El Justicia da la razón a una mujer separada, a la que le fue denegada una prestación para el cuidado de su hijo.
P. F. , Zaragoza, 09/11/2017
La realidad social cambia mucho más rápido que las leyes, destaca el Justicia de Aragón en relación a la queja de una mujer separada con custodia compartida de su hijo a la que le fue denegada una ayuda social. La mujer estaba cobrando la Ayuda de apoyo a la integración familiar (AIF), una prestación por cuidado de hijos de 108 euros al mes. En mayo, los servicios sociales le denegaron la renovación de la ayuda al tratarse de un caso de custodia compartida. El Justicia pide ahora que se revise su solicitud y que la normativa tenga en cuenta los casos de custodia compartida, según una sugerencia publicada este miércoles.
La mujer presentó su queja en mayo, tras serle denegada esta ayuda, "imprescindible" para poder atender a su hijo a diario. La madre estaba en el paro y solo cobraba 427 euros al mes por la prestación por desempleo. La Ayuda de apoyo a la integración familiar va destinada a familias con menores a su cargo que tengan una situación de necesidad económica. La mujer cobró la ayuda entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Después, la Administración consideró que al tener custodia compartida no le correspondía seguir cobrándola durante 6 meses.
El Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales respondió el 27 de septiembre al Justicia. "El decreto de 1993 que regula la Ayuda de apoyo a la integración familiar no recoge expresamente el caso de las custodias compartidas. En estos casos, cada progenitor tiene a cargo a los menores durante un tiempo y no de modo completo. Es por ello que se ha concedido la ayuda por un periodo de 6 meses y se establece otro periodo de carencia de otros 6. Así se adecúa la percepción de la ayuda a la realidad y se garantiza también el posible derecho del otro progenitor a acceder a la ayuda, con independencia de si este derecho es finalmente ejercido o no", explican. En este caso el padre no había pedido la ayuda familiar.
La pareja se separó de mutuo acuerdo en 2014 y entonces no se fijó una pensión compensatoria porque no era necesario. La sentencia de divorcio recogía que cada uno se encargaba de la manutención del menor mientras estuviera con él. Pero después, la situación económica de la mujer empeoró y en 2016 ella pidió la ayuda familiar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). El Justicia analiza el régimen de visitas y destaca que el menor pasa más tiempo con la madre que con el padre, por lo que considera que le corresponde más ayuda.
"La madre está casi a diario con el menor, ocupándose ella del hijo, de ahí que, en proporción, le corresponderían más meses de la ayuda que los 6 inicialmente concedidos. Sería oportuno que la Administración estudiara caso por caso este tipo de supuestos para conceder de manera proporcional las prestaciones sociales solicitadas", sugiere el Justicia.
Más custodias compartidas
Aragón es una de las comunidades autónomas con más custodias compartidas. En 2010 fue pionera en aprobar la custodia compartida como opción preferente en los casos de seperación o divorcio. Desde entonces, esta opción ha ido en aumento y ya representa el 38% de los casos, según los últimos datos del INE de 2016. El año pasado se separaron o divorciaron en Aragón 2.485 parejas.
El Justicia llama la atención sobre los años de diferencia entre la aprobación de la Ley de 2010 de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres y el Decreto de 1993 sobre prestaciones sociales. "Este abismo temporal necesariamente hace que sea recomendable reflexionar sobre cuál era la realidad social hace 2 décadas y cuáles son las demandas de la sociedad actual", subraya.
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