La futura ley del divorcio separará 'el ladrillo de los niños'

El juez podrá decidir separadamente qué sucede con la vivienda.
Si la vivienda pertenece a un familiar, esta volverá a su dueño original.
En caso de custodia compartida, se decidirá en función de la renta de cada cónyuge

Daniel J. Ollero | Madrid |jueves 25/07/2013 

La nueva ley sobre divorcio y custodia compartida que ultima el Ministro de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón trae como principal novedad el intento de separar ese 'kit', hasta ahora indivisible, en el que el progenitor que logra la custodia de los niños, gana también el derecho uso del hogar familiar y la custodia de los niños.
La futura norma, que fue presentada en el Consejo de Ministros del 19 de julio, también incluye otros puntos destacados en materia de vivienda como la elaboración de inventarios para liquidar el régimen de bienes gananciales, el establecimiento de una temporalidad en el uso de la casa para el cónyuge beneficiado y la posibilidad de que el dueño del hogar familiar recupere su vivienda una vez que se haya producido la separación.
"El anteproyecto de ley sobre divorcios y custodia compartida pretende recoger toda la problemática que la judicatura, la fiscalía y la abogacía han ido contemplando a lo largo del tiempo", señala Gabriela Domingo, abogada de familia y vicepresidenta de la AEAFA, tras un primer estudio del anteproyecto, recién aprobado hace una semana.

"La ley pretende romper con la tendencia en la que hijo, casa y pensión iban a parar al progenitor custodio"

Según ha quedado redactada, la futura ley deja claro que, en la asignación de la vivienda, prevalecen las necesidades -"el interés superior"- de los menores, pero también que se atenderán las del cónyuge que tenga más dificultades para acceder a una nueva vivienda, pues reza que también "se atienden los intereses del cónyuge que más dificultades pueda tener para encontrar una nueva vivienda tras el cese de la convivencia", eso sí, si las medidas adoptadas son "compatibles con el citado interés superior de cada menor".

Por su parte, Paco Rodríguez, portavoz de Padres y Madres en Acción (PAMAC) afirma que "la nueva ley será un maquillaje de la actual con elementos tomados del código civil catalán y del código de custodia compartida de Valencia, que ha cogido toda la jurisprudencia existente y la ha convertido en ley".
Según Domingo, "manteniendo el interés del menor como parte principal de la ecuación, el anteproyecto de ley pretende separar el ladrillo de los niños para romper con la tendencia en la que el hijo, la casa y la pensión iban a parar de forma conjunta al progenitor custodio". Además, "lo que pretende esta futura norma es intentar evitar que uno de los progenitores quede en una situación económica mala", añade.

El anteproyecto de ley también fija la temporalidad del uso de la vivienda hasta que los hijos logren la capacidad económica o la forma de obtenerla mientras que "antiguamente el progenitor que no vivía en el hogar familiar se veía inmerso en una batalla judicial para poder comprarla", comenta Domingo. Además, "pretende agilizar la venta mediante la elaboración de inventarios", añade.
Por otro lado, "la temporalidad que incluida en la futura ley no supone ningún cambio porque se sigue dando la vivienda a los niños y no se podrá reclamar el régimen de bienes gananciales al menos hasta que estos cumplan 18 años y un día", sostiene Rodríguez.

Familiares.
El anteproyecto también hace referencia a los casos en los que el hogar familiar pertenece a una 3ª persona normalmente un familiar de los cónyuges, algo "muy frecuente en la práctica", aclara el texto, estableciendo que la casa volverá a su dueño una vez que se haya producido la separación. "Un fenómeno -incide Rodríguez- que actualmente ocurre de manera bastante habitual en la Comunidad Valenciana".
Finalmente, el anteproyecto incluye el establecimiento de directrices del Gobierno a las Comunidades Autónomas una serie de directrices para que "se priorice el acceso" a la vivienda social en alquiler y VPO a las personas divorciadas.

( Que en el caso de Madrid, están desapareciendo las VPO, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma, con una media de 16.000 divorcios anuales). Esto se le olvido decir al periodista.