Gallardón claudica y rebaja las tasas judiciales a los ciudadanos

pero no las elimina. Y el Defensor del Pueblo no recurre al Constitucional.

Se acelerará que las víctimas de accidentes y mujeres maltratadas no abonen el tributo. Los desahuciados que pierdan el pleito con el banco tampoco tendrán que pagar.

PATRICIA MARTÍN| MADRID |Jueves, 21 de febrero del 2013 El mismo día que jueces y fiscales fueron a la huelga para protestar, entre otras medidas, por la ley de tasas judiciales, trascendieron los detalles de la enmienda que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha visto forzado a introducir en la tan cuestionada norma para evitar que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, la lleve ante el Tribunal Constitucional. Fue precisamente Becerril y no el Ministerio de Justicia quien difundió ayer a cuánto ascienden las rebajas y supresiones de tasas que Gallardón ya se comprometió a introducir la semana pasada y que se aprobarán de forma «inminente», quizá mañana mismo.

Los cambios afectan sobre todo a las personas físicas, que seguirán pagando elevadas tasas, pero mucho menores que en la actualidad. 
Así, la parte fija del tributo, que va de 100 euros a 1.200 en los recursos ante el Supremo, no se suprimirá. Pero sí se rebajará la parte variable, que depende del dinero que se dirima en el procedimiento y que puede encarecer mucho el acceso a los tribunales. 
Justicia se compromete a reducir el 80% la cuantía variable (pasará del 0,5% del valor de litigio al 0,1%) y a introducir un tope de 2.000 euros. Es decir, un ciudadano que interponga un pleito en las jurisdicciones civil, de lo contencioso-administrativo o social (en este último caso a partir de segunda instancia) no pagará más de 2.000 euros en cada una de las instancias. Los procesos penales ya estaban exentos desde el principio.


BENEFICIOS PARA MALTRATADAS / Asimismo, Justicia adelantará la entrada en vigor de algunos aspectos de la ley de asistencia jurídica gratuita, que aumenta el número de beneficiarios de la exención de las tasas y prevé que de forma genérica, independiente de su nivel de renta, maltratadas, víctimas del terrorismo, de trata y de accidentes de tráfico y menores y discapacitados que hayan sufrido abuso o maltrato no tengan que pagar el polémico tributo. Además, Gallardón se ha comprometido con la Defensora a devolver a los nuevos beneficiarios el importe pagado desde que la ley de tasas entró en vigor, el 17 de diciembre.
También se eximirá íntegramente del pago del impuesto a las personas desahuciadas, uno de los puntos más controvertidos. Normalmente son los bancos los que interponen los pleitos, y estos seguirán pagando el tributo. Sin embargo, si el desahuciado pierde el juicio y es condenado a pagar las costas, con los cambios previstos no tendrá que abonar además las tasas.
Por último, en los contenciosos relativos a multas u otras sanciones, la tasa equivaldrá como máximo al 50% de la pena. En definitiva, subrayó en declaraciones a este diario el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, las personas físicas se beneficiarán de «importantes rebajas». Para las empresas, la Defensora tan solo ha arrancado el compromiso de que se estudiará una moderación del pago en función de la capacidad económica. Aun así, anunció que no interpondrá un recurso ante el Constitucional.
Los cambios previstos no son suficientes, sin embargo, para el Consejo General de la Abogacía, que exige la derogación completa.
En la misma línea, el PSOE ya ha impugnado la polémica norma.