J. M. Fernández-Arroyo (Barcelona)|
01.05.2014
La nueva ley de tasas judiciales no
hace más que corroborar un viejo y conocido tópico: la justicia no es
igual para todos. Es tan retrógrada como antisocial, y fomenta la
desigualdad. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, –y el
Gobierno del Partido Popular detrás– consigue de esta manera el
propósito que perseguía: que la justicia solo sea accesible para unos
pocos. Siento vergüenza ajena de un país como este que, en pleno siglo
XXI, en tan solo unos meses está dilapidando con unas políticas
ultraliberales y en pro de los todopoderosos los avances sociales que
con tanto esfuerzo se fueron conquistando durante 30 años. Cuando la
justicia verdaderamente sea esa balanza que corresponde a un estado del
bienestar, volveré a creer en ella.
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