Los estudiantes universitarios se manifiestan este jueves en contra de la futura reforma educativa, pero los conflictos a los que se enfrenta la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio Kindelan, no se reducen a la esfera de lo público. El juez que dirime su divorcio ha ordenado investigar hasta 18 empresas de su familia en las que la mano derecha y actual pareja del ministro José Ignacio Wert podría tener intereses. El objetivo de los peritos será determinar la participación que Gomendio tiene en dichas sociedades, ya que se casó en régimen de gananciales y estos datos resultan indispensables para hacer el reparto de bienes entre los cónyuges.
El pasado 25 de septiembre, el extinto matrimonio estaba citado en el Juzgado de Familia nº 80 de Madrid para realizar un inventario definitivo de su patrimonio común. Sin embargo, un recurso presentado por la secretaria de Educación, aún por resolver, ha retrasado definitivamente la vista hasta el próximo mes de febrero. El trabajo de peritaje es complejo porque varias de las empresas que se investigan están domiciliadas en otros países, tal y como figura en parte de la documentación que el juez tiene en sus manos, a la que ha tenido acceso Vanitatis. Algunas de esas compañías operan concretamente en República Dominicana o Panamá, naciones catalogadas durante años como paraísos fiscales por la Hacienda española con los que recientemente se ha firmado un convenio para evitar la doble imposición.
Monserrat Gomendio se enfrenta desde el mes de diciembre del año pasado a un proceso de divorcio por lo contencioso del que fuera su marido durante más de 2 décadas. Mientras ella defiende que todo el patrimonio acumulado en esos años es de su propiedad, ya que la mayor parte deriva de una donación en vida que le hicieron sus padres, su exmarido, un científico del CSIC, el organismo público donde ella desarrolló también gran parte de su trayectoria profesional hasta que recibió la llamada del ministro Wert, reclama el 50% de todos los bienes. A saber: 1 casa en el término municipal de Pozuelo de Alarcón y 1 piso en la calle Joaquín Costa de Madrid valorados en más de 1,5 millones de euros; 2 casas en territorio británico, 1 vivienda en Londres y otra en Cambridge, donde la secretaria cursó parte de sus estudios universitarios, con un precio de mercado de unos 3 millones de euros; varias fincas en Almería, una de las cuales podría superar por sí sola los 20 millones de euros; el porcentaje correspondiente de los beneficios generados durante estos años por las empresas familiares en las que la secretaria tenga participación.

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