciado y padre de una niña de 6 años, la debacle laboral provocada por el coronavirus revolcó su vida de la noche a la mañana. Tras 5 años encadenando contratos temporales como asesor en una empresa de telecomunicaciones, se vio en el paro y con un largo listado de gastos mensuales derivados de su separación.
180 euros de la pensión de manutención, 342 de la hipoteca de su antigua casa, la cuota de la comunidad, el pago del IBI o el seguro del inmueble, a lo que había que sumar los 400 euros del alquiler de su actual vivienda. Más de 900 euros que debía afrontar con una prestación por desempleo de 942 que, por más que estirase, no daba para todo. Una asfixia económica en la que se encuentran muchos padres y madres separados que han sido despedidos o están afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y reducciones de jornada derivadas de la pandemia, cuyas solicitudes de adecuación de la pensión alimenticia a sus ingresos actuales quedan atrapadas en el colapso de los tribunales.
David explica que tuvo que "recurrir a la ayuda familiar" para "subsistir", ya que los pagos fijados por los juzgados tras su separación consumían más de la mitad de sus ingresos. A los que también había que restar otros gastos ordinarios como "la factura del teléfono o la gasolina".
Por este motivo, decidió presentar un escrito de modificación temporal de la cuantía de la pensión alimenticia alegando un "cambio sustancial" de las condiciones con respecto a las que se acordó. Para ello tuvo que aportar todo tipo de documentación que probará su delicada situación económica, pero la autoridad judicial acabó rechazando su petición.
"Alegó que la manutención que se me impuso es de las más bajas", relata, para seguidamente quejarse de que "no se tuviese en cuenta que también abono la cuota de la hipoteca de mi antiguo domicilio familiar". "Una vivienda que yo compré cuando no estaba con mi expareja".
Lucía -nombre ficticio- se encuentra en una situación complicada cuyos matices son muy similares. Cada mes debe afrontar aproximadamente 350 euros correspondientes a la pensión alimenticia de su hija y el pago del préstamo hipotecario con el que adquirió su antigua casa. Cantidad que abona estando afectada por un ERTE al que se acogió en marzo el centro deportivo en el que trabaja y que únicamente se paralizó durante un leve periodo en junio.
A pesar de que la cesión de una vivienda familiar insufló aire al delicado estado de sus cuentas, su sueldo menguado hasta los 750 euros se torna escaso para sufragar los gastos del día a día y reconoce que "queda poco para gastar".
No obstante, tras sopesarlo, ha decidido no solicitar la revisión de su acuerdo de separación. En parte, porque es muy probable que el desenlace de su caso sea el mismo que corrió el de David, ya que sospecha que se analizará exclusivamente la cuota de manutención en vez de la totalidad de los pagos.
"Que el dentista te diga que debes someterte a un tratamiento es un auténtico drama", manifiesta Julio -nombre ficticio-, quien afirma que "gasto más de lo que gano". Este joven, padre de una niña de poco más de 1 año, reconoce que "me tengo que privar de muchas cosas" para que su economía de mileurista no termine de colapsar y que cada mes se hace muy duro, por eso sondea opciones que cambien su situación.
PROBLEMA CRECIENTE
La Asociación Europea de Abogados de Familia explica que "el debate no es si procede o no la pensión alimenticia, sino si es posible disminuir su cuantía", para seguidamente advertir que el "deber" de abonarla en su importe inicial "no cesa con la interposición de la demanda de modificación de medidas". La sentencia que cambie las condiciones iniciales "tendrá efectos a partir del momento en que se pronuncie el juez", aclara.
Uno de los principales problemas que destacan los afectados son los tiempos judiciales, porque mientras el juzgado resuelve sobre estas solicitudes, "sólo quedan 2 opciones: seguir pagando un dinero que no tengo o el embargo". Un dilema que no se puede disociar de un contexto con 900.000 ciudadanos en ERTE y 3,8 millones en paro.
Juan Carlos López Medina, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS), aclara que este tipo de casos "no son nuevos", pero afirma que han aumentado a raíz de la crisis del coronavirus y sus consecuencias en el mercado laboral. "Es una cuestión muy seria porque el progenitor no custodio se puede enfrentar a un delito", por lo que reclama celeridad a los juzgados, aunque advierte que su colapso crónico se ha visto agravado por la pandemia.
