Punto de encuentro familiar en la localidad vizcaína de Barakaldo.
E.M.
Los incumplimientos se han disparado un 44%, según la Fiscalía.
El País Vasco registró casi 1.100 casos en 2013.
Hay casos en los que el progenitor oculta su verdadero patrimonio.
La Fiscalía del País Vasco alerta del importantísimo incremento del delito llamado "de abandono de familia",
que se traduce en la mayoría de casos en el impago de las pensiones
alimenticias que los tribunales han fijado como obligación para los
progenitores que no han logrado la tutela de un menor.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el "impago de pensiones" ha experimentado en la comunidad autónoma un espectacular crecimiento del 44,51% en 2013 respecto a 2012, año en que este incumplimiento "grave" de los deberes que se derivan de las relaciones familiares ya había crecido de media en toda España un 12,48%.
En concreto, el año pasado se registraron 1.094 casos de impago de pensiones, 541 en Bizkaia, 381 en Gipuzkoa y 172 en Álava.
«Este nº de denuncias vuelve a tener su posible explicación en la situación de crisis económica», explican las fuentes judiciales consultadas.
La denuncia de los impagos, añaden estas fuentes, "es la única forma de evitar situaciones de quebranto patrimonial y asistencial graves". No obstante, "en aquellos casos en los que el deudor de la prestación no tiene capacidad económica para hacer frente a sus obligaciones, no se formula acusación" por parte del ministerio fiscal para no agravar su situación.
Desde la Fiscalía opinan que aunque en el País Vasco "existe un sistema de protección social avanzado que permite la protección de los colectivos más vulnerables" incluso en caso de impago de pensiones alimenticias "ello no empece a que se exija el cumplimiento de las obligaciones nacidas de resoluciones judiciales o del propio acuerdo de los afectados" tras un divorcio. Y añade que, al margen de los impagos, el conjunto de delitos contra las relaciones familiares ha crecido un 12,76% al pasar de 1.371 procedimientos en 2012 a 1.546.
El jurista Antonio López Contreras, en una guía publicada en abril de 2014 sobre este delito, alertó incluso de casos de "insolvencia fraudulenta" en el que el progenitor oculta su verdadero patrimonio para no pagar la pensión alimenticia.
"Ante la reclamación de la pensión alimenticia, optan por ocultar su patrimonio de diferentes formas, no teniendo nada a su nombre y dejando que otra persona sea la titular, bien su actual pareja o bien una persona de confianza. E incluso trabajan sin estar dados de alta en Seguridad Social, o acuerdan con la empresa que en nómina aparezca un salario más bajo que el real", explica este experto.
López Contreras entiende que "las verdaderas víctimas en este tipo de delito son los menores". "El obligado al pago no debe dejar nunca de pagar dicha pensión pues su actitud dolosa podría llevarle a una condena de privación de libertad", advierte el jurista.
No obstante, matiza que la mayoría de pleitos, básicamente por los lazos sentimentales que unen a los litigantes, no buscan la sanción ni la cárcel, ni mucho menos, sino simplemente que la deuda quede saldada. Además, subraya que en caso de insolvencia real y demostrable se puede solicitar al juez "una modificación del importe" de la pensión para evitar los impagos.
Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el "impago de pensiones" ha experimentado en la comunidad autónoma un espectacular crecimiento del 44,51% en 2013 respecto a 2012, año en que este incumplimiento "grave" de los deberes que se derivan de las relaciones familiares ya había crecido de media en toda España un 12,48%.
En concreto, el año pasado se registraron 1.094 casos de impago de pensiones, 541 en Bizkaia, 381 en Gipuzkoa y 172 en Álava.
«Este nº de denuncias vuelve a tener su posible explicación en la situación de crisis económica», explican las fuentes judiciales consultadas.
La denuncia de los impagos, añaden estas fuentes, "es la única forma de evitar situaciones de quebranto patrimonial y asistencial graves". No obstante, "en aquellos casos en los que el deudor de la prestación no tiene capacidad económica para hacer frente a sus obligaciones, no se formula acusación" por parte del ministerio fiscal para no agravar su situación.
Desde la Fiscalía opinan que aunque en el País Vasco "existe un sistema de protección social avanzado que permite la protección de los colectivos más vulnerables" incluso en caso de impago de pensiones alimenticias "ello no empece a que se exija el cumplimiento de las obligaciones nacidas de resoluciones judiciales o del propio acuerdo de los afectados" tras un divorcio. Y añade que, al margen de los impagos, el conjunto de delitos contra las relaciones familiares ha crecido un 12,76% al pasar de 1.371 procedimientos en 2012 a 1.546.
El jurista Antonio López Contreras, en una guía publicada en abril de 2014 sobre este delito, alertó incluso de casos de "insolvencia fraudulenta" en el que el progenitor oculta su verdadero patrimonio para no pagar la pensión alimenticia.
"Ante la reclamación de la pensión alimenticia, optan por ocultar su patrimonio de diferentes formas, no teniendo nada a su nombre y dejando que otra persona sea la titular, bien su actual pareja o bien una persona de confianza. E incluso trabajan sin estar dados de alta en Seguridad Social, o acuerdan con la empresa que en nómina aparezca un salario más bajo que el real", explica este experto.
López Contreras entiende que "las verdaderas víctimas en este tipo de delito son los menores". "El obligado al pago no debe dejar nunca de pagar dicha pensión pues su actitud dolosa podría llevarle a una condena de privación de libertad", advierte el jurista.
No obstante, matiza que la mayoría de pleitos, básicamente por los lazos sentimentales que unen a los litigantes, no buscan la sanción ni la cárcel, ni mucho menos, sino simplemente que la deuda quede saldada. Además, subraya que en caso de insolvencia real y demostrable se puede solicitar al juez "una modificación del importe" de la pensión para evitar los impagos.
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