laopinioncoruna.es/ ,27.02.2017 |
El Gobierno autonómico
también quería, a través del Dereito Civil de Galicia, regular la custodia
compartida de los hijos en caso de separación, dando más peso a esta fórmula
frente a la concesión de la tutela a uno de los padres. Pero en este caso, no se
trata de buscar el consenso entre las partes de la Comisión de Dereito Civil,
sino que obedece a un problema competencial.
La propia Xunta y los
expertos entienden que la responsabilidad jurídica es exclusiva del Estado y
que debe ser el Gobierno central quien introduzca los cambios a través del
Código Civil.
El Ejecutivo autonómico
echó el freno a esta modificación dadas las pocas posibilidades de éxito que
tenía emprender una reforma de este calado que entraba en colisión con la
legislación estatal. Además, tenían un precedente claro donde una comunidad, la
de Valencia, lo intentó y vio como el Tribunal Constitucional le tumbaba la
reforma legal por entender que se había extralimitado en sus funciones a la
hora de legislar. Por eso en la comunidad gallega, se dejó a un lado.
La custodia compartida
está recogida actualmente como una fórmula excepcional que para su concesión,
si no hay acuerdo entre los padres, necesita la petición de una de las partes y
un informe vinculante del fiscal.
El Gobierno de Mariano
Rajoy también tenía previsto regular sobre ella en la legislatura que acabó en
diciembre de 2016, pero finalmente no se aprobó la reforma.
El aspecto más destacado
era que eliminaba la excepcionalidad con la que hasta ahora se regulaba la
custodia compartida y era el juez quien, en cada caso concreto, y siempre
actuando en beneficio del interés superior del menor, determinaba qué régimen
era el más adecuado.
Pero ahora se abre un
nuevo escenario. Y es que en el reciente congreso nacional del PP se aprobó por
consenso mayoritario, dentro de la ponencia social, impulsar las reformas
legales necesarias para incorporar al Código Civil la custodia compartida
"como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio".
Se precisa que no será
automática en ningún caso y que siempre prevalecerá el beneficio del menor y
los derechos de los hijos a disfrutar de una convivencia equilibrada de los
progenitores. "Es una oportunidad para evitar la litigiosidad y sobre todo
velar por la distribución equitativa entre la responsabilidad de padres y
madres", justificó el PP.
Nota: Se darán por informados las asociaciones gallegas al respecto y no volver a meter la pata. Va ser que no.
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