viernes, 5 de octubre de 2012

Crisis económica y Pensión de alimentos

El impago de las pensiones por divorcio crece el 20% en un año. 

El incremento más notorio (30%) se da en Barcelona, mientras que en Tarragona baja. Descienden los procesos por maltrato habitual de violencia familiar y sexista.

J. G. ALBALAT| BARCELONA |Miércoles, 3 de octubre del 2012 La crisis económica también impacta en los divorcios y en las pensiones para excónyuges e hijos que se establecen en los acuerdos y sentencias de extinción del matrimonio. 
Así lo refleja de la última memoria de la Fiscalía Superior de Catalunya del 2011. 
Uno de los datos más destacados de este informe es que el año pasado el nº de procesos por impago de estas pensiones subió el 20%, pasando de 2.591 casos en el 2010 a 3.113 el año siguiente. 

El Código Penal castiga hasta con penas de prisión el impago de este tipo de pensiones. El artículo 227 establece que incurrirá en este delito el que deje «de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos (...)».
La pena irá de 3 meses a 1 año de prisión o será de multa de entre 6 y 24 meses.
En los últimos años también han aumentado las peticiones de modificación de sentencias para rebajar el importe de la pensión. 
Por provincias, el delito de impago de pension es ha experimentado importantes incrementos en Barcelona (30,7%), Lleida (20,8%) y Girona (10,7%), mientras que en Tarragona, la evolución es contraria: ha disminuido un 1,8% en el mismo periodo.

VIOLENCIA FAMILIAR 
La memoria de la fiscalía también refleja que el maltrato habitual en el seno de la familia (entre padres e hijos, abuelos u otros parientes) ha disminuido, al igual que se produce entre parejas y contra la mujer (2,61% menos el primero y 12,79% menos el segundo). 
Se ha producido un cierto trasvase hacia el maltrato definido como ocasional. 
La fiscala delegada de violencia sexista de Barcelona destaca que «las políticas de información a las mujeres, las actuaciones judiciales y la lucha común de los sectores sociales están incidiendo para que no se produzca un aumento en el maltrato habitual».

La fiscala añade: «Este dato se comprueba porque muchas mujeres comienzan a denunciar cuando se produce el 1º o 2º maltrato, lo que evita que las situaciones se perpetúen como anteriormente ocurría, en que las denuncias se remontaban a hechos no denunciados varios años atrás». Respecto a la violencia familiar, la situación es distinta, pues las relaciones familiares influyen de «un modo absoluto» en la falta de denuncias.

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