Unas 800 viviendas públicas okupadas se rehabilitarán por ONG para desahuciados

La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 800 viviendas que han estado 'okupadas' pertenecientes al IVIMA a varias ONG que las repararán y las podrán alquilar a familias desahuciadas.

 

nuevatribuna.es | 06 Noviembre 2012 - 

Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad han explicado que son cerca de 800 casas que recupera el IVIMA de "okupaciones ilegales" y que necesitan ser reparadas puesto que los anteriores inquilinos las han dejado en muy mal estado.
En las "próximas semanas", el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, firmará un convenio con distintas ONG para ceder estos inmuebles y que las organizaciones, tras repararlas, puedan alquilarlas a estas familias por un precio aproximado de unos 200 euros al mes.
Cáritas es la organización con la que las conversaciones están más avanzadas, según las mismas fuentes, que han explicado que se trata de una medida "temporal" para dar salida a estas familias que, de la noche a la mañana, se han quedado sin casa, y que no reúnen todos los requisitos para optar por una vivienda del IVIMA por el procedimiento ordinario.
Estas personas tendrán que pagar un alquiler medio de unos 200 euros y cada año se someterán a una revisión. 
Las 800 viviendas están repartidas por 34 municipios de la región, siendo Madrid capital la localidad con mayor nº de casas disponibles, pues cuenta con unas 350.

EL AYUNTAMIENTO YA LO HACE
Una iniciativa similar se puede encontrar en el Ayuntamiento de Madrid. 
Precisamente, el principal anuncio que hizo la alcaldesa, Ana Botella, en el Pleno del Estado de la Ciudad de junio fue su propósito de destinar 200 viviendas municipales a familias desahuciadas.
Los primeros pisos empezaron a ocuparse con la llegada del otoño. 
Son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y están siendo gestionados por entidades y organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social.
Las familias tienen que pagar a cambio un "precio social", como lo definió la primera edil, que asciende a tres euros por metro cuadrado hasta un máximo de 200 euros