Tres años de gestión de Catalá en Justicia: un Ministerio fallido

Los agujeros de seguridad del sistema informático que comunica las resoluciones judiciales es el último escándalo de la gestión ministerial.
Llegó para apagar incendios de Gallardón y acumula fiascos en sus proyectos estrella: acortar plazos de instrucción y vaciar de papel los juzgados
El ministro, reprobado por el Congreso, ha visto dimitir a su elegido como jefe de Anticorrupción y fiscales y secretarios judiciales han pedido su renuncia 
Marcos Pinheiro / José Precedo, 05/08/2017
Recién aterrizado en el Ministerio en septiembre de 2013, Rafael Catalá, desplegó una ingente campaña propagandística para intentar apagar los incendios heredados de Alberto Ruiz Gallardón. Papel cero fue uno de sus principales eslóganes: se trataba de que el 1º día de 2016 todos los procedimientos estuviesen informatizados. Durante los meses siguientes a la entrada en vigor del plan, los funcionarios de Justicia incrementaron un 30% los pedidos de material de oficina. Los documentos siguen llegando en soporte digital a los juzgados pero allí jueces, fiscales y secretarios deben imprimirlos para trabajar con ellos, dado que no disponen de herramientas suficientes para operar desde el ordenador.
Año y medio después, cualquiera que se mueva por las tripas de los juzgados sabe que el papel sigue inundando despachos y pasillos y que el proceso completo hasta llegar a juicio está lejos de digitalizarse.
Es solo un ejemplo de la era Catalá al frente de Justicia, un ministro reprobado por el Congreso de los Diputados, al que ha chamuscado la crisis de la Fiscalía Anticorrupción y el caso Moix, su preferido y el de José Manuel Maza para ese puesto clave del ministerio público y en el que apenas aguantó 4 meses. La salida de Catalá la han reclamado los partidos políticos de la oposición, pero también asociaciones de fiscales y secretarios de juzgados, que le culpan del caos en que está sumido el mundo de la justicia. 

Otro de sus programas estrella que pretendía acortar a 6 meses la instrucción de los jueces en los procedimientos penales ha constituido un fiasco tal, que miles de causas tuvieron que ser declaradas complejas en junio de 2016 sin haber sido estudiadas para evitar el archivo de todos esos casos. Ni el propio Catalá fue capaz entonces de cuantificar las causas. La tramitación de los procedimientos sigue al mismo ritmo que antes de los rimbombantes anuncios ministeriales, mientras las asociaciones de jueces, de fiscales y de secretarios de juzgados, sostienen que nada cambiará mientras no se dote a la Administración de Justicia de medios con los que poder aliviar los plazos.
Para colmo, la semana pasada se conoció un gigantesco boquete en la seguridad del sistema informático por el que circulan las comunicaciones de los jueces al resto de partes implicadas en las causas que permitía acceder a miles de expedientes con información sensible. Catalá y su equipo fueron informando a través de Twitter de las trabajos para solucionarlo pero ningún cargo de Justicia ha asumido responsabilidades por el escándalo ocho días después.

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Nota: Y a que precio nos está costando su actuación a todos los españoles. En este país nadie dimite, se vive muy bien de papá estado.