"Los plazos se pueden dilatar varios meses", por eso "se recomienda que, aunque no se pueda hacer frente a toda la pensión, abonar una parte", ya que es "un gesto de buena voluntad". "Hay que tener en cuenta que nos podemos enfrentar a un escenario en el que el padre no pueda pagar y que la madre no pueda mantener a los niños con sus recursos", señala López Medina, que agrega que "es la pescadilla que se muerde la cola", por lo que considera que hay que intentar fijar "obligaciones y exigencias acordes a las circunstancias", pero "siempre" preservando el derecho y las necesidades de los hijos.
ACUERDOS EXTRAJUDICIALES
Miguel es uno de los afortunados que ha conseguido que se le modifiquen las condiciones y le han concedido una moratoria para abonar la deuda acumulada durante los meses en los que estuvo inmerso en el expediente de regulación temporal de empleo. "Cobraba 1.800 euros al mes y, de buenas a primeras, paso a percibir 890", describe, antes de advertir que no empezó a percibir esta cantidad hasta pasado 1 mes y medio de presentar la solicitud ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Con su nómina reducida a casi la mitad y una pensión de manutención de 485 euros correspondiente a sus 2 hijos, el dinero que le quedaba tras restar los gastos comunes era insuficiente para poder vivir dignamente. Tras hablar con su expareja y proponerle sin éxito un acuerdo temporal para reducir las cuotas, Miguel decidió unilateralmente comenzar a pagar 300 euros mensuales y batallar en los juzgados una pensión acorde a su actual situación económica.
Esta decisión le valió una denuncia cuyo recorrido cortó la autoridad judicial cuando presentó documentos que acreditaban su considerable bajada de ingresos entre marzo y septiembre. Recientemente se celebró una vista en la que finalmente se acordó la adecuación de la pensión y que pagara 50 euros durante 28 meses para sufragar la deuda acumulada durante el tiempo que estuvo en ERTE y con reducción de jornada.
Este caso, por los numerosos condicionantes emotivos y legales que rodean a una ruptura, es casi una excepcionalidad, pero hay opciones que ofrecen salidas más ágiles a las parejas que quieren llegar a un consenso: los acuerdos extrajudiciales. "Muchos padres están llegando a pactos en presencia de un abogado que realiza un trabajo de mediación", detalla el presidente de la APFS, antes de recomendar que "se plasmen por escrito ante el letrado las nuevas condiciones consensuadas" por los progenitores para evitar contratiempos futuros.
El principal lastre de esta vía es que difícilmente es aplicable a parejas cuyas separaciones han sido tortuosas, aunque los abogados de la citada asociación recomiendan trabajar para tender puentes y llegar a puntos de coincidencia que beneficien a las partes implicadas. Porque recuerdan que la asistencia de los hijos debe estar garantizada.
Lucía -nombre ficticio- se encuentra en una situación complicada cuyos matices son muy similares. Cada mes debe afrontar aproximadamente 350 euros correspondientes a la pensión alimenticia de su hija y el pago del préstamo hipotecario con el que adquirió su antigua casa. Cantidad que abona estando afectada por un ERTE al que se acogió en marzo el centro deportivo en el que trabaja y que únicamente se paralizó durante un leve periodo en junio.
A pesar de que la cesión de una vivienda familiar insufló aire al delicado estado de sus cuentas, su sueldo menguado hasta los 750 euros se torna escaso para sufragar los gastos del día a día y reconoce que "queda poco para gastar".
No obstante, tras sopesarlo, ha decidido no solicitar la revisión de su acuerdo de separación. En parte, porque es muy probable que el desenlace de su caso sea el mismo que corrió el de David, ya que sospecha que se analizará exclusivamente la cuota de manutención en vez de la totalidad de los pagos.
"Que el dentista te diga que debes someterte a un tratamiento es un auténtico drama", manifiesta Julio -nombre ficticio-, quien afirma que "gasto más de lo que gano". Este joven, padre de una niña de poco más de 1 año, reconoce que "me tengo que privar de muchas cosas" para que su economía de mileurista no termine de colapsar y que cada mes se hace muy duro, por eso sondea opciones que cambien su situación.
