España: Los Otros Defensores del Pueblo

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Además del Defensor del Pueblo español, existe un Defensor del Pueblo Europeo, designado por las autoridades comunitarias, y también defensores del pueblo autonómicos, actualmente en 11 comunidades, tras la decisión de Asturias y de Castilla-La Mancha de suprimir esta institución de su estatuto.
El Defensor del Pueblo Europeo investiga reclamaciones acerca de los casos de mala administración en las instituciones y los órganos de la Unión Europea. Desde octubre de 2013 ocupa este cargo Emily O'Reilly, que previamente fue la Defensora del Pueblo de Irlanda, así como periodista, locutora y escritora política. La institución cuenta con personal multilingüe, por lo que se pueden gestionar reclamaciones en los 24 idiomas de la UE.
Entre los defensores del pueblo autonómicos podemos encontrar figuras vinculadas a la tradición o a la historia, incluso desde su denominación. 
Así, el Ararteko es el defensor del pueblo vasco, alto comisionado del Parlamento vasco para la defensa de los derechos de los ciudadanos en relación con las actuaciones y políticas públicas de las administraciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales, ayuntamientos, u organismos públicos dependientes de alguna de esas administraciones). En Navarra también se denomina en euskera Ararteko al Defensor del Pueblo de la comunidad foral.
El Síndico de Agravios de Cataluña –en catalán, Síndic de Greuges de Catalunya– es el nombre del defensor del pueblo de Cataluña. Es una de las instituciones más relevantes de la Generalitat y, de este tipo de instituciones, la más antigua de todas las autonomías. Se creó el 20 de marzo de 1984, día en que se aprobó la ley que lo regula. Su misión es garantizar el derecho de todas las personas a una buena administración gubernamental. Debe atender las quejas de las personas que se encuentren desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones.
La figura del Síndic de Greuges tiene cierto arraigo histórico, como ocurre con el Justicia de Aragón, que se creó a finales del siglo XII y funcionó hasta principios del XVIII. Fue una de las instituciones del Reino de Aragón y reapareció en 1982, integrada en la estructura institucional de la región y recogida en su Estatuto de Autonomía. 
También se llama Síndic de Greuges el defensor del pueblo valenciano, institución que se creó en 1993.
El Valedor del Pobo galego es el defensor del pueblo gallego, y existe en Galicia desde 1990. El Diputado del Común Canario es el nombre del defensor del pueblo canario. Cuenta con 7 oficinas, 1 en cada isla, y se aprobó el 12 de febrero de 1986. 
También tienen defensores del pueblo autonómicos en Andalucía, Aragón, Murcia, La Rioja y Castilla-León, cuyo defensor del pueblo se denomina "Procurador del Común".
La comunidad de Extremadura inició el proceso para dotarse de defensor del pueblo, en la figura del "Personero del Común", aunque el proyecto no llegó a cuajar.
La existencia de defensores del pueblo autonómicos ha sido puesta en cuestión por los expertos que han realizado la reciente reforma de la Administración (CORA). Según esta comisión, la supresión de los defensores del pueblo autonómicos supondría un ahorro neto anual de 30,1 millones de euros. Esta medida permitiría optimizar los recursos, ya que, según subrayan, el coste medio de tramitar una queja ante los defensores autonómicos es de 78 euros frente a los 19 euros de su coste a nivel estatal