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Elena G. Sevillano Madrid 9 SEP
2015
El ministro acude al Congreso para hacer balance de los primeros 11 años de
la norma.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso
Alonso, ha anunciado este martes que pretende ampliar la ley de
violencia de género para incluir a las mujeres víctimas de trata. Es una tarea,
ha asegurado "de la próxima legislatura", que incluye el debate sobre
si se debe incluir también como víctimas a las madres de niños asesinados por
sus padres. Alonso ha hecho estas consideraciones antes de comparecer en la
Comisión de Igualdad del Congreso para presentar una evaluación sobre los 11
años de vigencia de esta norma.
El ministro ha asegurado que esta reflexión sobre la
ampliación de la norma servirá para "hacer visibles muchas realidades que
antes no se veían". "Antes de contabilizar a los huérfanos no era una
realidad que estuviera en las estadísticas; antes de que hubiéramos analizando
la situación de los adolescentes, no sabíamos que hubiera tanta permisividad
hacia actitudes de control entre los más jóvenes", ha señalado.
Alonso ha asegurado que este verano se ha podido comprobar cómo la violencia de
género es "una lacra que ha seguido golpeando". "Hay
camino para mejorar", ha añadido. También ha recordado que el Gobierno ha
ampliado recientemente esta norma de 2004 para incluir como víctimas directas a
los niños que sufren la violencia en sus hogares.
El ministro anunció su comparecencia en el Congreso
solo 2 días después de que su partido votara en contra de una petición de la oposición
para que acudiera.
Hoy ha presentado un informe de evaluación, pero no lo ha
facilitado previamente a los diputados de otros partidos, lo que ha motivado
varias quejas.
Tampoco lo ha entregado a los periodistas.
El ministro ha empezado su comparecencia recordando el
caso de Ana Orantes, la mujer asesinada por su marido a mediados de los años
90 después de denunciar en público que estaba siendo maltratada. "Ese
crimen removió definitivamente las conciencias y marcó un antes y un
después", ha asegurado.
También ha recordado que en lo que va de año han
muerto 28 mujeres víctimas de la violencia de género y 24 niños se han quedado
huérfanos.
Buena parte de su comparecencia la ha dedicado a ofrecer
cifras. Por ejemplo, el nº de llamadas recibidas en el 016, el nº
confidencial para denunciar casos de violencia machista: más de 500.000.
También ha señalado que en estos años se han presentado 1.082.000 denuncias y se han
concedido 244.000 rentas activas de inserción y más de 300.000 órdenes de
protección. "El gasto público ejecutado en estos 10 años ha ascendido a
3.150 millones de euros en la Administración general y 982 millones en las
comunidades y Ceuta y Melilla", ha precisado.
Hay más de 6.000 hombres
cumpliendo condena por violencia de género.
Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE, ha
acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de haber "quitado herramientas en materia de igualdad"
y de no estar haciendo una auténtica evaluación del cumplimiento de la ley.
"Una evaluación seria tendría que intentar preguntarse por qué los
juzgados están denegando tantas órdenes de protección a las mujeres y por qué
han aumentado tanto las retractaciones", ha señalado.
En el año 2007 se
denegaban el 25% de las solicitudes de órdenes de protección; en 2014, el 43%.
"Una evaluación no es una ristra de datos", ha dicho.
Sobre la escasez de medios, ha afirmado que han
desaparecido la mitad de las oficinas de atención a las víctimas y que Policía
y Guardia Civil cuentan con 6.800 efectivos menos. También ha mencionado cómo
ha caído el presupuesto para programas de prevención en los colegios. "Van
a ser malos tiempos para la ley si uds siguen gobernando", ha
asegurado. "La ley sufre un ataque de interpretación restrictiva y de
racanería presupuestaria".
Álvarez ha señalado que la normativa aprobada por el PP
es "inútil para proteger a menores víctimas de violencia
machista, en 1º lugar, por la falta de recursos". "Han
desaprovechado la ocasión para modificar normas" que podrían ser
efectivas. Según los datos que ha aportado, los jueces están suspendiendo menos
que antes medidas como las visitas o la guardia potestad de los padres.
"La suspensión del régimen de visitas ha descendido un 43% en relación a
los 4 años anteriores, la suspensión de guardia y custodia ha descendido
un 15% y la suspensión de la patria potestad ha caído un 30%", ha recordado.
"Nos encontramos con juzgados cada vez menos
propensos a reconocer estos derechos", ha dicho, y ha afirmado que
"el próximo gobierno socialista" pretende poner en marcha "un
nuevo sistema de valoración forense de riesgo que auxilie al juez a imponer
medidas". "Incorporaremos a las madres de menores asesinados como
receptoras prestaciones simplemente porque son víctimas", ha añadido.
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