Canarias y Comunidad Valenciana son las autonomías donde se solicitan más separaciones
Tras una tendencia a la baja que comenzó en 2007 y que se acentuó con la llegada de la crisis, la cifra de rupturas empezó a subir de nuevo en 2010 y continúa haciéndolo trimestre a trimestre. En 2014, las demandas de disolución matrimonial crecieron un 6,9% respecto a 2013: de 124.975 a 133.643, la cifra más alta desde 2007, antes del comienzo de la crisis económica.
Los datos reflejan que es en las comunidades autónomas con costa —salvo País Vasco— donde mayor nº de peticiones de divorcio se han registrado en el 2º trimestre de 2015 por cada 1.000 habitantes. Canarias, con 0,89 peticiones y Comunidad Valencia, con 0,82, son las regiones que encabezan la lista. De las 10 autonomías con más solicitudes de separación por millar de habitantes, 9 son costeras y solo Madrid entra en esa lista. Canarias, Comunidad Valencia, Cataluña, Asturias, Murcia, Andalucía, Baleares, Galicia y Cantabria son las autonomías donde más divorcios se solicitan.
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Jesús López, director del bufete Abogado Amigo y especialista en Derecho de Familia, considera que son los meses de septiembre y octubre cuando mayor cantidad de separaciones matrimoniales se registran. "Después de las vacaciones, tras pasar tiempo en familia y con más roce del habitual, los problemas estallan", asegura López.
Becerril coincide con la afirmación: "La propia convivencia hace que se cuestionen cosas que en fragor del día a día no se plantean".
López percibe en su trabajo diario que las separaciones de mutuo acuerdo están cada vez más de moda "porque son más económicas" y "porque los cónyuges se muestran más responsables". López asegura que en el último año ha tenido alrededor de 200 expedientes de divorcio. Cuando se hace de manera consensuada, ronda los 900 euros y, en función de la región, el proceso no superaría los 3 meses. Si, por el contrario, no se llega a un consenso, el coste ascendería hasta los 2.500 y el proceso se prolongaría durante 1 año.
Todos los procedimientos para modificar las condiciones pactadas tras la separación, como la guardia y custodia o la pensión alimenticia de los hijos, han mostrado sus mayores valores trimestrales históricos.
La excepción: la guardia, custodia y alimentación de hijos no matrimoniales no consensuada, cuyo máximo valor trimestral fue en el último trimestre de 2014.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año se iniciaron 2.644 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 9,7% más que en el mismo período de 2014. Las no consensuadas aumentaron un 7,4%.
La economía también hace mella en el aumento de procedimientos para modificar las condiciones pactadas tras la separación. "La situación económica es cambiante y, desgraciadamente, últimamente cambia a peor", justifica la presidenta de UNAF el crecimiento de estos procedimientos.
Becerril, director del departamento de Sociología de la Universidad de Granada, asegura que "en España es necesario un buen estudio sobre el divorcio".
"No sabemos el nivel económico de las parejas; cuando tienen hijos, no se saben de qué edades son y eso es fundamental para la custodia", apostilla el sociólogo.
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