La entrada en vigor del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
posibilita a cualquier persona o grupo, que alegue violaciones en
dichos derechos y que haya agotado todas las vías jurídicas de sus
propios países, a presentar sus casos ante el Comité de Naciones Unidas.
España es uno de los diez países que ha ratificado este instrumento de Derecho Internacional Público que
le obliga a responder, ante la comunidad internacional, por denuncias
relativas a presuntas violaciones de los DESC que se hayan producido en
su territorio y que sean admitidas a trámite por el Comité de DESC de la
ONU. Esta obligación se añade a la ya existente de presentar un informe
periódico universal cada 5 años.
Este Protocolo fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y ratificado por España el 9 de julio de 2010.
En el Protocolo se establecen 3 tipos de procedimientos:
El procedimiento de comunicaciones permite a cualquier persona, que esté bajo la jurisdicción de un estado parte y alegue ser víctima de una violación, denunciar a dicho estado por la vulneración de cualquiera de los DESC enunciados en el Pacto siempre que cumpla determinados requisitos.
El procedimiento de comunicaciones entre estados posibilita que un Estado parte pueda denunciar a otro por considerar que no cumple las obligaciones dimanantes del Pacto
La entrada en vigor de este Protocolo adquiere mayor relevancia en el momento presente por los recortes en políticas sociales que el Gobierno español está aplicando y que amenazan, gravemente, el ejercicio de derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda o la protección social.
El Gobierno español no atiende las recomendaciones de la ONU
Tras la presentación por parte de España del V Informe Periódico Universal, el Comité de DESC de las Naciones Unidas mostró su preocupación ante la situación de deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, y recomendó una serie de medidas que permitieran reconducir la situación hacia una mayor protección de los mismos. Sin embargo, el Gobierno español, transcurrido ya 1 año, no ha atendido ninguna de ellas.
Así, en lo relativo al derecho a la vivienda, se recomendaba impulsar una reforma legislativa que facilitara la dación en pago; en el ámbito del derecho al trabajo, se pedía evitar cualquier retroceso en el derecho al empleo; en el terreno de la educación se indicaba que se priorizasen a los grupos más desfavorecidos en el acceso a la misma y en el ámbito de la sanidad, se recomendaba garantizar el acceso a los servicios de salud a todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
El Estado español tampoco ha atendido la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de que España diera la mayor difusión posible a las observaciones realizadas.
Este Protocolo fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 y ratificado por España el 9 de julio de 2010.
En el Protocolo se establecen 3 tipos de procedimientos:
El procedimiento de comunicaciones permite a cualquier persona, que esté bajo la jurisdicción de un estado parte y alegue ser víctima de una violación, denunciar a dicho estado por la vulneración de cualquiera de los DESC enunciados en el Pacto siempre que cumpla determinados requisitos.
El procedimiento de comunicaciones entre estados posibilita que un Estado parte pueda denunciar a otro por considerar que no cumple las obligaciones dimanantes del Pacto
El procedimiento de investigación, de carácter confidencial, permite al Comité investigar acerca de presuntas violaciones continuadas y graves de los DESC en el territorio de cualquier estado firmante, basándose en fuentes fidedignas y siempre con el consentimiento del Estado.
La entrada en vigor de este Protocolo adquiere mayor relevancia en el momento presente por los recortes en políticas sociales que el Gobierno español está aplicando y que amenazan, gravemente, el ejercicio de derechos humanos como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda o la protección social.
El Gobierno español no atiende las recomendaciones de la ONU
Tras la presentación por parte de España del V Informe Periódico Universal, el Comité de DESC de las Naciones Unidas mostró su preocupación ante la situación de deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, y recomendó una serie de medidas que permitieran reconducir la situación hacia una mayor protección de los mismos. Sin embargo, el Gobierno español, transcurrido ya 1 año, no ha atendido ninguna de ellas.
Así, en lo relativo al derecho a la vivienda, se recomendaba impulsar una reforma legislativa que facilitara la dación en pago; en el ámbito del derecho al trabajo, se pedía evitar cualquier retroceso en el derecho al empleo; en el terreno de la educación se indicaba que se priorizasen a los grupos más desfavorecidos en el acceso a la misma y en el ámbito de la sanidad, se recomendaba garantizar el acceso a los servicios de salud a todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
El Estado español tampoco ha atendido la petición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de que España diera la mayor difusión posible a las observaciones realizadas.
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