En cuestión los equipos Psicosociales

Suspenso a los equipos de los que dependen las custodias en los juzgados.
Los abogados de familia critican la labor que realizan psicólogos y trabajadores sociales al evaluar las capacidades parentales.
Estas unidades carecen de especialización, de protocolo de actuación y trabajan con pocos medios, según los letrados.
Patricia Martín, MADRID, 13/02/2020
Los equipos psicosociales de los juzgados, que se ocupan de la importante tarea de evaluar las capacidades de los padres y de las madres para cuidar de sus hijos, y por tanto su trabajo resulta decisivo a la hora de que el juez determine cuál es la custodia del menor y el régimen de visitas tras un divorcio, presentan fallos de su funciona-miento, según han alertado algunos expertos, instituciones y ahora los abogados de familia, aquellos que lidian día sí, día también, con los miles de asuntos que las parejas o personas con lazos familiares no son capaces de resolver y llevan a los tribunales.
Una encuesta que la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), la mayoritaria en este ámbito, ha realizado entre sus socios avisa de que los letrados especializados suspenden a los equipos psicosociales, formados mayoritariamente por psicólogos y trabajadores sociales. De hecho, un 45% califica su actividad de deficiente o muy deficiente, un 40% de regular y sólo un 15% se muestra satisfecho con su trabajo. Las razones que están detrás de esta mala nota son la falta de especialización de los profesionales que integran estos equipos, la ausencia de protocolos unificados de actuación y la escasez de medios, carencias ya apuntadas por el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos, entre otros actores.
Más de 6 meses en emitir un informe
Entre los principales fallos, se encuentran los dilatados tiempos de respuesta. La encuesta señala que los plazos de emisión de informes superan, en un 60% de los casos, los 6 meses, pudiendo tardar 1 año o más en 3 de cada 10 peritajes. Solamente el 34% de las evaluaciones se realizaría en un “plazo asumible” de 6 meses, según los letrados. 

Estas demoras provocan, a juicio de la asociación, “extraordinarias y gravísimas consecuencias prácticas, que ahondan el sufrimiento de las familias” durante los divorcios conflictivos, dado que la tardanza agudiza en ocasiones las complicadas relaciones.
La Presidente de la AEAFA, Mª Dolores Lozano, en una entrevista en EL PERIÓDICO, ya advirtió de que las propias carencias del sistema judicial provocan “situaciones de violencia de género”.
Sin regulación y formación
La encuesta refleja además el enorme peso que los informes psicosociales tienen en las resoluciones. Un 91% de los letrados considera que influyen “mucho” o son “determinantes” en el resultado del procedimiento. Pese a ello, no hay una regulación específica y común de los profesionales que integran los equipos. Así, sólo un 27% de los encuestados considera que sus profesionales tienen una formación y especialización adecuada, frente a un 73% que considera que es regular, deficiente o muy deficiente.
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