La sentencia del Supremo relativa al uso de la vivienda afecta a los padres con hijos menores. El alto tribunal ya había dictado una sentencia en 2011 en la que consideraba que el uso del domicilio familiar por parte de los hijos comunes se extinguía cuando estos alcanzan la mayoría de edad. Hasta entonces, se consideraba que podían vivir en esta casa hasta que alcanzaran la independencia económica. "Sentó jurisprudencia. Entendió que a partir de los 18 años este derecho se puede prestar a través de una pensión o que los hijos incluso pueden vivir con el progenitor que hasta entonces no tenía la custodia", explica Paloma Zabalgo, abogada de familia. "Ahora es cuando se están dictando sentencias en esta línea, desde hace unos años", prosigue. "Los tribunales están dando respuesta a situaciones que no está abordando el legislador", continúa.
"La sentencia del Supremo debería haber fijado un plazo para que se produjera el abandono del domicilio familiar por parte de la madre", apunta Juan Pablo González del Pozo, juez de familia. "Por ejemplo, 6 meses o 1 año a partir del inicio del proceso de liquidación de bienes gananciales", prosigue.
"Los procedimientos pueden alargarse. Normalmente, duran como mínimo 1 año. Pero en caso de que no se llegue a un acuerdo porque un miembro de la expareja no quiera vender su parte, el otro puede recurrir al juzgado", explica. "Un juez no puede obligar a vender. Lo que sí podemos hacer es establecer un uso alterno de la vivienda: 1 año uno y otro año, otro", añade. "En esos casos suelen acabar llegando a un acuerdo", prosigue. "Si continúa sin alcanzarse un pacto, la liquidación de la sociedad de bienes gananciales puede acabar con una subasta pública".
"La sentencia del Supremo debería haber fijado un plazo para que se produjera el abandono del domicilio familiar por parte de la madre", apunta Juan Pablo González del Pozo, juez de familia. "Por ejemplo, 6 meses o 1 año a partir del inicio del proceso de liquidación de bienes gananciales", prosigue.
"Los procedimientos pueden alargarse. Normalmente, duran como mínimo 1 año. Pero en caso de que no se llegue a un acuerdo porque un miembro de la expareja no quiera vender su parte, el otro puede recurrir al juzgado", explica. "Un juez no puede obligar a vender. Lo que sí podemos hacer es establecer un uso alterno de la vivienda: 1 año uno y otro año, otro", añade. "En esos casos suelen acabar llegando a un acuerdo", prosigue. "Si continúa sin alcanzarse un pacto, la liquidación de la sociedad de bienes gananciales puede acabar con una subasta pública".
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