El coste social del Divorcio para el Estado

Por MARÍA ESTHER POZO, docente e investigadora del CESU-UMSS - 19/02/2015

En días pasados se publicaron (Diario 5/I/2015) artículos sobre el divorcio y la carga social para el Estado. Es necesario considerar que el divorcio implica un estado de las personas importante.
Datos del Servicio Departamental de Salud (Sedeges) de la ciudad de La Paz sostienen que en las parejas de profesionales en promedio de edad de más de 35 años se presentan hechos de violencia intrafamiliar e infidelidad, éstas serían las  características de los que recurren al divorcio. El punto que llama la atención es que si son profesionales quienes solicitan divorcio estaríamos hablando de los “letrados” como una distinción dentro la clase media o que la variable “educación” ya no es propia de la clase media.
La preocupación de Sedeges no solamente es el crecimiento de las demandas, sino también las características del grupo vulnerable al divorcio ya que los datos muestran que “las familias establecidas entre personas que han culminado con una formación universitaria, económicamente solventes, sean las más violentas y no respeten los valores familiares, como es la fidelidad”, es decir estamos hablando de “educados, violentos e infieles” ya que la violencia y el adulterio son los factores que más inciden en los divorcios, siendo que los procesos son abiertos en torno al interés de los bienes materiales y la tenencia de los hijos, por los efectos económicos.
Si la premisa es partir de la realidad que se construye, es decir, que la sociedad hay que interpretarla dentro de un momento histórico, de unas condiciones determinadas, y en este esquema temporal es como se realizan todas las obligaciones y expectativas que contienen los roles sociales, de tal manera que nos permita pensar que lo que se rechazaba en el pasado, en el futuro puede llegar a ser aceptable. Por este motivo es importante preguntarnos cómo es que se conforman los roles y para ello es necesario entender que no sólo se representa un papel, sino que éste además es como un código de roles, como el hecho de estar casada o casado conlleva una serie de exigencias y limitaciones que están determinadas anteriormente y exteriormente, no es que cada uno/a esté casado/a su manera, pero es necesario también reconocer que la ley se convierte en arbitrariedad como un acto que contradice  lo establecido por la ley y es sometido más allá de la voluntad y capricho individual.
Esta arbitrariedad se expresa en cambios sociales debido a la exclusión y subordinación como es el caso de las mujeres ya que el matrimonio consiste en la asignación a los esposos de diversas clases de derechos, en sus respectivos atributos (sexualidad, su trabajo, su propiedad), permitiendo que la condición social, de una persona se defina total o parcialmente por pautas de matrimonio y reglas de herencia.
De esta manera podríamos corroborar el hecho de que siguen siendo  en número más las mujeres que inician trámites de divorcio como lo era en el pasado y que de alguna manera el matrimonio todavía se  constituye en un impedimento mayor para las mujeres ya sea por violencia, por falta de una distribución equitativa de los roles o por infidelidad.