PROBLEMA CRECIENTE
La Asociación Europea de Abogados de Familia explica que "el debate no es si procede o no la pensión alimenticia, sino si es posible disminuir su cuantía", para seguidamente advertir que el "deber" de abonarla en su importe inicial "no cesa con la interposición de la demanda de modificación de medidas". La sentencia que cambie las condiciones iniciales "tendrá efectos a partir del momento en que se pronuncie el juez", aclara.
Uno de los principales problemas que destacan los afectados son los tiempos judiciales, porque mientras el juzgado resuelve sobre estas solicitudes, "sólo quedan 2 opciones: seguir pagando un dinero que no tengo o el embargo". Un dilema que no se puede disociar de un contexto con 900.000 ciudadanos en ERTE y 3,8 millones en paro.
Juan Carlos López Medina, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados (APFS), aclara que este tipo de casos "no son nuevos", pero afirma que han aumentado a raíz de la crisis del coronavirus y sus consecuencias en el mercado laboral. "Es una cuestión muy seria porque el progenitor no custodio se puede enfrentar a un delito", por lo que reclama celeridad a los juzgados, aunque advierte que su colapso crónico se ha visto agravado por la pandemia.
"Los plazos se pueden dilatar varios meses", por eso "se recomienda que, aunque no se pueda hacer frente a toda la pensión, abonar una parte", ya que es "un gesto de buena voluntad". "Hay que tener en cuenta que nos podemos enfrentar a un escenario en el que el padre no pueda pagar y que la madre no pueda mantener a los niños con sus recursos", señala López Medina, que agrega que "es la pescadilla que se muerde la cola", por lo que considera que hay que intentar fijar "obligaciones y exigencias acordes a las circunstancias", pero "siempre" preservando el derecho y las necesidades de los hijos.
ACUERDOS EXTRAJUDICIALES
Miguel es uno de los afortunados que ha conseguido que se le modifiquen las condiciones y le han concedido una moratoria para abonar la deuda acumulada durante los meses en los que estuvo inmerso en el expediente de regulación temporal de empleo. "Cobraba 1.800 euros al mes y, de buenas a primeras, paso a percibir 890", describe, antes de advertir que no empezó a percibir esta cantidad hasta pasado 1 mes y medio de presentar la solicitud ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Con su nómina reducida a casi la mitad y una pensión de manutención de 485 euros correspondiente a sus 2 hijos, el dinero que le quedaba tras restar los gastos comunes era insuficiente para poder vivir dignamente. Tras hablar con su expareja y proponerle sin éxito un acuerdo temporal para reducir las cuotas, Miguel decidió unilateralmente comenzar a pagar 300 euros mensuales y batallar en los juzgados una pensión acorde a su actual situación económica.
Esta decisión le valió una denuncia cuyo recorrido cortó la autoridad judicial cuando presentó documentos que acreditaban su considerable bajada de ingresos entre marzo y septiembre. Recientemente se celebró una vista en la que finalmente se acordó la adecuación de la pensión y que pagara 50 euros durante 28 meses para sufragar la deuda acumulada durante el tiempo que estuvo en ERTE y con reducción de jornada.
Este caso, por los numerosos condicionantes emotivos y legales que rodean a una ruptura, es casi una excepcionalidad, pero hay opciones que ofrecen salidas más ágiles a las parejas que quieren llegar a un consenso: los acuerdos extrajudiciales. "Muchos padres están llegando a pactos en presencia de un abogado que realiza un trabajo de mediación", detalla el presidente de la APFS, antes de recomendar que "se plasmen por escrito ante el letrado las nuevas condiciones consensuadas" por los progenitores para evitar contratiempos futuros.
El principal lastre de esta vía es que difícilmente es aplicable a parejas cuyas separaciones han sido tortuosas, aunque los abogados de la citada asociación recomiendan trabajar para tender puentes y llegar a puntos de coincidencia que beneficien a las partes implicadas. Porque recuerdan que la asistencia de los hijos debe estar garantizada.
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